KRADIARIO

¿POR QUÉ LE TEMEN A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE?

Por Felipe Portales

La necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para acceder a un auténtico sistema democrático se desarrolló en artículos previos (“¿Por qué una Asamblea Constituyente?”). De ellos se deduce que los principales adversarios de dicha convocatoria son la derecha política propiamente tal y el liderazgo histórico de la Concertación de Partidos por la Democracia. La primera, por haber sido la gestora de la refundación nacional impuesta por la dictadura de Pinochet; y el segundo, por haber hecho suyo y consolidado pacíficamente las estructuras jurídico-políticas y económico-sociales heredadas de dicha refundación.

Respecto de la derecha, no pueden ser más ilustrativas las siguientes expresiones de uno de sus principales líderes, Andrés Allamand: “El cambio originado por el gobierno militar tuvo el enorme mérito de ser pionero. Hoy es parte del paisaje bajar aranceles, privatizar, impulsar un régimen laboral moderno, poner en marcha un sistema previsional apoyado en la capitalización individual y en la administración privada de los fondos (…) ¿Qué hubo tras la decisión de Pinochet? ¿Intuición, visión, conocimiento? Para mí, una gran demostración de liderazgo y coraje político para mantener firme el timón cuando el mal tiempo arreciaba (…) El modelo (económico) le aportaba una propuesta coherente y de paso le brindaba una coartada para el ejercicio prolongado del poder: si el gobierno chileno no se hubiera embarcado temprano en un proyecto de transformación de gran envergadura, jamás habría podido sostener aquello de las ‘metas y no plazos’.

Allamand con los militares

Una revolución de esa magnitud –eso es lo que era- necesitaba tiempo. De otro lado, Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema” (Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, Santiago, 1999; p. 156).

Es decir -como lo reconoce crudamente Allamand- que el proyecto de refundación neoliberal elaborado por los chicago-boys no podía ser establecido en nuestro país sino a través de un régimen que “ejerciera sin restricciones el poder político”. Esto es, de una dictadura que no tuviese límites en cuanto al uso de la coerción, violando sin contemplaciones los derechos humanos en la medida que “fuese necesario para materializar las transformaciones”. De allí, lógicamente, surge la justificación histórica de las desapariciones forzadas de personas; las ejecuciones extrajudiciales; las torturas; los campos de concentración; las detenciones arbitrarias; los allanamientos masivos de poblaciones; los exilios; las relegaciones; los amedrentamientos selectivos; los toques de queda por años; los cierres y censuras de medios de comunicación; las intervenciones de las universidades; las exoneraciones por razones políticas; etc.

Es claro, puesto que sin lo anterior habría sido imposible imponer una Constitución autoritaria; una legislación totalmente violatoria de los derechos laborales y sindicales como el “Plan Laboral”; un sistema de previsión tan cavernario como el de las AFP; un sistema de salud totalmente segmentado como el de las ISAPRE; una ley que permitiera la entrega progresiva de nuestros recursos naturales como la de Concesiones Mineras; las inmensas privatizaciones hechas a favor de grandes grupos económicos que se constituyeron en verdaderos regalos de bienes de todos los chilenos; la destrucción o neutralización del conjunto de las organizaciones representativas de los sectores populares y medios como los sindicatos, las juntas de vecinos, los colegios de profesionales y técnicos, las cooperativas, las organizaciones de pequeños productores; etc. Es decir, un sistema económico-social neoliberal como el diseñado por los chicago-boys y que se impuso durante la década de los 80.

Como la derecha se dio cuenta también que en la época actual no tiene presentación alguna –y menos en occidente- la mantención indefinida de un régimen explícitamente dictatorial; obtuvo de Pinochet la imposición de una Constitución que, más allá de sus formalidades democráticas, mantuviera una estructura de poder autoritaria que le permitiera preservar indefinidamente dicho sistema económico. En este sentido ayudaba mucho la atávica tradición chilena de compaginar elegantemente formalidades democráticas con realidades autoritarias.

Lo anterior nos permite entender la hábil construcción efectuada en este sentido con la Constitución de 1980, cuyo máximo inspirador fue el fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Este último ya en 1979 dejó muestras de su diseño maquiavélico, al señalar que “en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” (Jaime Guzmán.- El camino político; Revista Realidad, Diciembre, 1979; citado en Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile, Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997; p. 274).

De allí se entiende el establecimiento de artilugios que bloquearan en el futuro la posibilidad de que prácticamente seguras mayorías electorales de centro-izquierda pudiesen transformar el sistema impuesto por la dictadura. Es decir, los altos quórums requeridos para transformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales; el sistema electoral binominal; los senadores designados; la cesación de su cargo para parlamentarios que propusiesen métodos efectivamente democráticos de reforma de la Constitución; y la virtual imposibilidad de recurrir a plebiscitos para zanjar diferencias constitucionales y legales entre los diversos poderes públicos.

Obviamente, que la convocatoria a una Asamblea Constituyente libremente electa echaría por tierra este diseño y la refundación nacional impuesta por la dictadura de Pinochet que perdura hasta el día de hoy. De ahí el extremo temor manifestado por el liderazgo de la derecha ante el surgimiento de agrupaciones ciudadanas que han tomado conciencia de todo lo anterior y están demandando crecientemente dicha convocatoria.