EL PROCESO PARA DESTITUIR A DILMA ROUSEFF EN BRASIL
“Recibí con indignación la
decisión del presidente de la Cámara contra un mandato
democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, declaró Rousseff en un muy
breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto tras conocerse la
decisión.
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Cunha acató una petición de juicio político presentada por varios juristas y cuatro
partidos de la oposición que se fundamenta en unas maniobras fiscales
irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que
continuaron este año, según organismos de contraloría del Estado.
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Cunha pertenece al progubernamental
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el
vicepresidente del país, Michel Temer, el primero en la línea sucesora en caso
de una destitución de la mandataria. Sin embargo, Cunha se enemistó con
Rousseff durante ese año, y hace meses anunció su decisión “personal” de pasar
a engrosar las filas de la oposición.
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El jefe de los Diputados anunció su
decisión precisamente el día en que el gobernante Partido de los Trabajadores
(PT), de Rousseff, informó que apoyará la apertura de un proceso que puede
despojarla de su mandato por sus implicaciones en casos graves de corrupción detectados en
la petrolera estatal Petrobras. Sin embargo, negó que se trate de una
“venganza”, y aseguró que decidió sobre las mismas bases jurídicas que le
llevaron a rechazar 27 peticiones similares.
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No obstante, Rousseff aludió a ello en
su declaración al país al citar que en los últimos días hubo conjeturas en la
prensa sobre una posible negociación del PT, que negaría apoyo al juicio contra
Cunha a cambio de que este no aceptara el proceso contra la mandataria. “Jamás
aceptaría” negociaciones de esa naturaleza y “mucho menos si atentan contra el
libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben
gobernar la vida pública”, declaró la presidenta.
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En la oposición, el anuncio de Cunha
fue recibido con cautela, pero al mismo tiempo con “toda naturalidad”, según
dijo el senador Aécio Neves. “El presidente de la Cámara de Diputados tomó la
decisión que le cabía, ajustada a la Constitución”, dijo Neves, del Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB). La petición aceptada por Cunha se
refiere a unas deudas por 57.000 millones de reales (unos 14.000 millones de
euros) que el Gobierno ha acumulado con la banca pública y que hasta ahora no
habían sido contabilizadas en los balances oficiales.
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Esas deudas son consecuencia de que el
Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos,
parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las
familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones. El
Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado, ha considerado que el
Gobierno ha incurrido en “irregularidades graves” al dejar acumular esas deudas
y valerse de los recursos de la banca pública para garantizar el pago de sus
compromisos legales. Según la oposición y los juristas que exigen la
destitución de Rousseff, se trata de un “delito de responsabilidad fiscal” que
la Constitución establece como una de las causas que pueden llevar a la
destitución de un mandatario.
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Aunque no las había contabilizado en
sus resultados de 2014, el Gobierno incluyó esas deudas en una nueva previsión
de déficit fiscal para este año que hoy fue aprobada por el Congreso. El próximo
paso tras la decisión de Cunha será la conformación de una comisión especial
que analizará la decisión contra la jefa de Estado. Esa comisión establecerá un
plazo para la defensa de Rousseff y luego elaborará un informe, que en caso de
inclinarse por el juicio político obligará a la presidenta a separarse del
cargo durante 180 días, que es el tiempo que tendrá el Senado para realizar el
propio juicio.
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Rousseff cuenta con una amplia base
parlamentaria, pero de la que se encuentra distanciada a raíz del impacto de la
investigación en Petrobras, que salpica a medio centenar de políticos, en su
mayoría oficialistas, y un impopular plan de ajuste fiscal con el que intenta
atajar la grave crisis económica de Brasil. Sin embargo, pese a ese
distanciamiento, hoy mismo, poco antes del anuncio de Cunha, el oficialismo se
reagrupó para aprobar una nueva meta para el déficit fiscal previsto para este
año, que el Gobierno ha situado ahora en un 2 %.
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