KRADIARIO

ASÍ OPERABAN LOS DETECTIVES CORRUPTOS

Por Walter Krohne

Quizá sea el mayor escándalo policial de los últimos años registrado en Chile, al menos del actual período de Gobierno, porque es un caso que involucra hasta ahora a diez ex detectives y cuatro civiles y que comprende un conjunto de 123 delitos graves, como torturas, repetidas “mexicanas de drogas”, amenazas, enriquecimiento ilícito y una red de protección a los narcos.

Las indagatorias han podido establecer la crueldad con que operaban los imputados, que obligaban bajo amenazas a los civiles a actuar como informantes a los cuales les quitaban luego la droga y el dinero. Igualmente con amenazas exigían a “sus víctimas” dar los nombres de los proveedores de la droga y a fijar encuentros con ellos. A estas citas acudían también los detectives que en forma violenta se apoderaban de estupefacientes y dinero, además de reunir información de otros microtraficantes, con quienes actuaban de la misma forma.

Es decir, en el fondo eran verdaderas cadenas de "mexicanas" de drogas donde los policías amedrentaban  permanentemente a sus “víctimas”.

Todas estas escenas se realizaban con un alto contenido de agresión física. Asi, los que no acataban las órdenes de los policías se les castigaba con golpes brutales propinados con gruesos y pesados libros, toallas mojadas o sistemas para causar principios de asfixia, como la cobertura de la cabeza de las víctimas para impedirles la respiración.

Según Carabineros, los cuatro civiles detenidos declararon haber sido extorsionados por los policías, quienes mediante maltratos obtenían la información sobre los domicilios en los que había droga en la comuna de Pudahuel. Los sujetos entregaban la información, y en ese momento, los detectives se trasladaban a las direcciones indicadas, incautando la droga.

Aparte de estas operaciones de tortura, los mismos autores de los delitos serían fuertes consumidores de droga, habiéndose ya encontrado trazas de cocaína en los escritorios que ocupaban en la PDI.

Carabineros allanó ayer, en una operación que duró diez horas, catorce casas en las comunas de Cerrillos, Maipú, Quinta Normal y Santiago centro, hallando armas de fuego no registradas y otras especies, además de restos de drogas que habían sido incautadas y nunca entregadas a las autoridades.

Los investigadores están gestionando un permiso amplio para revisar las cuentas corrientes de los implicados y sus familiares, porque en algunas indagaciones superficiales se han encontrado información sobre cantidades de dinero que superan con creces las posibilidades financieras que tiene un detective.

Igualmente se han entregado a la Fiscalía varias grabaciones de conversaciones entre los detectives y los narcos. Igualmente en ”las escuchas” de los investigadores queda en evidencia de cómo estos engañaban a los fiscales inventando llamadas telefónicas al número 134 de la PDI a fin de conseguir las respectivas autorizaciones para efectuar allanamientos.

Esta cadena de ilícitos se realizó durante meses y años sin que las jefaturas se enteraran de cómo estaba funcionando la policía civil, lo que aparece ahora como una gran derrota para el Gobierno en su plan de lucha contra la criminalidad. Es por esta razón que entre los implicados no están todos los que deberían haber estado en los primeros momentos, es decir en la formalización del tribunal, sino muchos más, cuyos nombres se irán conociendo  a medida que la investigación siga avanzando.

¿Un nuevo fracaso para el Ministerio del Interior?