SEÑORAS Y SEÑORES: EL GOBIERNO TOMÓ UNA DECISIÓN EN
MATERIA DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA ELIGIENDO EL CAMINO DE UNA LEY CORTA
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El gobierno enviará el lunes al Congreso una ley corta para resolver
el tema de la gratuidad universitaria, la que deberá estar aprobada a más
tardar el miércoles 23 de diciembre. Esto se hará después que se conozcan los
argumentos del fallo del Tribunal Constitucional (TC) en una fórmula que
significará abrir el mecanismo a planteles privados dejando fuera a tres universidades estatales
(públicas), es decir sin gratuidad, para facilitarle el camino a algunas universidades
privadas que serían gratuítas a partir del 2016, lo que pone en duda el debate legislativo debido a que en el oficialismo hay parlamentarios que no están de
acuerdo con esta fórmula.
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Así los ministros Marcelo Díaz, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo
Valdés iniciaron ayer en el Congreso una tarea de intenso lobbismo para
convencer hasta a las voces más “duras” porque de fracasar esta ley corta significaría
un nuevo derrumbe para el Gobierno progresista.
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Lo curioso, de acuerdo a las primeras críticas, es que las promesas de Bachelet de crear un sistema
público y de calidad se sigue cayendo por la improvisación que ha caracterizado
a los funcionarios de la actual administración y varios sectores interesados ya
no saben hacia adonde marcha el carro. Igualmente los ministros se reúnen con
sectores de la oposición para dar a conocer la nueva propuesta que busca poner
en marcha la política anunciada con bombos
y platillos por la Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo pasado.
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La fórmula implica el envío de una ley corta para modificar
la glosa de gratuidad, declarada inconstituciona por el TC, permitiendo que todas las
universidades que tengan más de cuatro años de acreditación puedan optar al
beneficio para sus estudiantes de los cinco primeros deciles. Una medida
dolorosa para el Ejecutivo, ya que tres planteles estatales quedarían fuera: la
U. de Los Lagos, U. Tecnológica Metropolitana (Utem), y la U. Arturo Prat;
todas con sólo tres años de acreditación.
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El
ministro Díaz habría explicado en el Congreso que a la acreditación también se sumaría el
requisito de no tener en sus directorios a personas que participen en entidades
con fines de lucro. Y el principal mensaje del vocero de Gobierno habría sido
alcanzar un acuerdo transversal para evitar nuevos traspiés legales, según La
Tercera.
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El senador Fulvio Rossi es uno de los que respalda la
iniciativa del gobierno: “Lo óptimo sería una ley corta que permita incluir instituciones
del Cruch junto a otras universidades privadas acreditadas y mejorarlas becas de
CFT e IP”.
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La fórmula que ayer promovió el gobierno en el Congreso no
contemplaría modificar el umbral de beneficiarios, manteniéndolo en los
estudiantes de los cinco primeros deciles de ingresos.
Otra de las modificiaciones que requeriría la glosa para
concretar esta propuesta es modificar el plazo para que las instituciones
manifiesten si se sumarán o no la gratuidad, lo que en la Ley de Presupuestos
está fijado para el 22 de diciembre, pero la ley corta se aprobaría un día
después.
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La oposición
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A primera hora de ayer parlamentarios de la oposición se reunieron con la ministra de Educación,
Adriana Delpiano, a quien entregaron formalmente la propuesta opositora para
implementar la gratuidad. “Nuestro planteamiento se basa en tres condiciones:
que haya más estudiantes beneficiados, que no exista discriminación arbitraria
entre un mismo tipo de instituciones y que se resguarde la calidad de los
planteles que pueden dar gratuidad”, explicó el diputado de la UDI, Jaime
Bellolio.
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La nueva iniciativa del gobierno deja sin gratuidad a los Institutos
Profesionales (IP) y a los Centros de Formación Técnica (CFT), lo que lamentan
muchos especialistas porque justamente en Chile hay una carencia de buenos
técnicos. Sin embargo se les garantizará un incremento en el monto de las becas Nuevo
Milenio, que se entregan a los estudiantes de esas instituciones. Así, los beneficiados recibirían cerca de $
900 mil, un 50% más de lo asignado en 2015.
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El senador de la DC Ignacio Walker enfatizó que “la fórmula,
legislativa o administrativa, debiera a mi juicio reunir los siguientes
requisitos: que no discrimine entre alumnos igualmente vulnerables, que en
materia universitaria no se restrinja a las instituciones del Cruch, sino a las
que reúnan iguales requisitos, y que en materia de CFT e IP exista un aumento
importante en los montos de las becas Nuevo Milenio”.
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¿De dónde podrían salir los recursos para financiar a más
universidades privadas? Según fuentes del gobierno hay factores como, por
ejemplo, que siete CFT e IP quedarían fuera de la gratuidad, incluido el Duoc.
Además, se debe considerar que probablemente habrá planteles que no se
interesarían en sumarse a esta política pública durante 2016.
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Esta propuesta es vista por algunos miembros de la Nueva
Mayoría como un triunfo de la derecha y de una parte de la DC, sobre todo
porque se sumarán instituciones que han sido investigadas por el Mineduc.
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En tanto, las Ues. estatales que se quedarían fuera de la
gratuidad, recibirían recursos vía convenio marco para poder implementar el
beneficio de forma institucional.
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