La Fiscalía Occidente llegó a un acuerdo con los seis
imputados en el caso Tsunami del 27 de febrero de 2010, hace seis años, con salidas alternativas que impedían un juicio
oral. Los imputados decidieron su situación antes del mediodía de este lunes al
terminar el plazo para contestar si se acogían o no a la suspensión
condicional del procedimiento.
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Entre las condiciones que se fijaron para esta
suspensión se encuentra
el pedir perdón -aunque ha trascendido que los imputados leerán un
texto en el cual no pedirían perdón completamente-, además de tener un comportamiento intachable durante un año y entregar compensaciones económicas.
En esta negociación se trata de lograr la “suspensión condicional del procedimiento” con las defensas de los seis imputados por la fallida alerta de maremoto que le costó la vida a 156 personas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
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Entre las condiciones que se fijaron para esta
suspensión se encuentra
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El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, es quien deberá
desembolsar la suma más alta, correspondiente a $80 millones para este acuerdo.
En tanto la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, pagará $40 millones. En el caso del ex
jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, el monto asciende
a $2
millones.
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Los ex marinos imputados, el ex director del SHOA Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Andina, deberán cancelar $40 millones cada uno como indemnización para las víctimas.
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Los ex marinos imputados, el ex director del SHOA Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Andina, deberán cancelar $40 millones cada uno como indemnización para las víctimas.
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El fiscal occidente, José Luis Pérez Calaf, informará este
acuerdo a los abogados que representan a los familiares de las víctimas.
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Carlos
Ferli, abogado de un grupo de familiares de la zona de Constitución, reiteró
que rechazarán este acuerdo en los tribunales.
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“Esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas y,
desde esa perspectiva, no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad.
Desde ahí nosotros haremos valer todos los recursos legales, entre ellos las
apelaciones respectivas, porque creemos que esto no tiene sentido para las
víctimas. El acuerdo indemnizatorio tampoco es para ello”, expresó.
El acuerdo será presentado el próximo 14 de marzo
por el fiscal Pérez Calaf, cuando se concrete la audiencia de preparación de juicio oral. Si la justicia lo ratifica se podrá
apelar en la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el caso de que no prosperen las apelaciones, el
caso se cierra.
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