KRADIARIO

SANTIAGO ESTÁ CERCADO POR PELIGROSAS POBLACIONES CONTROLADAS POR LOS NARCOS

¿Ha perdido el control el Estado de Chile?

¿Vamos en dirección a un nuevo México?

Informe de Ciper Chile

Los pistoleros que cada semana hacen estallar la violencia en cuatro poblaciones de Quilicura --Parinacota, Raúl Silva Henríquez, Pascual Gambino y El Mañío--pertenecen a alguna de las dos bandas rivales que se disputan el control del sector para vender pasta base: Los Chubis y Los del Cojo Juan. Ellos manejan una parte de un mercado que, según datos oficiales, es ambiguo. Mientras la información del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), indica una baja leve en el consumo de pasta base a nivel nacional en los últimos años –de 0,7 a 0,4 entre 2000 y 2010–, informes de la Policía de Investigaciones (PDI) señalan que en el último año los decomisos han aumentado un 32,5% y que las detenciones de menores involucrados en delitos de drogas han crecido un 56%.

Casi todos conocen a los miembros de cada banda, pero nadie se atreve a denunciarlos. Los pocos que lo han hecho, han terminado peor.

Al otro extremo de Santiago, justo en el límite de La Pintana y La Granja, el miedo es el mismo. El 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, John Boles, párroco de la Iglesia Santo Tomás Apóstol de La Pintana, se acercó al altar, se persignó y como si fuera parte de un ritual, abrió el sagrario y sacó las hostias y el cáliz para resguardarlos en la casa parroquial. Lo secundaban feligreses que cargaban equipos de sonido y todo aquello de valor. Temían que Los Guarenes y Los Phillips, las dos pandillas que disputan el control de la zona (supuestamente desbaratadas en 2007), saquearan nuevamente el lugar, tal como lo hicieron meses antes el 11 de septiembre de 2011.

En 2009, CIPER descubrió que al igual que en Quilicura y los feligreses de la Iglesia Santo Tomás, en la Región Metropolitana vivían más de 660 mil personas repartidas en 80 poblaciones donde el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al tráfico de drogas son lo cotidiano. Zonas donde carteros, taxistas, choferes del Transantiago y otros servicios básicos no se atrevían a entrar y los vecinos vivían presos en sus propias casas por balaceras, robos y otros delitos. Llamaban a las policías y no llegaban. Lo mismo con ambulancias y bomberos. Lejos de colegios, consultorios, bancos, supermercados, farmacias y centros de pago, y entre sitios eriazos y basurales, eran zonas abandonadas por el Estado donde la única ley era la de aquellos que las han ocupado: la del narco.

A tres años de esa investigación, CIPER volvió a esas zonas y constató que el escenario es aún peor. Si en 2009 eran 80 poblaciones, hoy se han sumado otras tres a la lista En algunos sectores la situación se ha consolidado al punto de configurarse al menos tres macro-zonas ocupadas: San Luis, en Quilicura; Santo Tomás, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto.

Estadísticas aumentan y la droga llega desde Bolivia

Según estadísticas de la PDI, la incautación de pasta base, la droga que más se consume en las poblaciones, aumentó de 3.000 a 3.975 kilos entre 2009 y 2011. Y sólo en el norte, en lo que va de 2012, lo decomisado se ha quintuplicado respecto del año pasado: de 359 a 1.648 kilos. Ello se traduce en casi 14 millones de dosis más que en 2009. Si se considera que esas cifras no incluyen lo que sí llegó a las calles, la conclusión es clara: a Chile está llegando más droga. Y la ruta es por el norte. “Ha empezado a entrar más droga boliviana que peruana al país”, explicó Héctor Barros, fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Sur de Santiago.

La PDI estima que de lo incautado, más del 60% de clorhidrato de cocaína y sobre el 75% de pasta base proviene de Bolivia. Lo que no se decomisa llega a poblaciones periféricas de las ciudades, como las 83 zonas ocupadas detectadas por CIPER en Santiago: el espacio ideal para acopiarla y distribuirla.

En Bajos de Mena, el sector más vulnerable de Puente Alto, con cerca de 30.000 viviendas, más del triple de esa cifra en habitantes y un cuadrante que concentra el 14,1% de los delitos atendidos por Carabineros en 2011 en la comuna, ocurre algo similar. Viviana Fuentes, dirigente de dos juntas de vecinos, cuenta su experiencia: “Vivimos con el miedo constante de que nuestros hijos salgan un día y no vuelvan. En todas nuestras villas lo hemos visto: los niños salen y de repente se escuchan disparos. Algunos han muerto por alguna bala loca. Puede pasar en cualquier momento ", relata con voz entrecortada.

Cerca de allí está La Mamiña I, zona controlada por Los Patos Locos, una pandilla que se enfrenta a balazos y cuchillos con sus rivales de La Mamiña II por el control del territorio. Lo mismo pasa en la villa San Francisco y las poblaciones Pedro Lira, Marta Brunet o El Volcán; todas en el mismo sector y con sus propias bandas narco. Los vecinos de Bajos de Mena están resignados: “Aquí mandan los narcos, no la junta de vecinos ni el alcalde”, cuenta Silvana, a quien hace sólo unos meses le pusieron una pistola en la cabeza y le intentaron reventar el departamento por haber denunciado a unos vecinos que venden drogas.

En la población San Gregorio –que concentra el 26% de los delitos que la PDI investigó en La Granja en 2011–, René Dionisio Morales, El Lauchón, reinó hasta su muerte en 2009. En el pasaje donde residía hay animitas homenajeándolo e incluso le han escrito canciones al denominado “ rey de los choros”. También conocido como El Señor de la San Gregorio, para muchos Morales no era sólo un ex lanza internacional, era un héroe: nadie olvida las lujosas fiestas de año nuevo que organizaba en el barrio. “Los fuegos artificiales eran mejores que los de Valparaíso. Regalaba trago, comida y traía músicos para que la fiesta durara hasta la mañana siguiente”, cuentan los vecinos.

Lo mismo hacían Manuel Fuentes Cancino, El Perilla, en La Legua (San Joaquín) o Los Care’ Jarro antes de caer presos en La Victoria (Pedro Aguirre Cerda). Su poder es el que se disputan las bandas locales, y su fama –aún sin relevo–, la que ha hecho que muchos niños no aspiren a otra cosa que ser traficantes.

La mayoría de las 83 poblaciones detectadas por CIPER se encuentran en una segunda fase: la defensa armada de sus territorios.