Que los conflictos de intereses menudean, es un hecho. Y es lo que nuevamente me lleva a abordar el tema. Esta vez fijando la mirada en una sola área profesional. Se trata de casos que tuvieron repercusión en una semana. Y todos, de alguna manera, relacionados con la trascendencia, con el poder que está más allá de la comprensión humana.
El domingo 16 de abril, el diario El Mercurio publicó una extensa entrevista al cardenal Francisco Javier Errázuriz. En ella, el prelado abordó uno de los temas más controvertidos que le correspondió dirimir como arzobispo de Santiago. Y del que salió con más heridas de las que él imaginó. El caso del sacerdote Fernando Karadima es, tal vez, la peor pesadilla que ha tenido y seguirá teniendo el hoy arzobispo emérito. Es que demoró 7 años en aceptar que las acusaciones de abuso que pesaban contra Karadima eran reales. Y él, que reconoce no tenerle simpatías especiales -no lo creía ni sabio, ni santo, dice-, desechó las acusaciones. No le parecían fidedignas. Y así pasó el tiempo, desde 2003 hasta 2010. Mientras tanto, Errázuriz guardó silencio.
Con la soberbia con que a veces viste el poder, tampoco dio explicaciones. Tal vez el peso específico que tenía Karadima en la Iglesia Católica chilena lo hizo meditar durante siete años. Y ahora que el Vaticano condenó al sacerdote, no le quedaron excusas. Pidió perdón. Pero sin llegar a la humildad que menciona varias veces en la entrevista, se negó a invitar a una reunión a las víctimas. Resultaba más fácil trasmitir su arrepentimiento a través del neutro papel de diario, que enfrentar cara a cara a quienes dañó en una de las cosas más preciadas que puede tener el ser humano, su fe.
Pobre cardenal Errázuriz. Tal vez alguien tendría que decirle que cuando se pretende ser intermediario de Dios en la Tierra, hay que empezar por ser humilde. Ejemplos tiene de sobra. Empezando por Jesús, que fue capaz de enfrentar a los poderosos e intentó proteger a los débiles. Y sin ir tan lejos, podría interesarse por casos como el de Joan Alsina, cura español, muerto el 19 de septiembre de 1973; o el del Miguel Woodward, sacerdote anglo chileno que murió torturado en el buque Escuela Esmeralda, el 18 de septiembre de 1973; o el de Antonio Llidó, cura español desaparecido desde el 1 de octubre de 1973, cuando fue detenido por la DINA; o el de André Jarlan, sacerdote francés, asesinado el 4 de septiembre de 1984, o el de Gerardo Poblete, cura chileno, asesinado por agentes de la dictadura el 21 de octubre de 1973. Y tantos otros, que hoy aún ofrendan su vida para paliar, aunque sea en parte, el sufrimiento de los más humildes. Pero el cardenal chileno sucumbió en un flagrante conflicto de intereses que, pese a sus maneras melifluas, seguramente lo acompañará hasta la tumba.
En la misma semana que repaso, el cura de Melipilla saltó al primer plano. Acusado de abusos sexuales, almacenamiento de pornografía infantil y facilitación de la prostitución, Ricardo Muñoz Quintero tiene un largo historial que la jerarquía eclesiástica conocía, pero prefería ignorar. Y esta vez es la justicia civil la que lo hace enfrentar penas de hasta quince años de cárcel. Posibilidad de enclaustramiento que comparte con su compañera Pamela Ampuero, madre de dos de sus hijos. Ella era quien facilitaba los contactos con menores al sacerdote.
Una historia de poca monta, podrán pensar algunos. Pero que también apunta al conflicto de intereses. Muñoz Quintero optó por defender los propios, sin dejar de aprovechar las granjerías que le daba su supuesta relación con la trascendencia.
Y como si eso fuera poco, se sumaron nuevas acusaciones de abusos sexuales contra Isabel Lagos Droguett, sor Paula, directora de las monjas de Santa Úrsula. Ella se encuentra actualmente en Roma. Se ignora si regresará a enfrentar cargos ante la justicia nacional. Hay razones para pensar que eso no ocurrirá. Francisco José Cox Hunneus, obispo de La Serena, acusado de numerosos abusos sexuales contra menores, huyó de Chile con la protección de la Iglesia. El arzobispo Francisco Javier Errázuriz anunció, el 31 de octubre de 2002, su alejamiento de la vida pastoral y comunicó que se recluiría en un monasterio de Alemania. Los apellidos del involucrado seguramente jugaron un rol determinante. Algo que no ocurrió con José Andrés Aguirre, el cura Tato, en prisión desde 2003 por abusar sexualmente de nueve adolescentes.
¿Será también un conflicto de intereses el que enfrenta Roberto López Rojas? El actual presidente de la Iglesia Pentecostal fue miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura militar. Un cargo del que se enorgullece este ex subteniente de la Marina.
Fue una semana cargada de miradas equívocas. Pero al menos hubo una actitud que respondió sin que hubiera conflicto de intereses. La entonces ministra de la Vivienda, Magdalena Matte, renunció a su cargo. Reconoció su responsabilidad en visar -y luego detener- el pago de $17.000 millones a la empresa Kodama. Una operación que provoca un grave daño al erario nacional. Y cuya legalidad está fuertemente cuestionada. Matte resolvió dar la cara y asumir las consecuencias políticas. Esta por verse si la Justicia será capaz de asumir también sus responsabilidades y llegar hasta el fondo del problema.
Hasta ahora, Magdalena Matte, al menos, no puede ser acusada de haberse entrampado en conflicto de intereses…políticos.
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