KRADIARIO

Derechos Humanos

EL ÚLTIMO IDENTIFICADO DEL CASO LONQUÉN

Transcurridos 43 años del secuestro y homicidio insensato de 15 trabajadores, sus familiares esperan que ahora los asesinos sean condenados.

Por Hernán Ávalos

Manuel Navarro Salinas tenía 20 años de edad y vivía en Isla de Maipo con sus padres. Era soltero, había empezado a trabajar como ayudante de mecánico y no tenía militancia política. El domingo 07 de octubre de 1973 estaba en la plaza pública compartiendo con sus amigos, cuando fue detenido junto a otros 14 trabajadores de esa localidad ante numerosos testigos, por la patrulla de Carabineros a cargo del teniente Lautaro Eugenio Castro Mendoza. Todos fueron golpeados hasta causarles la muerte, entre ellos un padre y sus cuatro hijos varones, y sus cuerpos arrojados a los hornos de la mina de cal abandonada ubicada a 17 kilómetros, en el despoblado de Lonquén, en uno de los episodios de abuso, crueldad y odio más indignantes de la dictadura de Pinochet.

Trascurridos 43 años, en febrero último, la justicia ratificó el trabajo del Servicio Médico Legal, SML, apoyado por el Laboratorio Genético GMI de Austria, y decretó la plena identidad del joven Navarro Salinas, cuyos restos humanos reposan en el cementerio del pueblo que lo vio nacer. Fue el último detenido desaparecido del grupo de 15 identificado por comparación de ADN rescatado de esos hornos, un caso criminal que conmovió a los chilenos y al mundo. Máximo Pacheco Gómez, ex ministro y ex diplomático ya fallecido, inmortalizó con fidelidad los detalles del macabro hallazgo y el peregrinaje doloroso de las familias para exigir justicia en su libro titulado “Lonquén”.

“Esta es una labor permanente del Estado Democrático y una deuda pendiente con las familias y con la sociedad” dice el médico Patricio Bustos Streeter, director del SML, quien cumple una década al frente del equipo médico forense dependiente del Ministerio de Justicia. “Hoy tenemos profesionales capacitados, tecnología de última generación, convenios con los laboratorios genéticos más avanzados del mundo, la colaboración permanente de los familiares de la víctimas para entregar sus muestras de sangre en el país y el extranjero, de modo de permitir la comparación de sus perfiles de ADN con aquellos obtenidos de los restos óseos encontrados. Y tenemos la perseverancia y disposición para continuar trabajando”, indicó.

El caso Lonquén quedó al descubierto en 1978, cinco años después de los asesinatos. Ya el fallecido Sergio Diez, ex senador y político enviado de Augusto Pinochet al foro de las Naciones Unidas, había negado la existencia de detenidos-desaparecidos en su polémico discurso que pronto desmintieron los hechos. Antes de morir adujo en su defensa que había actuado de buena fe, pero que sus mandantes le habían mentido. Hasta entonces la prensa informaba de “presuntos desaparecidos” e ignoraba la formación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con el argumento que no había personas en esa condición. Y fue la acción audaz del fallecido periodista Rodolfo Cesnic del diario “La Segunda”, perteneciente a la cadena de El Mercurio SAP, el que hizo cambiar de opinión a los editores. Al término de la primera visita de autoridades y jueces a los hallazgos óseos de Lonquén, Cesnic consiguió el fémur del conjunto de los restos óseos de las víctimas para llevarlo a la redacción de su periódico, presentándolo como evidencia de que los detenidos desaparecidos eran una realidad. Luego devolvió la pieza ósea como estaba comprometido.

El hallazgo de Lonquén terminó por incriminar no sólo a los autores materiales de estos secuestros y homicidios calificados, sino también imputó, al menos, responsabilidades políticas a Pinochet, a la Junta Militar que él encabezó y a sus más cercanos colaboradores, tanto civiles como militares. Pero el dictador optó por el encubrimiento y ordenó al Ejército realizar la “Operación Retiro de Televisores”, consistente en desenterrar los cadáveres de los secuestrados asesinados desde los lugares donde habían sido inhumados y eliminar cualquier evidencia de ellos, arrojándolos al mar desde helicópteros, quemándolos o dinamitándolos. Por eso algunas víctimas jamás serán halladas. Otras podrían ser identificadas después de arduo trabajo médico forense. Como en Calama, donde el universo estimado de víctimas es de 26, de las cuales  han sido identificadas 19, mientras que en el sitio del hallazgo hay más de 3.000 fragmentos de huesos humanos, como resultado de una destrucción con explosivos.

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“La identificación de las víctimas ha sido dificultosa por la falta de cooperación de los responsables de sus desapariciones forzadas. También por la operación de encubrimiento de la dictadura para eliminar los cadáveres; por el tiempo transcurrido que deteriora los huesos hasta el momento en que no son útiles para obtener perfiles de ADN. Y por la muerte natural de sus padres y hermanos donantes de sangre para permitir la identificación por comparación genética” explica Patricio Bustos. Esto ha llevado al SML a exhumar cuerpos de parientes fallecidos en años recientes y retirar de ellos muestras óseas que permitan identificar a sus hijos secuestrados hace cuatro décadas.

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En 2007 el SML, en conjunto con expertos internacionales invitados a nuestro país y luego de revisar los informes disponibles, entre ellos los entregados por las Comisiones Rettig y Valech, las cuales hicieron el catastro de las violaciones a los Derechos Humanos, estimaron en 3.500 las víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura de Pinochet, de las cuales hasta hoy han sido identificadas sólo 166, en su mayoría secuestradas, torturadas y asesinadas con armas de fuego. Lonquén es el único sitio de hallazgo cerrado, es decir, donde el universo estimado de cuerpos enterrados ilegalmente coincide con los detenidos desaparecidos buscados por la justicia. Los otros sitios abiertos donde trabajan médicos, arqueólogos, odontólogos y antropólogos forenses, entre otros profesionales, son el Patio 29 del Cementerio General, el Fuerte Arteaga, Paine, Calama, Chihuío en la provincia de Valdivia y la Cuesta Barriga.

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Los familiares de las víctimas de Lonquén levantaron un memorial en el cementerio de Isla de Maipo. Pero aún esperan justicia. Durante los años transcurridos el teniente Lautaro Eugenio Castro Mendoza y seis carabineros bajo su mando, fueron procesados y luego beneficiados por la Ley de Amnistía, cuando aún Pinochet estaba en el poder. Castro Mendoza ascendió a capitán y luego a mayor, antes de salir a retiro y establecer su residencia en el cerro Mercedes de Valparaíso. Luego cambió de nombre al de Marcelo Iván Castro Mendoza. En 2010 la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió la reapertura de la investigación solicitada por el abogado querellante Nelson Caucotto, en representación de los deudos, y a fines del 2014 la ministra en visita Adriana Sottovía acusó a los siete carabineros de los 15 secuestros y homicidios calificados perpetrados en Lonquén.

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Según el antiguo sistema de justicia penal vigente al momento en que fueron cometidos estos crímenes, en la actual etapa procesal de plenario, las partes tienen acceso al expediente y los acusados, algunos de ellos en prisión preventiva, tienen la oportunidad de impugnar los cargos en su contra, antes de ser condenados en primera instancia. Luego vienen las apelaciones a los tribunales superiores. En proceso quedó acreditado que Castro Mendoza dio las órdenes por sí mismo, sin instrucciones de nadie, presentando pruebas y documentos falsos de que el campesino Sergio Maureira Lillo, y sus hijos Rodolfo, Sergio, Segundo y José, cinco de los 15 asesinados, organizaban un supuesto atentado a la Tenencia de Carabineros de Isla de Maipo. El resto, los seis subordinados, aducen haber cumplido órdenes de Castro, su superior jerárquico.

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Con todo, resulta difícil comprender la lógica, si es que la tiene, de una masacre insensata, en contra de trabajadores desarmados, ampliamente conocidos ellos y sus familias en la localidad donde ocurren los hechos, la cual revela el bajo estándar ético y el deterioro moral de sus ejecutores, cuya principal misión como agentes del Estado, paradojalmente, era la protección de las personas y el resguardo de sus bienes.