ESTALLA CONFRONTACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL PODER JUDICIAL DE BRASIL QUE SUSPENDIÓ HOY MISMO LA DESIGNACIÓN MINISTERIAL DE LULA
El juez Sergio Moro que abre fuego |
La situación entre el Gobierno de la
Presidenta Dilma Rousseff y la justicia federal de Brasil se agravaron
severamente después que ésta suspendió la asunción de Lula da
Silva como jefe de la Casa Civil, en un fallo dado a conocer apenas 40 minutos
después de haber asumido y luego de un encendido discurso de Dilma en el
que agradecía la presencia del ex mandatario en su gobierno y se
cruzaba con fuerza con el juez Sergio Moro, que busca procesarlo (leer
en KRADIARIO nota adjunta sobre el tema).
El fallo respondería a varios pedidos
de la oposición que fueron presentados ayer para impedir la asunción al
entender que el nombramiento como ministro otorgaba al Lula fueros especiales
que evitaban ser procesado por juzgado inferiores, y solo lo dejan a merced de
la Corte Suprema.
Ante este fallo, que se supone el
gobierno apelará, el juez Sergio Moro vuelve a actuar sobre ex mandatario,
acusado de varios hechos de corrupción.
La policía montada de
Brasilia además impidió hoy la llegada de una columna de manifestantes
contra el gobierno que se dirigían al Palacio del Planalto, en Brasilia, poco después de la jura del ex presidente.
Agentes policiales a caballo entraron
en choque contra una columna de cientos de opositores procedentes del Congreso que
avanzaban hacia el Planalto, donde estaba apostado un grupo del oficialista
Partido de los Trabajadores y la Central Unica de los Trabajadores.
A raíz de la designación de Luiz
Inacio Lula da Silva como jefe de Gabinete en medio de la causa judicial por
sobornos en Petrobras, el gobierno de Dilma Rousseff atraviesa la peor crisis
política de su mandato. De hecho, cientos de miles de personas salieron ayer de noche a protestar por las
calles de San Pablo y Brasilia y reclamaron la renuncia de la
Presidenta. Lo mismo había ocurrido el domingo pasado.
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Brasil en el exterior
Estos momentos de tensión no pasan
desapercibidos para la Argentina y otros países vecinos o cercanos. El jefe de
Gabinete del Gobierno argentino de Mauricio Macri, Marcos Peña, expresó hoy su
"preocupación" por la situación política y económica en Brasil, pero
evitó respaldar a Lula da Silva, al señalar que "no" es
"correcto" opinar sobre "un proceso judicial" en curso.
"Brasil
preocupa, por supuesto, es nuestro socio estratégico número uno", señaló el
funcionario en diálogo con radio FM Blue. Consultado sobre la designación del
ex Presidente brasileño como ministro de la Casa Civil, días después de que la
policía allanara su casa de las afueras de San Pablo, Peña consideró que “se
tiene que resolver institucionalmente, pero la tensión que hay es un tema que
uno sigue con preocupación".
Por último, remarcó que “el diálogo
[con el Gobierno brasileño] es permanente, ellos lo saben", respondió el
funcionario al ser preguntado por la posición de la gestión macrista, aunque
"poder plantear temas específicos, de opiniones sobre un proceso judicial
no nos parece hoy correcto", concluyó.
Los manifestantes
adjudican a Rousseff una severa recesión que atraviesa Brasil y rechazaron la
designación de da Silva como jefe de Gabienete, en plena investigación judicial
por el multimillonario esquema de corrupción que imperó en Petrobrás durante
las gestiones del PT.
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Lula es criticado por expresión de
hace 28 años
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Lula, hace 28 años, dijo que "cuando un pobre roba, va a la cárcel;
cuando un rico roba, se convierte en ministro". La frase del ex Mandatario
volvió a la memoria de los brasileños, cuando la Presidenta Dilma Rousseff lo
convirtió hoy en ministro de la Casa Civil para protegerlo ante las investigaciones
en su contra.
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Era 1988 cuando Luiz Inácio
Lula da Silva, entonces diputado federal, pronunció una de sus frases más
recordadas. "En Brasil es así: cuando un pobre roba, va a la cárcel;
cuando un rico roba, se convierte en ministro".
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Esta vez, la frase del ex
Mandatario volvió a la memoria de miles de brasileños, cuando la Presidenta
Dilma Rousseff lo convirtió en ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete),
uno de los cargos más importantes en el Ejecutivo, en medio de las
investigaciones en su contra por lavado de activos y tráfico de influencias.
Con su nueva condición, el político más relevante del oficialista Partido de
los Trabajadores se encuentra beneficiado por el fuero político que le permite
sólo ser investigado por la Corte Suprema y evitar la cárcel.
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