KRADIARIO

DOCUMENTACIÓN

EL PROCESO CONTRA ROUSSEFF

 PASO A PASO

Las claves del juicio
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El procedimiento se inició este miércoles, pero lo cierto es que puede llevar varios meses. Luego de la decisión de Cunha, ahora se conformará una comisión especial integrada por todos los partidos políticos que se encargará de analizar las acusaciones contra Rousseff y determinará un plazo para que la mandataria se defienda. Una vez que se presente la defensa, la comisión hará un informe en el que indicará si la acusación tiene fundamentos sólidos como para ser juzgada en el Congreso.

El informe de la comisión deberá publicarse en el diario oficial brasileño y se llevará una copia a cada diputado para que lo analice. A las 48 horas, la cámara de Diputados podrá aprobar las recomendaciones de la comisión. Si la comisión entiende que no corresponde un juicio político y los diputados lo aprueban, el caso se archiva. Pero si la comisión entiende que hay que seguir adelante con un juicio y los diputados lo aprueban, entonces se abrirá un nuevo plazo de 20 días para que Rousseff se defienda.

Pasados los 20 días, la comisión volverá a interrogar a las partes y redactará un informe definitivo sobre el tema. Luego de esto, los diputados evaluarán el informe final de la comisión y votarán si están de acuerdo o no con él.

Si el informe considera que la presidenta debe someterse a juicio político, necesitará la aprobación de las dos terceras partes de los 513 diputados. De ser así, Rousseff tendrá que dejar su cargo durante 180 días, mientras el juicio pasa a evaluación del Senado. En ese caso asumiría el vicepresidente de Brasil.

Para continuar con el juicio, las dos terceras partes de los 81 senadores deben considerar que Rousseff es culpable. En ese caso, la presidenta pierde su cargo y el vicepresidente Michel Temer asumiría de manera definitiva.

Si bien Rousseff cuenta con una base parlamentaria sólida, el escándalo de corrupción de Petrobras que involucra a unos 50 políticos oficialistas le ha provocado cierto distanciamiento con el Congreso.

Además, el juicio político puede tardar meses o incluso más de un año. El proceso que se realizó contra el expresidente, Fernando Collor de Mello, mientras se encontraba en el cargo, se extendió desde el 2 de setiembre de 1991 hasta el 29 de diciembre de 1992. En ese caso el entonces mandatario renunció incluso antes de que terminara el juicio político.

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La acusación hace referencia a deudas por casi US$ 15 millones que el gobierno acumuló en la banca pública pero que no se contabilizaron en los balances oficiales. Las deudas se deben a que la administración dejó de hacer depósitos que estaban previstos para pagar seguros de desempleo, subsidios y créditos a familias. El Tribunal de Cuentas de Brasil consideró que el gobierno de Rousseff cometió "irregularidades graves" al acumular esa deuda con la banca pública. Los montos no estaban contabilizados en los resultados de 2014, aunque ahora fueron incluidas en la previsión de déficit fiscal para este año.

Autor del proceso

Cunha, enemigo declarado de la presidenta brasileña, fue acusado por la fiscalía de la república por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y está en la mira del Consejo de Ética de la cámara que preside, que podría iniciarle una investigación por ocultar unas cuentas millonarias en Suiza alimentadas presuntamente con dinero de la estafa a Petrobras.

Base legal

Los impulsores del juicio político entienden que Rousseff cometió uno de los delitos de "responsabilidad" regulados en el artículo 85 de la Constitución brasileña. En este caso, entienden que la mandataria atentó contra la "probidad en la administración" y contra "la ley presupuestaria".

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Sin embargo, diputados del Partido de los Trabajadores salieron en defensa de la mandataria y preparan una presentación ante el máximo tribunal para cuestionar la decisión de Cunha. "Estamos estudiando una serie de medidas que tienen por objeto impedir la instalación del proceso (...) Vamos a presentarlas a la corte, por abuso de poder (de parte de Cunha) y utilización de la estructura del Poder Legislativo para defenderse (de las acusaciones por corrupción)", dijo el diputado Paulo Pimenta, del PT.