KRADIARIO

EL TEMA DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA SE VE "COLOR DE HORMIGA"

Complicado se ve para el Gobierno el cumplimiento de la promesa de la gratuidad universitaria que está contenida en la glosa presupuestaria que fue declarada discriminatoria y arbitraria la última semana por el Tribunal Constitucional (TC) y que en el mensaje presidencial del 21 de mayo fue presentada como la mayor oferta que podía hacer el gobierno para el 2016.

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Después que el TC de a conocer el texto del fallo, el gobierno tendrá seis días para idear una fórmula que logre beneficiar a la mayor cantidad de estudiantes vulnerables. Esto, ya que el 27 de diciembre comienzan las postulaciones a la Educación Superior.

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La resolución del TC acogió la solicitud de la oposición sobre la inconstitucionalidad de los requisitos que planteaba el Ejecutivo para que las universidades privadas,  que no pertenecen al Consejo de Rectores,  accedieran a la gratuidad.

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De esta manera, ahora el gobierno no podrá exigir como requisito tener al menos cuatro años de acreditación, ni tener mecanismos de participación estudiantil en sus estatutos. Tampoco podrá exigir no contar con sociedades relacionadas que puedan lucrar.

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En este contexto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que "vamos a buscar la manera más apropiada para poder llegar al mayor número posible de estudiantes, pero no podemos con los recursos públicos financiar cualquier tipo de institución o carrera", según La Tercera.

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En este contexto, el gobierno expresó que lo único seguro hasta ahora es que 140 mil estudiantes matriculados en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) sí ingresarán al beneficio.

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“Nosotros siempre hemos dicho que contamos con herramientas que nos permiten dar comienzo a la gratuidad en las universidades del Cruch, diría que ese es el piso con el que partimos", dijo el portavoz de La Moneda, Marcelo Díaz.

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Según consignó La Tercera, dichas herramientas tienen que ver con que por ley las instituciones del Cruch pueden recibir recursos mediante convenio marco, en el caso de las Universidades estatales; y aportes basales por desempeño, para las privadas tradicionales.

Considerando que el beneficio apuntaba a 220 mil estudiantes, en el gobierno deben decidir cómo distribuyen los recursos de los 60 mil alumnos que ya no podrán ser beneficiados. En esa fórmula es la que trabajan los equipos técnicos y las opciones dejarían fuera a las universidades privadas que no pertenecen al Cruch.

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"Si se redistribuye en función de la realidad del fallo, los estudiantes del Cruch están asegurados. Se ha definido que los estudiantes de CFT e IP van a recibir un aumento de las becas, pero aquellos de universidades privadas que inicialmente estaban contempladas hoy están en duda, lamentablemente por una consecuencia de este reclamo al TC", dijo el presidente de la Cámara Baja, Marco Antonio Nuñez.

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Las alternativas que se barajan

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El gobierno baraja dos alternativas para sacar adelante la gratuidad para el próximo año.

La primera de ellas es a través de una vía administrativa, mediante la reasignación en becas y fondos basales a las Universidades del Cruch.

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La segunda, es la elaboración de una ley corta para entregar aportes basales a otras instituciones como IP y CFT. Según Núñez, dicha alternativa "cada días se hace más viable". "Una ley corta, tramitada durante estas semanas antes del 26 de diciembre, para que el 27 cuando los estudiantes comiencen a postular haya claridad sobre la gratuidad universitaria", explicó el diputado a 24 Horas.

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Propuesta de la oposición

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Por su parte, hoy la oposición presentó a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, una propuesta que contempla reasignar los recursos que, en el marco de la ley de fin del copago, el lucro y la selección, destinó el Ejecutivo para la compra de infraestructura de los colegios particulares subvencionados, por un monto que alcanza los US$ 400 millones.

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Según los diputados de Chile Vamos, con esta reasignación se lograría beneficiar a 315 mil estudiantes del 50% más vulnerable en instituciones acreditadas por 4 años, de manera que “en vez de gastar fierros y ladrillos de colegios que ya existen, esos dineros vayan a los estudiantes más vulnerables del país, sin discriminación arbitraria”.

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Desde el PPD, el timonel Jaime Quintana rechazó la propuesta de la oposición y aseveró que "la UDI sólo está pensando en el lucro".

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"Aquí quien es responsable de que tengamos hoy en vilo a cientos y miles de estudiantes, con incertidumbre de cómo van a financiar sus carreras, el responsable no es otro que la UDI", dijo Quintana.

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"La UDI tiene que asumir su responsabilidad en esta materia. No se puede con una mano echar abajo la gratuidad y con la otra venir acá a levantar propuestas populistas. Eso es poco serio (...) el argumento de la discriminación eso ya no tiene ningún sentido y no se lo cree nadie. La UDI no está pensando en los estudiantes vulnerables, esta solo pensando en el lucro", añadió el presidente del PPD, como publicó La Tercera.