Por Ciper Chile (*)
Cerca de 13 millones de chilenos pueden elegir alcaldes y concejales en la elección de este domingo 28 de octubre. Por primera vez todos los mayores de 18 años podrán sufragar, si desean hacerlo. Los candidatos se desviven por capturar la atención de unos cinco millones de nuevos votantes y el gobierno ultima los detalles para que el escrutinio sea impecable. Es la “fiesta de la democracia”, como habitualmente califican las jornadas electorales -con escasa originalidad- dirigentes políticos y autoridades. Lo que nadie dice es que los anfitriones de esta fiesta están en bancarrota.
El sistema de financiamiento municipal entró a la UTI hace años y sobrevive con respirador artificial. Los gobiernos comunales operan sobre la base de triquiñuelas y resquicios para administrar sus fondos, burlando las leyes que limitan sus gastos y enmascarando el sobreendeudamiento. Todos los que debiesen fiscalizar el cumplimiento de esas normas conocen estas trampas, pero prefieren mirar para el lado: alcaldes, administradores municipales, Parlamento y gobierno.
Los municipios sobreviven con presupuestos que nacen desfinanciados; las plantas de funcionarios son ridículamente pequeñas en relación al cúmulo de servicios que entregan; los contratos a honorarios se han disparado a niveles absurdos -mediante el artilugio de presentarlos como gastos en “servicios comunitarios”- y se arrastran deudas por años, especialmente en el controversial rubro de la basura, las que se manejan a través de repactaciones y “bicicletas” financieras. Si las cuentas de los municipios se revisaran como se hace en las empresas privadas, buena parte de lo que presentan como “deuda flotante” no pasaría el filtro de una auditoría normal y muchos serían candidatos a la intervención de un síndico de quiebras.
El marco legal que norma las remuneraciones municipales -a cuántas personas se puede contratar y cuánto se les puede pagar- no ha tenido reformas significativas desde 1993. Por eso, aquellas municipalidades que en estas dos décadas registran una acelerada multiplicación de sus poblaciones -como Puente Alto, Maipú y Quilicura- sólo pueden atender los requerimientos de sus residentes gracias a trampas que les permiten sortear los límites de gasto que impone la ley. Por norma, los municipios debiesen tener dos funcionarios de planta por cada mil habitantes. Sin embargo, Puente Alto tendría que tener 1.400 funcionarios permanentes, pero sólo cuenta con 271.
Los pagos de honorarios
Lo que sucede en Puente Alto con la exagerada multiplicación de los honorarios no es un asunto aislado. El total de los gastos en honorarios por “servicios comunitarios” que realizan los 34 municipios estudiados suma $37.360 millones (unos US$78,6 millones). Cada año entre 24 y 26 municipalidades (cerca del 75% del total) superan la norma legal que limita los honorarios a no más del 10% del gasto en la “planta”.
Con mano blanda, las autoridades toleran la trampa de las contrataciones en “servicios comunitarios” para permitir el funcionamiento de municipalidades que se verían prácticamente paralizadas si se ajustaran a las normas.
Los documentos enviados a CIPER por La Florida, por ejemplo, demuestran que se ha contratado por la vía de los “servicios comunitarios” a personas que realizan labores delicadas, propias de un funcionario de planta. Es el caso, por ejemplo, de una persona que figura a honorarios en 2010, 2011 y 2012, que debe hacer la “evaluación mensual del sistema de control de conciliación bancaria; revisión de abonos y cargos en cuenta corriente; listado de cheques a proveedores girados, cobrados y no cobrados; implementación de estudio de cobranza de cheques protestados, en cancelación de permisos y derechos municipales”. Por todo esto, le pagan $366.245.
Deuda flotante
Por definición, “deuda flotante” es el traspaso al presupuesto del año siguiente de aquellos pagos que no se pudieron liquidar antes de cada 31 de diciembre. Estas son las facturas devengadas (aceptadas para el pago) pero no canceladas dentro del año.
La suma total de la “deuda flotante” declarada a la Contraloría por los 34 municipios asciende a $18.566 millones (cerca de US$39 millones). En cuanto al valor absoluto, los seis primeros lugares en 2011 fueron ocupados por las municipalidades de Maipú ($3.678 millones), Recoleta ($ 2.745 millones), Quinta Normal ($ 1.705 millones), Quilicura ($ 1.337 millones), La Florida ($1.207 millones) y La Reina ($1.158 millones).
Gastos por publicidad
En el ranking de valor absoluto en este rubro, elaborado con los gastos en “difusión y publicidad” del primer semestre de 2012, figuren en los primeros lugares las comunas más ricas del país, como Vitacura ($229 millones), Providencia ($224 millones), Lo Barnechea ($217 millones) y Las Condes ($145 millones). Tampoco causa sorpresa que entre los diez primeros puestos esté la municipalidad con mayor cantidad de habitantes: Maipú (con cerca de un millón de residentes gastó $194 millones). Lo que resulta curioso es que en esos puestos de avanzada se ubiquen algunas municipalidades que atienden a una población bastante más vulnerable, como Renca ($184 millones) y Quilicura ($ 119 millones).
Al comparar la evolución del gasto en “difusión” en el mes de agosto de 2011 versus agosto de 2012 (cuando la campaña electoral ya entraba en tierra derecha), en Peñalolén pasó de $7,5 millones en agosto del año pasado a $12,7 millones en agosto de este año; en Vitacura subió de $1,2 millón a $39 millones; en Lo Barnechea subió de $17,2 millones a $64,7 millones, aunque su alcalde y candidato a la reelección, Felipe Guevara (RN), explicó a modo de atenuante que el presupuesto global del municipio se incrementó en 34% este año; en Pudahuel el monto se elevó de $3,9 millones a $ 6,3 millones; San Bernardo registro un alza de $19 millones a $32,8 millones; Puente Alto anotó un incremento de $6,5 millones a $10,3 millones; Estación Central pasó de $5,3 millones a $9,4 millones; en Ñuñoa la cifra subió de $5 millones a $13,5 millones y en El Bosque de $2,3 millones a $10,8 millones.
En Ñuñoa el promedio del gasto en “difusión y publicidad” entre 2009 y 2011, fue de $228 millones, lo que ubicó a esa comuna en los primeros lugares de los rankings de cada año. Hasta junio de 2012, ya había desembolsado $177 millones, correspondiente al 78% del promedio de los tres años anteriores. En el caso de Renca, en todo el 2011 desembolsó $157 millones en “difusión” y en 2012, hasta junio, llevaba en su cuenta $184 millones; Lo Barnechea pasó $202 millones en 2011 a $217 millones en 2012; San Bernardo de $73 millones a $91 millones; La Cisterna de $11 millones a $20 millones y Estación Central de $63 millones a $66 millones.
(*) - Esta investigación ha sido reducida por la redacción de Kradiario debido a problemas de espacio y lectura
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