Sandra Torres (foto izquierda) dejó ayer de ser la primera dama guatemalteca tras divorciarse del presidente de Álvaro Colom (ver Krohne Archiv edición de ayer).
Sin embargo, no se trató de un divorcio por desavenencias matrimoniales, sino por un claro interés político. Sandra Torres desea postular a la primera magistratura del país para reemplazar a su ex esposo. Lo haría por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Como la Constitución no permite que quien era hasta ahora Primera Dama pudiera ser también aspirante presidencial, no le quedó otro camino que el divorcio. Según como resulten las cosas, quizá habrá un nuevo matrimonio más adelante. Así está el mundo político guatemalteco: expectante.
Sin embargo, la sentencia de la separación desató nuevamente la reacción de sectores que se oponen a su inscripción como candidata, alegando que se comete fraude de ley con un divorcio por su pretensión política.
“Me siento feliz; ya estoy soltero legalmente”, dijo brevemente Colom tras conocer el fallo. Torres no se pronunció. Sin embargo, ambos llevaban aún la argolla matrimonial en el dedo anular de la mano derecha.
El futuro que viene
El diario Prensa Libre de Guatemala dijo hoy que mientras la ex pareja cumplía sus agendas, abogados y políticos ofrecían una batalla legal contra la candidatura de Torres, porque según expertos no podía participar por un impedimento constitucional al ser esposa del mandatario, como lo estipula el artículo 186. Las acciones legales no son nuevas. El fallo del divorcio emitido por la jueza Mildred Roca se registró luego de librar dos amparos y 13 recursos de nulidad presentados por varios abogados que intentaban detener el proceso iniciado el pasado 11 de marzo último. Ahora buscarán bloquear la inscripción, proceso que se abre con la convocatoria a elecciones el próximo 2 de mayo.
Maynor Berganza, de la Alianza Renovadora de Abogados y Notarios, dijo que impugnarán la certificación de la jueza que se debe enviar al Registro Nacional de las Personas, proceso para lo cual tiene tres días.
También aseguró que apelaron en la Corte de Constitucionalidad, (CC) luego de que la Sala de Familia denegara el amparo provisional. “Vamos a continuar en la batalla legal e interpondremos cada uno de los recursos que la Ley nos otorga para evitar la separación” de la pareja, agregó. “Invito a los partidos políticos para que también accionen en el Tribunal Supremo Electoral para no permitir la inscripción como candidata presidencial de Sandra Torres”, pidió.
El abogado Álvaro Del Cid, quien representa a 22 jóvenes que se oponen al divorcio de Colom y Torres, refirió que esperarán la resolución de la CC en donde buscan frenar el caso. También coincidió con Berganza en que continuarán con acciones para que no se materialice el rompimiento matrimonial.
Además, la agrupación de ex constituyentes ofreció una declaración en el Congreso donde hicieron un “llamado a la cordura” del presidente Colom, al considerar que de darse la inscripción de Torres se rompería el orden constitucional, por lo cual le advirtieron que promoverán un juicio político en su contra para desaforarlo.
Los adversarios políticos también anunciaron acciones. Otto Pérez Molina, precandidato presidencial del Partido Patriota, expresó : “Rechazamos la violación a la Constitución que se está dando por parte del presidente y su ex esposa, y vemos un fraude de ley”.
“Es una burla y un rompimiento a la Constitución por parte del propio presidente, quien avala todas estas cosas. Aún falta mucho, pero el espíritu de esos artículos de la Constitución era de no favorecer desde la Presidencia a un pariente o familiar”, indicó Pérez Molina.
Adela de Torrebiarte, secretaria general de Acción de Desarrollo Social, expuso: “Ella quiere estar en el poder a toda costa y no le importa la ley, lo que es muy lamentable. Es inconstitucional, y lo que se pretende es burlar la Constitución. En el caso mío, como secretaria del partido, vamos a seguir peleando”, publicó Prensa Libre.
En las elecciones generales de septiembre, los guatemaltecos elegirán presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 333 alcaldes para el período 2012-2016.
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