La candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harrison y todavía vicepresidenta de Estados Unidos, viajó este viernes a la frontera sur estadouniense para exponer su plan migratorio de mantener vigente la orden provisional emitida en junio por el presidente Joe Biden que cerró la frontera y afectó significativamente la política de asilo.
“Mantener cerrada la frontera entre los puertos de entrada para acabar con los cruces fronterizos ilegales”, dijo la campaña de Harris en un comunicado inmediatamente después de un discurso pronunciado por la candidata demócrata. Harris también dijo que pondrá en marcha autoridades de emergencia “más fuertes” para hacer “más difícil levantar la autoridad de emergencia al exigir que el número promedio de cruces fronterizos sea menor durante más tiempo antes de que se pueda levantar el cierre” impuesto por Biden.
La orden de junio dispuso cerrar la frontera cuando el promedio de detenciones semanales sobrepase los 2,500 entre puertos fronterizos autorizados. Y determina que será reabierta cuando el número de hallazgos baje de los 1.500 en promedio durante una semana.
El plan de Harris es bajar el promedio semanal de detenciones y de esa manera no abrir la frontera por ahora. De acuerdo con el último reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en agosto el número de detenciones de extranjeros en la frontera sin una causa legal para permanecer en territorio estadounidense bajó a niveles que no se veían desde 2019.
La agencia federal también dijo que la Patrulla Fronteriza detuvo a alrededor de 58.000 extranjeros indocumentados en la frontera sur en agosto y que los encuentros durante ese mes fueron un 68% más bajos que los registrados en agosto de 2023. Pero que el promedio semanal de hallazgos seguía estando por encima de los 1.500, lo que permite al gobierno mantener cerrada la frontera.
Harris, para asegurarse de que los números de ingresos de inmigrantes no vuelvan a aumentar, tomando en cuenta que solo faltan 37 días para la elección del martes 5 de noviembre, propone bajar el promedio de arrestos promedio semanal, postura que es criticada por activistas proinmigrantes afines a su candidatura y republicanos que apoyan al expresidente Donad Trump.
La candidata demócrata prometió además que, si es electa, pedirá presentar cargos penales más severos contra los extranjeros que intenten ingresar ilegalmente al país en repetidas ocasiones y prohibirá que las personas que crucen la frontera ilegalmente pidan asilo, además de enfrentar un castigo de 5 años sin poder regresar a Estados Unidos.
La vicepresidenta también dijo que propondrá al Congreso una reforma migratoria con camino a la ciudadanía para millones de indocumentados que llevan décadas en el país, un reto que Biden intentó a principios de su gobierno entre enero y marzo de 2021. El plan fue aprobado por la Cámara Baja, pero se estancó en el Senado por falta de apoyo bipartidista.
Las críticas
El problema de la inmigración ilegal y la disminución de los pedidos de asilo son temas fuertemente criticados en diversos medios mundiales.
La publicación latinoamericana especializada de ciecias sociales "Nueva Sociedad" ha definido que "las políticas migratorias violatorias de los derechos humanos no comenzaron con el actual presidente estadounidense Joe Biden. No obstante, bajo su gobierno, alcanzaron dimensiones antes desconocidas, en el marco de una expansión de los discursos xenófobos y antiinmigración. El sistema de asilo está siendo degradado pero, al mismo tiempo, los discursos xenófobos que ayudaron a Trump a llegar a la Casa Blanca la primera vez, hacen vivir con temor en el medio de las amenazas.
A 37 días de la elección presidencial, el temor entre mucho inmigrantes está a flor de piel. “Mi familia y yo tenemos mucho temor de que se cumpla la amenaza de cancelar los programas humanitarios que permiten nuestra permanencia legal en Estados Unidos”, dijo Esmeralda Tobar, una mexicana amparada bajo el Programa de Acción Diferida de 2012 (DACA).
“El miedo siempre ha estado presente, pero ahora es más directo hacia nosotros, los inmigrantes que estamos amparados de la deportación de manera temporal. Eso nos obliga a revisar frecuentemente nuestros planes para asegurarse de que esté todo bien. Y que lo estará si nos vemos afectados por una redada”, agregó.
La voz de Tobar se quiebra. Llegó a Estados Unidos cuando tenía 18 meses junto a sus padres y hoy en día es uno de los poco más de 560,000 soñadores amparados por DACA. Está casada con un ciudadano integrante de la Guardia Nacional que en estos momentos se encuentra sirviendo en una base militar fuera de Estados Unidos.
“El regresa en enero. Pero ni siquiera con eso me siento segura. Ahorita todos, miles de personas estamos esperando qué pasará después del 5 de noviembre. Solo sabemos que están jugando con las vidas de nuestras comunidades”, agregó.
Tobar cuenta que entre las opciones que tiene con su esposo es someter una aplicación para ajustar su estatus como cónyuge indocumentada de ciudadano bajo el ‘parole in place’ anunciado recientemente por Biden. Pero el programa se encuentra detenido por orden de un juez federal a solicitud de una demanda presentada por estados gobernados por republicanos.
Los beneficiarios, estimados en unos 500.000 más 50,000 hijastros indocumentados, podrán recibir la residencia permanente dentro de Estados Unidos y luego calificar para la ciudadanía. El 'parole in place' está en manos de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito y por ahora USCIS solo puede recibir solicitudes, pero no adjudicarlas.
“La ansiedad y el miedo existe, todos los días. Y aumenta cada vez que nos amenazan con quitarnos las protecciones después del 5 de noviembre”, dijo Tobar.
Proyecto de Trump
El expresidente Donald Trump ha vuelto a mencionar que, si gana las elecciones del 5 de noviembre y regresa a la Casa Blanca, pondrá en marcha un masivo plan de deportaciones. La amenaza no es nueva, pero esta vez apuntó directamente a dos programas que han permitido la entrada legal a Estados Unidos desde enero del año pasado a por lo menos 1.3 millones de extranjeros.
Se trata del ‘parole humanitario’, programa creado en abril de 2022 para permitir la entrada segura y ordenada al país vía aérea y con pasaporte válido para inmigrantes provenientes de Ucrania que huyen a causa de la invasión rusa.
Los beneficiarios reciben una autoriz
ación de viaje una vez el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autoriza a un patrocinador que resida legalmente en Estados Unidos, entre ellos ciudadanos y residentes permanentes. Esos patrocinadores asumen la responsabilidad de cubrir los gastos que incurra el extranjero.
En octubre de ese año el programa fue extendido a Venezuela y, en enero de 2023, a Cuba, Haití y Nicaragua. Esto con el objetivo de bajar la presión en la frontera sur y frenar el ingreso indocumentado.
Los titulares de estos cinco países pueden entrar con una autorización de dos años y tienen derecho a un permiso de trabajo. Pero en el tiempo de otorgado por el programa deben regularizar sus estados bajo cualquier programa legal disponible, como el asilo. De lo contrario deberá irse o serán puestos en proceso de deportación, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) a Univision Noticias.
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