Una polémica en Recoleta - Por Patricio Herman

1-7-2013- Nº Edición 860

Una polémica en Recoleta


Por Patricio Herman

Los dueños de la Universidad San Sebastián, persona jurídica sin fines de lucro, cuya casa central está localizada en la esquina de las vías Bellavista y Pío Nono, comuna de Recoleta de la Región Metropolitana de Santiago, son los socios de la empresa “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.” persona jurídica con fines de lucro que, gracias a las decisiones de la municipalidad de Recoleta, obtuvo un permiso de edificación, con un formulario irregular, para construir su edificio y en el mismo terreno 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una, acogidas a los beneficios tributarios del DFL2 de 1959, ello por estar catalogados sus más de 1.000 departamentos como viviendas económicas.

Gonzalo Cornejo ejercía como alcalde cuando se iniciaron los trámites para este negocio inmobiliario-educacional y bajo la regencia de la alcaldesa Sol Letelier se cursaron otros permisos asociados.

Sabemos que Daniel Jadue, actual alcalde, está intentando ordenar la casa, lo que será muy difícil.

Esa altura de 19 pisos de las torres se originó por una habilidosa interpretación municipal de su propio Plan Regulador que transgredió una disposición de mayor rango establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), según quedó establecido en un oficio emanado de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Las alturas máximas permitidas para el sector en donde se emplazan dichas torres son 8 pisos. (sic)

Por algunas razones que desconocemos, el titular del proyecto no sometió la edificación de la universidad ni su centro de extensión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin que hasta ahora la institucionalidad haya sancionado a la sociedad mercantil infractora, negligencia funcionaria que no nos llama mayormente la atención.

El privado se conformó con una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para las aludidas 3 torres, cuya Resolución otorgada por la ex Corema fue incumplida, según sus propios reconocimientos, y a pesar de ello tampoco se cursaron las multas establecidas por la ley. Por tal motivo se acaban de entregar los antecedentes a la nueva Superintendencia de Medio Ambiente para que curse las sanciones de rigor.

Este caso lo conoce muy bien la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, como vimos la ex Conama y ex Corema, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Contraloría General de la República (CGR) y últimamente el Ministerio Público, a través de la Fiscalía en Delitos de Alta Complejidad.

Tiempo atrás, a solicitud de grupos ciudadanos que le denunciaron las malas prácticas en la tramitación de los permisos, la CGR inició un sumario administrativo cuyo resultado se desconoce.

Para mejorar la explotación de esta actividad inmobiliaria-educacional la Municipalidad de Recoleta le concedió un permiso precario a la Sociedad Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., una de las empresas relacionadas, para que utilizara como acceso a un estacionamiento subterráneo, una parte del bien nacional de uso público calle Pío Nono.

La contraprestación monetaria por parte del privado al municipio es irrisoriamente baja y el espacio bajo tierra se renta a los conductores de vehículos que requieren estacionarlos allí en busca de seguridad.

Ahora bien, relacionado con el párrafo anterior, Patricio Basso, ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) denunció con publicidad que la Universidad San Sebastián había comprado la Sociedad Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., la que tiene el permiso precario municipal antes aludido, en la impresionante suma de $ 25.550 millones, en circunstancias que su valor patrimonial en la fecha de la transacción era de $ 4.206 millones . ¡Seis (6) veces más!

Según Basso, quien se ha transformado en un incómodo tábano para los privados que lucran con las universidades privadas, la sociedad recién indicada, en diciembre de 2011, siendo dueña de los inmuebles existentes en diversas ciudades del país, se los arrendaba a dicha universidad.

Como consecuencia de esta interesante investigación hecha por Basso, ahora está actuando la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), la que está conociendo todos los contratos de arriendo efectuados por la universidad y sus controladores. Esos detectives, que deberán conocer el atractivo permiso precario municipal, entregarán el resultado de sus indagatorias a los fiscales del Ministerio Público.

Recordemos que estas universidades “sin fines de lucro” son el chassis jurídico que se utiliza para obtener ganancias y los controladores de esta universidad sí lucraron, pero un altísimo porcentaje de las 35 universidades privadas existentes en el país, también lo han hecho porque el sistema vigente da pábulo para ello. Por tal motivo todas deben ser indagadas por el Ministerio Público, a sabiendas que el ministerio de Educación, por decisión de la dictadura y de los gobiernos democráticos, carece de atribuciones para ello.

Por último, como el Director de Obras está impedido para otorgar la recepción final de las 3 torres habitacionales, por la razón reseñada en esta columna, los particulares propietarios del negocio recientemente interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en su contra. Estaremos atentos al resultado.