Human Rights Watch ha documentado al menos 24 asesinatos y detenciones masivas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Analistas consultados describen los nuevos patrones represivos que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro.
En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI),
Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad
en Venezuela. Desde 2020, la Misión de Determinación de los Hechos de las
Naciones Unidas ha identificado motivos suficientes para creer que se han
cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una política estatal de
represión de opositores.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH), que cuenta con presencia en Venezuela, en 2022 dejó de tener
acceso a los centros de detención donde hay presos políticos.
Las autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos,
sirviendo como mecanismo de represión.
Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, con millones de personas sin acceso a atención básica de la salud ni a una nutrición adecuada.
Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas,
defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los
problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección
para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes.
El éxodo de cerca de 7,1 millones de venezolanos representa una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado
para postularse a cargos públicos. Según informó el Foro Penal, en octubre
había 245 presos políticos en Venezuela.
Al menos 114 presos políticos han estado más de tres años en prisión
preventiva, pese a las limitaciones temporales que se incluyeron en una reforma
reciente al Código Penal. Aproximadamente 875 de los 15.770 civiles que fueron
detenidos en forma arbitraria entre 2014 y junio de 2022 han sido procesados en
tribunales militares, informó el Foro Penal.
Si bien algunos detenidos han sido liberados o transferidos de
establecimientos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a
cárceles comunes, nuevos críticos continúan siendo detenidos en forma
arbitraria.
La Oficina del ACNUDH siguió recibiendo denuncias de tortura, maltratos
e incomunicación de personas detenidas durante 2022.
Las fuerzas de seguridad y los colectivos —grupos
armados partidarios del gobierno— han atacado manifestaciones en forma
reiterada desde 2014, lo que incluye redadas violentas, golpizas brutales y
disparos a muy corta distancia.
Según fuentes oficiales consultadas por el ACNUDH, el Ministerio Público
registró 235 denuncias de violaciones de derechos humanos que implicaron
privación de la libertad entre mayo de 2021 y abril de 2022, incluidas 20 de
cargos relacionados con terrorismo.
La Oficina del ACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención
Arbitraria informaron sobre desafíos persistentes al ejercicio de los derechos
de libertad y juicio justo. También hay demoras en la implementación de órdenes
judiciales de liberación.
En septiembre, la Misión de la ONU informó que los delitos perpetrados
por los servicios de inteligencia, siguiendo órdenes de autoridades de alto
nivel, incluido Nicolás Maduro, formaron parte de una política deliberada para
reprimir a opositores del gobierno. La misión volvió a describir estos actos
como crímenes de lesa humanidad.
Agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) y otras unidades policiales y militares han asesinado y torturado con impunidad en zonas de bajos recursos, incluso durante redadas de seguridad conocidas como “Operaciones de Liberación del Pueblo”.
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad invocaron
“resistencia a la autoridad” en más de 19.000 asesinatos. Las pruebas indican
que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales. La Oficina del ACNUDH documentó
patrones relacionados con estos asesinatos en barrios marginados, pero informó
una reducción considerable de los mismos durante 2022.
En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde 2020, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha identificado motivos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una política estatal de represión de opositores.
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), que cuenta con presencia en Venezuela, en 2022 dejó de tener acceso a
los centros de detención donde hay presos políticos.
Las
autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo
como mecanismo de represión.
Un informe elaborado en 2022 por una misión de observación electoral de la Unión Europea planteó recomendaciones concretas orientadas a generar las condiciones para que haya elecciones libres y justas.
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