UNA REFORMA TRIBUTARIA RAZONABLE
Por José Antonio Viera-Gallo
Sabido es que cualquier debate sobre impuestos tensiona el
ambiente. Se habla de algo muy concreto que afecta potencialmente a muchísimas
personas, que se preguntan: ¿cuánto tendré que contribuir, con los cambios
propuestos, a las arcas fiscales?
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Nadie afirma oponerse a la idea de subir los impuestos
razonablemente para financiar una mejor educación, pero a la hora de la verdad,
cada cual hace sus cálculos, en especial en un país donde la inmensa mayoría se
define de clase media y donde se ha ido diluyendo – salvo en las catástrofes –
el espíritu de solidaridad.
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Una encuesta reciente revela que casi la mitad de los
entrevistados manifiesta no estar dispuesto a pagar más impuestos para
beneficiar a los más pobres.
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Y la encuesta del Bicentenario de la UC y Adimark muestra
que “la valoración en torno al rol del Estado y del mercado en la sociedad se
haya levemente inclinada hacia el mercado.El 38% de los encuestados tomó una
posición pro mercado y mientras que el 33% manifestó su opinión en favor del
rol del Estado”.
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Pese a que la reforma fue anunciada hasta la saciedad
durante la campaña electoral, este proyecto ha crispado los ánimos más de lo
previsible, especialmente entre los empresarios de todo tipo. Tal vez se deba a
que afecta a diversos sectores sociales y económicos.
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El proyecto no es escueto. Pareciera que sus autores
quisieron aprovechar la oportunidad para introducir correcciones al sistema
tributario en el convencimiento que no se presentaría en un futuro cercano otra
ocasión propicia para hacerlo.
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Y así se dispersó el debate.Unos alegan por la reducción de
las franquicias a la construcción, otros por el alza de impuestos a las bebidas
azucaradas, otros por las nuevas facultades del Servicio de Impuestos Internos
o el término del beneficio de la renta presunta para el agro y el transporte.
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La prensa se ha encargado de magnificar las críticas
difundiendo la idea que directa o indirectamente todos seremos afectados.
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Ayer un empresario mediano del agro me decía que las
empresas ajustarán el efecto o subiendo los precios o reduciendo los costos en
personal.Sólo he leído poquísimos artículos en favor de la iniciativa del
Gobierno, fuera de las entrevistas a las autoridades.Me imagino que no les dan
cabida. Son contados con los dedos de una mano.
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Mientras se gasta tinta hasta la saciedad en señalar sus
defectos. ¡Incluso se reparten panfletos alarmando a la población!
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No soy economista, ni tampoco experto en materias tributarias,
pero el buen sentido me indica que la Presidenta Bachelet tiene razón cuando se
esfuerza en recordar algunos puntos esenciales para volver a centrar el debate:
el alza de impuestos tiene como objetivo prioritario financiar la reforma
educacional y el mayor gasto público en otros rubros sociales, ahora aumentados
por efecto del terremoto en el norte y el incendio de Valparaíso.
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Los que más pagarán son los que más ganan; además los nuevos
fondos deben servir para restablecer el equilibrio presupuestario.
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Todos son fines no sólo atendibles, sino impostergables.
Sería conveniente que el Gobierno especificara hasta donde sea posible el
destino específico en materia de educación de los nuevos recursos recaudados.
Así la gente tendría mayor claridad sobre lo que está en juego.
Por experiencia parlamentaria sé que ninguna iniciativa de
ley sale del Congreso igual que como entra. Así sucedió, por ejemplo, con la
reforma procesal penal o con el AUGE, por señalar dos ejemplos.
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No sorprende, entonces, el actual debate sobre diversos
aspectos del proyecto. Lo que preocupa es su tono airado, las posiciones de
“negro o blanco”.
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El debate en curso se animará sobre todo durante la
discusión particular del proyecto, luego de aprobada la idea de legislar,
cuando se analice cada artículo por separado. El primer tiempo será en la
Cámara de Diputados, pero luego el Senado retomará el asunto.
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La propia Presidenta ha dicho que el Gobierno está abierto a
los cambios siempre que no disminuya la recaudación y no se desvirtúe el
propósito fundamental de la reforma.
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Para que se cumpla ese propósito sería de esperar que los
ánimos se calmaran y los parlamentarios pudieran escuchar todos los puntos de
vista y buscaran con el Gobierno las mejores fórmulas en cada caso.
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Incluso quienes se manifestaron contrarios a la idea de
legislar, una vez que ésta haya sido sancionada, deben aportar a que la
iniciativa se enriquezca y perfeccione.
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Por ejemplo, respecto a las mayores atribuciones del SII
para evitar la evasión, sería recomendable que ese servicio tuviera una función
fiscalizadora y que la decisión final correspondiera a los Tribunales
Tributarios y Aduaneros, evitando así que sea a la vez juez y parte como
ocurría antes de que se creara esa nueva judicatura especializada.
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¿Será mucho pedir que se formulen las observaciones en la
forma más objetiva posible y los legisladores puedan debatir sin
descalificaciones pensando en el bien del país, sin cálculos pequeños?
De la aprobación de una reforma equilibrada y razonable
dependerá en parte el curso de la economía y la viabilidad de los cambios que
el país necesita en áreas muy sensibles para las personas, como la educación,
la salud y la vivienda.
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