El ex candidato presisdencial la sacó barata
SÓLO ARRAIGO Y FIRMA QUINCENAL PARA LAURENCE GOLBORNE TRAS HABER EMITIDO BOLETAS FALSAS CERCANAS A LOS 400 MILLONES DE PESOS
Son más de 378 millones de pesos los que habría recibido el exministro Laurence Golborne de Penta y otras empresas -como Ripley y el banco BCI- para financiar su precandidatura presidencial y posteriormente su campaña senatorial, según se consignó este miércoles en su formalización por delitos tributarios.
La audiencia se inició a las 10:00 horas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la indagatoria que sigue el Ministerio Público por el financiamiento irregular de sus campañas a través de presuntas boletas falsas.
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Golborne llegó alrededor de las 08:10 horas al Centro de Justicia en compañía de su abogado, Juan Pablo Kinast. En breves declaraciones, señaló a Radio Bío Bío sentirse “simplemente tranquilo, esperando el accionar de justicia como cualquier ciudadano“.
La Fiscalía había solicitado
para Golborne las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Sin embargo, el juez Juan Carlos Valdés solo accedió al arraigo, y determinó que el exministro quede con firma
quincenal. Esto originó una serie de comentarios sobre el trato que
reciben algunos formalizados y el trato más privilegiado para otros, lo que, al
parecer, depende directamente de la influencia que ejercerían los abogados del Servicio de Impuestos Internos
Según expresó el fiscal
oriente Manuel Guerra durante la
formalización de cargos, Laurence Golborne se encargó de “recaudar fondos de manera ilegal” para
los gastos de campaña.
Del total del monto que le
atribuye la Fiscalía, cerca de 218
millones fueron captados a través de boletas emitidas por Vox
Comunicaciones. En tanto, otros 160
millones fueron captados por boletas de VSA y Siglo Outsoursing.
En tanto el fiscal Pablo Norambuena, quien también
participó en la instancia, manifestó que Golborne se concertó tanto con los
emisores de las boletas como con las empresas cuestionadas para la emisión de
las boletas. Esto también originó comentarios al decirse que si Golborne se hubiese
convertido en Presidente de la República hubiera quedado seriamente
comprometido en su accionar, limitando a la postre sus gestiones presidenciales
por la influencia que ejercerían en él (en este caso La Moneda) diversas empresas
participantes en estas operaciones financieras ilegales.
Asimismo, se cuestionó la colaboración del exministro en la indagatoria ya que éste en su primera declaración -noviembre de 2015- solo reconoció los montos transferidos desde Penta, y no desde el resto de las empresas. “Su comportamiento en cuanto a la investigación fue desleal“, afirmó Norambuena.
En la audiencia se vivió un
momento tenso tras la comunicación de cargos. El defensor de Golborne, quien se
mostró en desacuerdo con las cautelares solicitadas por la Fiscalía, criticó
las querellas del Servicio de Impuestos Internos en contra de su cliente y las
calificó como una “vergüenza histórica“.
Esto generó la airada
respuesta del abogado del SII, el que replicó que el defensor hablaba “sin entender lo que estaba diciendo”
y que éste no estudió los antecedentes de la manera adecuada. Finalmente el
juez Juan Carlos Valdés frenó esta
arremetida y pidió una discusión “con
respeto”.
El magistrado estableció tras un receso las cautelares de firma quincenal y arraigo. Asimismo, indicó que se daba por establecida la colaboración de Golborne con la indagatoria, al contrario de lo que planteó el Ministerio Público.
Posterior a la audiencia, el
fiscal oriente Manuel Guerra señaló que si bien la pretensión era obtener
arresto domiciliario total, quedaron conformes y que se asegura la
comparecencia de Golborne para requerimientos posteriores.
En cuanto a la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado, Guerra indicó que por el momento es una altenativa que no se encuentra contemplada. “Hoy no están dadas las condiciones para un juicio abreviado“, señaló a los medios.
Golborne. Este es “un juicio
político”
A la salida del Centro de
Justicia, Golborne aseguró que tras conocer que era indagado, “inmediatamente me puse a disposición de los
tribunales” y sostuvo que “asumí mi responsabilidad tanto legal como
política”.
Siguiendo la línea de lo que
indicó su abogado durante la audiencia por la disparidad de criterios a la hora
de la persecución de delitos tributarios, el exministro estimó que “aquí existe un juicio político, donde
se está acusando de manera distinta a distintos actores” y agregó que demostrará
en tribunales que no ha incurrido en ilícitos.
Descartó también que las
conversaciones para arribar a un juicio abreviado hayan tenido un avance
grande. “No es efectivo, yo no he
aceptado reconocer delitos tributarios que no he cometido“, dijo al ser
consultado por la prensa sobre las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott,
quien ayer martes confirmó las conversaciones.
Respecto a la solicitud de
financiamiento a empresas cuando apuntaba a ser la carta promovida por la UDI
para las elecciones presidenciales, sostuvo que en ese entonces “no existía un mecanismo de financiamiento para
las precampañas”.
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