KRADIARIO

CASO CLARÍN: DESINFORMACIÓN DIFÍCILMENTE SUPERABLE

Por Felipe Portales

Los grados de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en grandes grupos económicos y su aplicación de una férrea autocensura hacen de Chile el país sudamericano con menor vigencia práctica del derecho a la libre información y expresión. Para ello se conjugaron la dictadura y los 20 años de gobiernos de la Concertación.

La primera, al cerrar todos los medios de comunicación de izquierda y –posteriormente- aplicar censuras y amedrentamientos al conjunto de aquellos que se mostraron opositores a la dictadura. Y los segundos, al desarrollar diversas políticas que eliminaron todos los medios escritos afines a la Concertación en la década de los 90; y al neutralizar o privatizar canales de televisión (TVN y Canal 11) que hubiesen podido estimular una efectiva democratización del país.

Todo ello adquiere mayor gravedad en la medida que se efectúa de manera tan sutil como exitosa; ya que no requiere de restricciones legales o administrativas, y ni siquiera de presiones gubernamentales. De tal modo, que la generalidad de la población chilena ni siquiera está consciente del grado de desinformación que sufre; lo mismo que las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

Así, ¡la sociedad chilena se ha mantenido en la ignorancia del regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por el liderazgo de la Concertación a la derecha en 1989; del acuerdo legislativo Concertación-Alianza que permitió a comienzos de los 90 aumentar los grados de privatización del cobre que permitía la Ley de Concesiones Mineras; de las amenazas del gobierno de Aylwin al gobierno holandés que consiguieron frustrar su apoyo a los medios escritos afines a la propia Concertación; de las disposiciones legales aprobadas en 2004 por los parlamentarios de ambas coaliciones que le impiden al Poder Judicial tener acceso a las denuncias de torturas presentadas ante la Comisión Valech; de las disposiciones legales aprobadas también ese año por ambos conglomerados y que permiten la privatización de todos los parques comunales e intercomunales del país; etc.!

Pero quizá la desinformación más difícilmente “superable” se ha dado respecto del caso Clarín, en que se han ocultado, ¡desde 1997!, todas las medidas gubernativas –incluso aquellas denunciadas como ilegales o corruptas- destinadas a impedir la devolución de los bienes confiscados de dicho diario a su propietario, Víctor Pey. ¿Sabe usted, por ejemplo, que pese a que la dictadura le confiscó dicho periódico a Pey –desechando, en base a un estudio del Consejo de Defensa del Estado, las demandas de otras personas que alegaban ser los dueños- el gobierno de Lagos, a través de su ministro de Bienes Nacionales Claudio Orrego, le “devolvió” en 2000 el valor de aquel, en términos equivalentes a 9 millones de dólares, a las personas que el Consejo había desechado como tales dueños; y mientras el caso estaba en litigio en tribunales nacionales e internacionales?

¿Sabe usted que buena parte de ese dinero terminó en poder del yerno del abogado encargado por el Comité de Inversiones Extranjeras para hacer el estudio que terminó justificando dichos pagos? ¿Sabe usted que el Colegio de Abogados sancionó por ello a dicho abogado –Enrique Testa- en 2003; pero que ello no fue seguido de ninguna investigación o denuncia de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial? ¿Sabe usted que el gobierno de Bachelet intentó recusar a una jueza del tribunal del Banco Mundial (CIADI) –organismo que está dilucidando el caso desde 1997 y que en 2008 falló a favor de Pey- por haber escrito en Le Monde un artículo favorable a la extradición de Pinochet del Reino Unido a España?

Todo lo anterior puede verificarlo en diversos artículos aparecidos en la prensa (aunque claro, no tuvieron seguimiento en los principales medios como para convertirse realmente en noticias percibidas por la opinión pública) nacional y que nunca fueron desmentidos. Particularmente, en Clarín y el sagrado derecho de propiedad, de Patricia Verdugo (Rocinante; septiembre, 2002); en Caso Clarín: Colegio de Abogados suspendió por cuatro meses a Enrique Testa, de Carmen Gardeweg (La Segunda; 21-4-2003); en Caso Clarín: Joan Garcés afirma que Chile recusó a jueza por escribir contra Pinochet, de Jorge Escalante (La Nación; 30-5-2006); y en La batalla de Pey, de Francisco Marín (El Ciudadano; agosto, 2007).

Pero sin duda que la culminación de todo ello la representa la desinformación efectuada por el Gobierno, El Mercurio y La Tercera –y de la que ha sido cómplice el liderazgo concertacionista- en el sentido de presentar a Víctor Pey como ¡derrotado por la reciente decisión del CIADI, en circunstancias que ella validó el fallo de 2008 -del cual pidió la nulidad el gobierno de Bachelet- respecto de la obligación del Estado chileno de indemnizar a Pey, y solo anuló el monto fijado; por lo que se definirá uno nuevo que, todo indica, será mayor que los cerca de 10 millones de dólares establecidos ese año!

Y además, la opinión pública se mantiene completamente desinformada del hecho que la reciente decisión del CIADI mantuvo también la obligación del Estado chileno de cancelarle a Pey las costas del proceso transcurrido entre 1997 y 2008, en una suma equivalente a 3,8 millones de dólares (Ver Punto Final; 25-1-2013). Y que el gobierno de Piñera, poniendo en grave riesgo la credibilidad internacional del Estado chileno, no ha dado todavía ninguna señal de cumplir con dicho fallo.

En realidad, durante la dictadura estábamos desinformados, pero lo sabíamos; ahora seguimos desinformados, pero sin tener idea de ello…