CORTE RECHAZA RECURSOS DE NULIDAD EN CASO BOMBAS – NUEVO GRAVE REVÉS PARA EL GOBIERNO Y EL MINISTRO HINZPETER
La Corte Suprema rechazó hoy los recursos de nulidad del fallo en el denominado "caso Bombas" que habían sido presentados por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, cerrando definitivamente el proceso. Ambos organismos habían recurrido a la Sala Penal del máximo tribunal para pedir la revisión del veredicto que absolvió el 13 de julio a los seis acusados por delitos terroristas por la supuesta colocación de artefactos explosivos en diferentes puntos de Santiago.
La resolución fue considerado como un serio revés para el gobierno de Sebastián Piñera. Su vocero, Andrés Chadwick, declaró que si bien se respetará y acatará el veredicto de la Corte Suprema, dijo que tras esta decisión trabajarán con mayor fuerza para modificar la reforma procesal penal para entregar menos garantías a los delincuentes.
El presidente de la Sala Penal, Milton Juica, leyó el fallo que expresó que "en relación al recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, el tribunal ha determinado que con respecto de las causales relacionadas con infracción de garantías constitucionales establecidos en la letra A del artículo 373, los antecedentes aportados por el Ministerio Público en la prueba que se rindió al efecto y los argumentos que se han dado no han sido suficientes para convencer al tribunal para acoger esa causal de nulidad".
El ex presidente de la Corte agregó que "en lo que se refiere a los motivos absolutos de nulidad que también ha aducido el Ministerio Público con respecto a la tramitación de la causa y a los vicios que se pudieron haber cometido en la dictación de la sentencia, igualmente el tribunal por unanimidad ha estimado que no se ha podido demostrar en los recursos ni en los antecedentes probatorios que se han aportado para este fin los motivos absolutos de nulidad".
Finalmente resumió que "por lo tanto ambos causales han sido desestimados por sentencia de este tribunal". Y luego leyó un fallo idéntico para los recursos interpuestos por el Ministerio del Interior, con lo que quedó definitivamente cerrado el caso bombas.
Reacción del Gobierno
El fallo absolvió definitivamente a los seis acusados. Chadwick subrayó que el Presidente Piñera insistirá en llevar adelante “una reforma a la reforma procesal penal”, para poder plantear al Parlamento modificaciones que busquen mantener todo lo positivo de la reforma, pero que fundamentalmente busquen modificaciones para la protección de las víctimas". Sus declaraciones fueron criticadas hoy por distintos medios de comunicación que opinaron que las declaraciones del vocero estaban fuera de contexto, ya que la resolución de la Corte se adoptó por falta de pruebas que no fueron capaces de presentar ni el Ministerio del Interior ni la Fiscalía.
En ese sentido, Chadwick recordó que mañana en el Palacio de La Moneda habrá una reunión especial encabezada por el Presidente Sebastián Piñera con los ministros del comité político y con el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, para dedicarse especialmente al tema de la reforma y "tener lo antes posible un proyecto de ley que garantice la protección a las víctimas y no a los delincuentes".
"Digo esto a raíz del caso Bombas, en donde hay un aspecto que nosotros también pretendemos modificar, que dice relación con la facultad única y exclusiva y no revisable del juez de garantía en términos de excluir pruebas", enfatizó.
El secretario de Estado señaló que en el Gobierno "creemos que una persona, un juez, que tenga una atribución tan amplia de la cual no necesita dar fundamentos de ella y no puede ser revisada por un tribunal superior y que consiste en excluir pruebas por considerarlas impertinentes no es efectivamente algo que nos pueda garantizar un debido proceso tanto para quien es acusado como para quien es acusador", concluyó.
Historia del caso Bombas
Los seis imputados en el bullado caso Bombas fueron absueltos el 13 de julio pasado por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Ellos son los últimos imputados que quedaron hasta el final del juicio de los 14 detenidos iniciales: Francisco Solar Doiminguez (32), Gustavo Adolfo Fuentes Aliaga (31), Felipe Ignacio Guerra Gajardo (23), Monica Andrea Caballero Sepúlveda (23), Omar Hermosilla Marin (46) y Carlos Luis Riveros Duque (33).
La resolución fue entregada por la jueza Marcela Sandoval, presidenta del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien fijó el día 2 de agosto como fecha para realizar la lectura de la sentencia. Los cuatro primeros eran acusados de colocar artefactos explosivos en distintos puntos de Santiago y Riveros y Hermosilla de financiar el terrorismo. Sin embargo, el juzgado recalificó los delitos de daños, incendio, y lesiones.
El juzgado desestimó las pruebas presentadas y consideró que el Ministerio Público no logró acreditar la participación de los imputados en los bombazos.
Uno de los argumentos principales del tribunal para exculpar a los imputados fue que la declaración de Fuentes Aliaga, que permitió abrir la investigación, había sido de carácter ilegal. Esto, porque fue hecha sin presencia de un abogado defensor
Cronología del Caso Bombas
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quien se le acusó de haber "manipulado" la investigación, declaró en mayo ante el Tribunal diciendo que él no tuvo ninguna participación en dicha pesquisa.
En julio, el ministro Hinzpeter se refirió al veredicto del caso bombas diciendo: "Este fallo no pone fin ni debilitará el esfuerzo del Ministerio del Interior por procurar que los tribunales de Justicia esclarezcan quienes son los responsables de las bombas" y de los artefactos explosivos que fueron colocadas y que han causado la muerte de un compatriota, lesiones en otros y han dejado distintos daños materiales.
"La colocación y detonación de artefactos explosivos no es un hecho que se discuta, saber quienes son los autores de dichos actos es algo que ha quedado pendiente", dijo el ministro.
El Caso Bombas "reventó" el 14 de agosto de 2010, cuando el entonces fiscal metropolitano sur Alejandro Peña, en la denominada Operación Salamandra, encabezó una arremetida contra 5 casas okupas que terminó con la detención de 14 miembros del movimiento anarquista. Cabe recordar que el mismo ex Fiscal Peña está implicado hoy en el caso de las adquisiciones a sobreprecio para el combate del narcotráfico.
El 4 de abril de 2011, el fiscal Peña presentó acusación en contra de los 14 por los delitos de asociación ilícita terrorista, colocación de artefactos explosivos terroristas y financiamiento de actividades terroristas. Además, presentó 6.744 pruebas y testigos.
El 6 de abril de ese año, es decir, 2 días después de presentar la acusación, el fiscal Peña renunció a la jefatura de la Fiscalía Sur y el 11 de ese mismo mes asumió como jefe de la División de Estudios de la recién creada Subsecretaría de Interior y Seguridad Pública.
El 3 de octubre de 2011, después que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la mayoría de las pruebas presentadas por la Fiscalía Sur, ésta resolvió no perseverar en la imputación de asociación ilícita terrorista y los 14 anarquistas fueron absueltos de ese cargo.
Sin embargo, la fiscalía mantuvo la imputación en contra de Caballero, Guerra, Solar y Fuentes por presunta colocación de artefactos explosivos terroristas, y contra de Riveros y Hermosilla por supuesto financiamiento de actividades terroristas.
Los seis imputados estuvieron en juicio desde noviembre de 2011, pero sus abogados han diferido en sus argumentos, sobre todo luego que la Defensoría Popular –representante de 4 de los 6 imputados- decidió citar a declarar al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
El pasado 24 de mayo, en una inédita comparecencia, el jefe de gabinete enfrentó al tribunal que se constituyó en dependencias del Departamento de Extranjería, en calle San Antonio. En el interrogatorio, el jefe de gabinete negó las acusaciones de montaje, y respondió las preguntas del abogado Rodrigo Román. Respecto a la relación con el ex fiscal Peña, quien luego fue fichado como jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, fue enfático en que sólo le ofreció la colaboración que le permitían sus atribuciones legales.
La última fase del caso estuvo concentrada en los alegatos de clausura y la sugerencia de los magistrados de recalificar sólo como delito de daños los 4 atentados explosivos que se están analizando en el proceso.
La recalificación provocó el inmediato rechazo de La Moneda que argumentó que la decisión "cuesta comprenderla jurídicamente cuando se trata de una bomba, de un explosivo que puede causar daño a las personas", según señaló el vocero Andrés Chadwick en su momento (Cronología de La Nación de Santiago).
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