KRADIARIO

EL DRAMA MEXICANO-KRADIARIO

MAS ALLÁ DEL ESCAPE DEL 

"CHAPO" GUZMÁN

Por Martín Poblete

La escapada de un notorio criminal y jefe de uno de los carteles mexicanos del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera,  alias El Chapo, de la prisión de El Altiplano supuestamente de alta seguridad,  plantea una vez mas la cuestión del crimen organizado en México y sus implicaciones para el funcionamiento del país como tal.

Cuando se produjo el desmantelamiento de los principales carteles colombianos del narcotráfico a fines de la década del 1980 y comienzos de la del 1990,  los incipientes carteles mexicanos tomaron el manejo del tráfico hacia los Estados Unidos y el control de las conexiones en los vulnerables países centroamericanos.

En aquellos tiempos, México estuvo gobernado por una sucesión de regímenes encabezados por individuos llamados José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante dichos regímenes tuvo lugar el asalto  y saqueo masivo  del tesoro público mexicano, acompañado por la degradación de la gestión gubernativa en un marco de corrupción de proporciones africanas. Esta situación debilitó la capacidad del Estado mexicano para controlar su propio territorio, pues la corrupción penetró profundamente las policías estatales y locales.

Algunos empezaron a llamar la atención a los riesgos implícitos en la situación tal como se estaba desarrollando, entre ellos el destacado académico latinoamericanista George W. Grayson (había escrito un libro importante sobre la Democracia Cristiana chilena a fines de los 1960), quien invitado a la inauguración del mandato del Presidente  Vicente Fox Quesada, advirtió acerca de la amenaza a la integridad del Estado mexicano representada por los carteles del narcotráfico.

En paralelo al deterioro de la situación en México, los gobernadores y las policías de los estados del suroeste de Estados Unidos, Texas, New Mexico  y Arizona, en un grave error de análisis y evaluación, perdieron el control de sus fronteras con México, permitiendo el establecimiento de un intenso tráfico de armas y municiones vinculado a las necesidades de los carteles mexicanos del crimen organizado, tráfico activo y vigente hasta el día de hoy.

Ante las evidencias del deterioro de las policías locales y estatales, los gobiernos de los Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón usaron a los Federales de México y al Ejército, en un fallido intento por neutralizar y destruir a los carteles criminales, de paso terminar con la violencia urbana y la crisis de seguridad ciudadana desatada  en varias de las principales ciudades del norte del país.  En un giro diferente al de otras organizaciones  criminales latinoamericanas, los carteles mexicanos intentaron controlar partes del territorio colindante con Estados Unidos, buscando sacar al Estado mexicano y sus instituciones de algunas de las regiones norteñas, en medio de la mortandad producto de varias escaladas de violencia en no pocas ocasiones resultado de enfrentamientos entre los mismos carteles.

En parte por la dinámica de sus operaciones, en parte por tácticas de protección de sus territorios, los carteles mexicanos se fueron fragmentando; a la fecha del arresto del Chapo Guzmán en febrero de 2014, su cartel de Sinaloa  se había fragmentado  en varios grupos en los Estados de  Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California, mientras hacia el sur se producía  la consolidación en torno al Cartel de Jalisco Nueva Generación.  Sin perjuicio de lo anterior, el crimen y la violencia se extendían a Tijuana, Nuevo Laredo y  Ciudad Juárez.

La fuga del Chapo Guzmán  atraerá las miradas atentas de fuerzas supuestamente a cargo del control del crimen organizado en México y Estados Unidos; en otra dimensión, se escribirán novelas, se filmarán películas, se cantarán corridos y rancheras; sin embargo, en la realidad, las fuerzas del crimen organizado mexicano son mas grandes que la figura de un jefato, esas fuerzas continuarán amenazando la vida cuotidiana de la gente y, tal vez sin proponérselo, la legitimidad del Estado mexicano.