KRADIARIO

JULIO PEREIRA TENÍA ACCIONES DE RIPLEY CUANDO SE OTORGÓ EL PERDONAZO A LA MULTITIENDA JOHNSON'S

El diario “El Mostrador” informó hoy que el panorama para el director de Impuestos Internos, Julio Pereira, es cada vez más “negro” tras revelarse ahora que al momento que Johnson’s recibió la condonación de casi US$ 110 millones en multa e intereses y tras ser vendida a Cencosud, el alto funcionario tenía 82 mil acciones de la multitienda Ripley.

Con esto se oscurece el panorama para Pereira luego que la semana pasada se conociera la existencia de un contrato de arriendo de un terreno a Cencosud, por el cual percibe $ 22 millones mensuales (ver Kradiario).

Ripley es controlada por los hermanos Alberto y Marcelo Calderón, este último dueño de Johnson’s hasta diciembre de 2011 cuando transfirió el 85 % de la propiedad a la compañía de Horst Paulmann. La participación de Pereira equivale a unos $ 40 millones actuales y fue adquirida en el segundo semestre de 2009, cuando aún era socio del área legal y tributaria de la auditora PwC, asesora de Johnson’s.

Aunque se trata de una participación menor dentro de la propiedad total de Ripley, el antecedente pudiera transformarse en un nuevo foco de cuestionamiento que ponga sobre la mesa el posible conflicto de interés con que actuó al tener conocimiento y participar en el proceso de condonación tributaria.

Marcelo Calderón no solamente es socio de Ripley sino que también debió recurrir a su participación en ella para salvar Johnson’s en 2008, cuando vendió un 20 % de la empresa a Álvaro Saieh en US$ 170 millones, recursos que destinó a capitalizar la multitienda, la cual atravesaba una grave crisis financiera. Incluso Calderón tuvo una disputa legal con su hermano Alberto por el control de Ripley tras esa venta, señaló El Mostrador.

Agregó que la relación con los Calderón no es nueva. Según un artículo de prensa, en la primera parte de la década pasada Johnson’s utilizó diversos ardides legales para evitar el pago de impuestos por sus ganancias, elusión que se acercaría a los $ 2.500 millones. En Dicha labor su asesor fue PwC.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló ayer que “esperamos lo que la Contraloría diga… (la situación de Pereira) no está resuelta”. El primer informe de Contraloría sobre el caso refutó legalmente a Pereira, cuando éste dijo que no podía dejar de cumplir sus funciones por un conflicto de interés sólo “potencial”. El contralor señaló que la ley incluye los conflictos “potenciales” para inhibir a un funcionario de participar en un caso que pueda significar estos conflictos.