KRADIARIO

COLUMNA DE OPINIÓN DEL EDITOR

LA MORDAZA VUELVE A CHILE 

Por Walter Krohne

El título identifica plenamente el momento actual que vive Chile, cuando los políticos, un gran número de ellos investigados por la Fiscalía o perseguidos por  la Justicia como autores de actos de corrupción y hasta de cohecho, se esfuerzan en el Congreso por aprobar una nueva indicación que castigue con cárcel a quienes filtren a la opinión pública investigaciones o documentos de la Fiscalía Nacional.

.

Esto es como decir “el ladrón detrás del juez” porque la indicación afectará tarde o temprano  a la prensa nacional que ha desarrollado una loable labor en el campo de la libertad de expresión  trabajando a fondo, buscando y revelando hechos desconocidos como fruto de sus propias investigaciones y que además le han servido a la misma Fiscalía para abrir nuevas aristas en distintos casos. En esta tarea se han dado a conocer, sin lugar a dudas, filtraciones con declaraciones de involucrados, las que todos los chilenos tienen el derecho a conocer para tener una visión amplia de lo que está sucediendo en el país.

Hay que destacar que la existencia de la libertad de expresión es un valor absoluto y uno de los pilares fundamentales de la democracia. La crisis actual de desconfianza no se soluciona escondiendo bajo la alfombra los actos de corrupción. Todo lo contrario hay que divulgarlos y con detalles y para esto está la prensa, cuyo objetivo central es llegar como sea a conocer toda la verdad de uno o más hechos denunciados.

Sin la existencia de la prensa y la valiente labor cumplida por sus periodistas e investigadores, estaríamos prácticamente en foja cero sin tener todo el conocimiento  de  lo que hoy está sucediendo en la política. Este trabajo le permite a los lectores conocer la totalidad de los hechos de fuentes serias y claras y no un conocimiento por goteo y solo cuando las autoridades o los fiscales estén dispuesto a hacerlo.

.

Es un factor muy importante que se den a conocer los nombres de los implicados en delitos y hechos corruptos por defraudar a quienes votaron por ellos, ya que el  mayor castigo para esta gente no es la cárcel ni la firma mensual, sino ser desenmascarados públicamente frente a su propios seguidores o electores.

Hoy, como dice el senador de RN, Manuel José Ossandon, esta indicación  (votó a favor como lo reconoció en CNN), "no afectará a los periodistas", lo que es un gol de media cancha que le metieron a él y a muchos otros senadores, porque la disposición es muy amplia y general sin especificar ni aclarar nada, Un gol similar es el que le pasaron al Ministro del Interior, Jorge Burgos, quien le dio luz verde a esta inciativa desde La Moneda en un momento en que la Presidenta Michelle Bachelet no estaba en Chile y él ocupaba la vicepresidencia. ¿Lo hizo a espaldas de la Mandataria para ayudar a ciertos sectores de la política o a la misma Presidenta por el caso Caval?

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, aseguró que hay "mucho de ingenuidad en no ver quiénes podrían beneficiarse" de la norma que fue incluida en la comisión de Constitución del Senado que se sanciona con penas de cárcel (entre 61 y 541 días) a quienes filtren información de la investigación en curso.

.

"Esta norma no tiene nada que hacer en la agenda corta antidelincuencia", afirmó el dirigente en entrevista con ADN Radio. Agregó que  "(La enmienda) es aburda (...) las penas que se establecen son más altas que la de algunos delitos. Más altas, por ejemplo, que casi todos los delitos de violencia intrafamiliar (...) no puede ser que por dar una entrevista se arriesgue una pena más alta que el que cometió el delito", aseguró el fiscal.

Todo esto da para pensar que en Chile existiría un acuerdo o, mejor dicho, un pacto entre el Gobierno, el nuevo Fiscal Nacional, y  el Servicio de Impuestos Internos (entidad que carece de autonomía) y cuya misión en teoría es presentar las querellas, pero que en la práctica no lo hace.

Pero la gota que rebasó el vaso fueron las declaraciones  del propio Fiscal Nacional, Jorge Abott, del último fin de semana cuando dijo que "queremos acotar y darles pronto término a las causas por delitos tributarios y financiamiento irregular de la política" y aseguró que no existe un ensañamiento particular contra la oposición (la derecha). "Si no hay más dirigentes oficialistas formalizados es porque los antecedentes recabados hasta ahora no lo ameritan. También asumió que deben actuar con prudencia para no pasar a llevar a las instituciones. "Las responsabilidades son personales, no institucionales", declaró.

Todo esto da argumentos para especular y pensar que por conveniencias de La Moneda hay que intentar apagar el fuego lo antes posible, aunque la Fiscalía no investigue los hechos a fondo, lo que horrizó ayer al Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch.