Investigación establece que en el caso Kodama se habrían pagado cuatro partidas de más - ¿Intención o equivocación?

Una de las primeras conclusiones de un preinforme del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, que realiza una pesquisa sobre la indemnización autorizada por el Servicio de la Vivienda y Urbanismo (SERVIU) a la empresa constructora Kodama ($17.000 millones = US 36 millones) es que al establecerse dicho pago se consideraron 15 partidas y no 11 como pretendía el Serviu, es decir cuatro partidas de más.

Hasta ahora se desconoce si la forma de establecer el pago pudo haber originado errores de cáculo o una equivocación histórica en todo el proceso de pagos realizado con la empresa Kodama. En todo caso las partidas, cuyos montos también se desconocen hasta ahora, habrían sido calculadas por Ingeniería Dictuc, empresa filial de la Pontificia Universidad Católica,  a la que Kodama recurrió para que investigara el asunto. Sin embargo, la ex ministra Magdalena Matte buscó una respuesta en el IDIEM  para generar un documento que contrastara los argumentos técnicos de la empresa Kodama.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) envió ayer a la Fiscalía el preinforme del IDIEM sobre la indemnización autorizada por el SERVIU a la empresa Kodama por la construcción de un corredor del Transantiago (Transporte público de Santiago), informó el diario La Tercera en su edición de hoy.

El documento, de 60 páginas, fue integrado a la carpeta de antecedentes de la indagación, que encabeza el fiscal José Morales, por presunto fraude al Fisco. Según fuentes del MINVU, el preinforme del IDIEM -que aún no es concluyente- cuestiona la forma en que se valoraron algunas partidas de la construcción del corredor del Transantiago, tales como las expropiaciones o la reajustabilidad de los precios de los materiales. "El concepto más objetado por el informe son los gastos financieros de la obra", señalaron quienes han tenido acceso al texto, según la versión de La Tercera.

Las mismas fuentes, sin embargo, sostuvieron que el documento no establece los valores que el Serviu debió pagar al momento de sellar el acuerdo con Kodama. Estos antecedentes los detallará el informe final del estudio, que será recibido por la cartera a más tardar la próxima semana.

El documento encargado a la entidad vinculada a la Universidad de Chile es considerado clave por las autoridades de gobierno. La ex ministra Matte encargó el estudio apenas sonaron las primeras alarmas sobre el cuestionado pago. Ella alcanzó a conocer el preinforme que llegó al Ministerio hace ya quince días.

Además del texto del IDIEM, la Fiscalía alista interrogatorios a  otros 10 funcionarios del SERVIU metropolitano y el MINVU, antes de cerrar la investigación. En el procedimiento no se contempla, por el momento, incautar más computadores, sino profundizar en los testimonios de los profesionales técnicos de ambas reparticiones.

Se estima que dentro de dos semanas se podrían formalizar algunos casos de fraude al Fisco, en caso que los antecedentes lo hagan necesario. Entre las diligencias, la Fiscalía considera interrogar a la renunciada ministra Magdalena Matte.

Contralor pone en duda rol de Baeza

Por otra parte, el Contralor General de la República,  Ramiro Mendoza señaló que podrían constituir una irregularidad las "atribuciones amplias" con que contaba el abogado Alvaro Baeza, el ex asesor legal de Magdalena Matte. "El no es funcionario (público), es una persona a honorarios. Estamos viendo esa situación, hay que ver los estatutos especiales y la Ley de Presupuesto", dijo el contralor, según el diario La Tercera.

Consultado sobre si las supuestas atribuciones de Baeza podrían ser objetadas por el órgano fiscalizador, sostuvo que "en términos generales, sí".

Mendoza, además, confirmó que el miércoles 27 estaría listo el informe final de la investigación elaborado por ocho fiscalizadores, quienes indagan los contratos desde su origen y las modificaciones que sufrió la construcción del proyecto desde 2006. "No podemos revisar la transacción, porque esa es una decisión que tuvo una autorización jurisdiccional", explicó el contralor Mendoza.