Mientras los obispos, bajo el liderazgo del nuevo arzobispo de Santiago, Mons. Ricardo Ezzati, en una asamblea plenaria definen una clara posición y asumen su responsabilidad en ello, la PUC (Pontificia Universidad Católica de Chile) propone públicamente al gobierno establecer una “subsecretaría de educación superior”. En el momento más difícil de la Iglesia, la PUC aparece preocupada de una política pública.
Sorprende el silencio de las universidades católicas en el momento más difícil de la historia de la Iglesia en Chile. Las acusaciones de abusos sexuales contra menores y jóvenes cometidos por sacerdotes la han remecido, llevando a la Conferencia Episcopal de Chile a pedir perdón a las víctimas y “a toda la comunidad eclesial”.
En este contexto de crisis, las universidades católicas no han hablado y se mantienen ajenas a estos hechos, como si no existieran. Esta actitud es inaceptable porque implica ignorar lo que conmueve a la Iglesia a la cual pertenecen. Como universidades, se debieran preocupar del desarrollo del pensamiento y forman a jóvenes con valores. ¿No tienen nada que decir ante estos “crímenes aberrantes”? ¿No los interpela a pensar sobre sus causas profundas? Las universidades católicas están fallando en esta doble condición.
Este silencio da a entender que la crisis de la Iglesia les es ajena y se solucionará sólo con decisiones de la jerarquía. ¿No sienten que pueden y deben ayudar a la Iglesia? Ni siquiera se escucha una palabra de aliento a los sacerdotes, que no pueden andar en la calle sin recibir insultos de personas intolerantes. La intolerancia, una característica de nuestra sociedad, se hace nuevamente visible, ahora ante los sacerdotes, que sufren a diario los pobres, las personas de color y otras minorías.
La situación es aún más grave en el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la principal de las católicas en el país, y una de las más importantes en América Latina. Sus autoridades y numerosos académicos tienen relaciones muy cercanas con El Vaticano. Mientras los obispos, bajo el liderazgo del nuevo arzobispo de Santiago, Mons. Ricardo Ezzati, en una asamblea plenaria definen una clara posición y asumen su responsabilidad en ello, la PUC propone públicamente al gobierno establecer una “subsecretaría de educación superior”. En el momento más difícil de la Iglesia, la PUC aparece preocupada de una política pública. ¿Qué propuestas ha entregado a la jerarquía para enfrentar esta crisis?
El silencio la interpela aún más. El anterior cardenal-arzobispo de Santiago, Mons. Francisco Javier Errázuriz, fue su gran canciller durante largos años y ha sido criticado por no haber escuchado oportunamente las denuncias formuladas por las víctimas. El obispo auxiliar de Santiago, Mons. Andrés Arteaga, fue vice gran canciller desde el 2001 hasta hace pocas semanas, formó parte activa de la organización creada por el P. Fernando Karadima, recientemente condenado por el Vaticano por abusos sexuales. Fueron los estudiantes y no la institucionalidad de la universidad los que manifestaron la necesidad del alejamiento de Mons. Arteaga de su cargo en la PUC.
Esta actitud choca con su propia historia. Fundada por católicos en 1888, fue la universidad en que los hijos de las familias acomodadas adquirieron su título profesional, muchos de los cuales entraron en política sensibilizados en los dolores y esperanzas de la sociedad, ahora olvidados por sus autoridades y académicos.
Desde los años del régimen militar, la PUC ha crecido en su tamaño institucional hasta llegar a ser la segunda más importante del país, con una producción científica muy notable y su comunidad académica abarca todos los ámbitos del conocimiento. Hasta hace unos meses, tuvo un canal de televisión que ha tenido una enorme influencia en el país.
Los académicos y autoridades de la PUC aspiran a ser líderes en el pensamiento, pero son incapaces de reflexionar sobre esta tragedia que afecta a la Iglesia y a Chile.
Muchas veces, autoridades y académicos de la PUC levantan voz para cuestionar públicamente asuntos contingentes. Recuerdo la oposición al programa de educación sexual impulsada desde el ministerio de Educación por el ministro Sergio Molina durante el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, “las Jocas”. Cuantas cartas a los diarios y artículos de prensa fueron escritos por profesores de la PUC para impedir su realización. ¿Por qué no lo hacen ahora, no sólo condenando lo ocurrido, sino también interpelándose sobre las causas que llevan a estos abusos?
Esta no es la primera vez en la historia que la dirección de la PUC le da la espalda a la jerarquía de la Iglesia y no se hace cargo de lo que pasa en el país. Cuando la Iglesia defendía los derechos humanos atropellados por el régimen militar, guardaba silencio y lo apoyaba.
La crisis de la Iglesia Católica es también la crisis de la PUC y ésta tiene el problema adicional de no enfrentar esta realidad desde su propia función, como institución de educación superior. Ello interpela a sus académicos y los católicos de todas las universidades.
El Evangelio no podrá expandirse en un país si sus universidades, especialmente la PUC, guardan silencio durante la tormenta. La fuerza del mensaje de Cristo se muestra precisamente cuando el viento choca en la cara y hay que remar contra la corriente.
(*) Director Ejecutivo de la Corporación CERC y profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
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