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miércoles, 27 de marzo de 2013

Policía-delincuencia-Chile-Columna
 
LADRONES Y CUCHILLEROS: LOS ÁRBOLES NO DEJAN VER EL BOSQUE
 
Por Hernán Ávalos Narváez
Los chilenos tenemos una elevada percepción sobre la inseguridad frente a la delincuencia en el país (70,1%) aunque tratándose de nuestro barrio, esta disminuye a la mitad (36,6%). Es decir, donde vivimos nos sentimos más seguros.
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Esto al menos es lo que demuestra la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), efectuada por Instituto Nacional de Estadística (INE) con información recopilada en 2012, en comparación con el año anterior.
La muestra nacional representativa de hogares consultados arrojó una baja del 4,8% de victimización, lo que llevó al Gobierno de Piñera a celebrar el cumplimiento de una meta y  anunciar que ha redoblado las medidas represivas para ofrecer más protección.
Pero la oposición, rápidamente, impugnó la encuesta asegurando que fueron eliminadas 91 preguntas cuyas respuestas habrían dado resultados distintos, poniendo en duda la legitimidad del  procedimiento evaluativo.
 La verdad es que hay que hacer un esfuerzo para entender esta multiplicidad de cifras, las variaciones que permiten su comparación entre períodos, la forma en que son desagregadas por regiones y por comunas, ofreciendo aún más complicaciones para su entendimiento por parte  de los ciudadanos que, sin importar los números, continúan sintiéndose inseguros.
Por esta razón para evaluar las cifras de delincuencia de manera simple y fácil de comprender, las mediciones deberían hacerse por  tasas. Es decir, el número de denuncias por delitos específicos cada 100 mil habitantes, tal como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, terminando con  la manipulación de las encuestas y sus interpretaciones antojadizas, las cuales sólo contribuyen al descrédito de las políticas contra la delincuencia.
Más contraproducentes resultan estas muestras ordenadas por el Gobierno, habida cuenta que las tasas de denuncias por delitos son recogidas y analizadas por el Ministerio Público, el ente profesional e independiente de los demás poderes del Estado, el cual tiene las prerrogativas legales  para llevar adelante las acciones penales. Además atesora el registro de víctimas y tiene un protocolo de atención para ellas y sus familias.
Esta información simple, confiable, entendible por todos, debería servir de orientación fundamental para el trabajo de prevención y represión delictual efectuado por las policías.
Y para terminar por descalificar la credibilidad de las encuestas hay que hacer notar que las denuncias por faltas a la ley son resueltas por los Juzgados de Policía Local. Y las personas cuando son consultadas difícilmente pueden discriminar entre haber sido víctimas de delito o de falta. Incluso podrían hasta confundir el año o el lugar en que fueron victimizados. Por tanto esos datos así obtenidos resultarían engañosos.
Delitos contra la propiedad
Ahora bien, nuestra delincuencia está formada en su gran mayoría por ladrones, siendo los delitos contra la propiedad nuestro principal problema. Y entre estos el más frecuente es el robo cometido en viviendas, empresas, negocios o vehículos. Curiosamente existen campañas publicitarias de prevención sobre los accidentes de tránsito, el consumo de drogas, alcohol y tabaco, pero nunca han sido elaboradas campañas publicitarias contra los robos.
Y para defendernos de los ladrones las leyes nos permiten tener armas de fuego en los hogares o negocios y usarlas amparados en la legítima defensa. El porte está prohibido, pues  hemos renunciado a ese derecho en favor de los miembros de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones. Los ciudadanos por excepción pueden portar armas de fuego con un permiso especial.
Por otro lado la tasa de homicidios en Chile es muy baja y equivalente a la que tiene Suecia. El arma homicida de preferencia es el cuchillo. Por lo que a nuestros delincuentes deberíamos agregarles el calificativo de “cuchilleros”.
Nosotros hablamos de delincuencia, porque en nuestro territorio no hay crimen organizado, ni industria del secuestro, ni guerrilla. Los carteles de la droga han sido descubiertos cada vez que han incursionado en el país y las operaciones financieras sospechosas son intervenidas con oportunidad. Las policías son competentes y el sistema de persecución penal funciona eliminando los brotes de corrupción.
La delincuencia chilena está lejos de las tasas de criminalidad existentes en Colombia, Brasil o México.
¿Cómo explicar entonces que se mantenga la alta percepción de inseguridad de los chilenos?
Es cierto que la percepción es subjetiva, en eso no hay duda. Está a nivel de las emociones. Por eso algunas mujeres que viven solas corren a echar cerrojo a la  puerta cada vez que ven en televisión algún robo o delito violento, aunque estén lejos del lugar de los hechos. “! Está mala la gente ¡” decía mi abuela y me llamaba por teléfono para sentirse acompañada.
Pero no es sólo la sensación de temor ante la posibilidad de ser víctima de algún delito lo que explica las altas cifras de inseguridad. También genera inseguridad el temor a perder el trabajo, la incertidumbre sobre la capacidad financiera para matricular a los hijos en la universidad, las dudas sobre cómo enfrentar los gastos del hogar o una enfermedad grave, los abusos del mercado, el endeudamiento, la polución del aire, el aumento del parque automotor, entre una lista interminable de vulnerabilidades que afectan a los ciudadanos en un Estado como el nuestro, francamente indolente.
Porque tanto la inseguridad de las personas como la delincuencia tienen origen común. Nadie nace delincuente. La realidad social, el entorno, la familia y las circunstancias moldean a las personas, le inculcan hábitos y valores.
Por lo demás es sabido que hay una relación inversamente proporcional entre el aumento del ingreso y la disminución en las tasas de delitos.
 Así la política para controlar la delincuencia no sólo debiera estar orientadas a la represión de las conductas ilícitas, sino también apuntar a superar la marginalidad social, las deficiencias en salud y educación, la inequidad en la distribución de la riqueza producida por todos y la falta de oportunidades para los jóvenes que se incorporan al trabajo. Y en esto el modelo económico y quienes lo sustentan tienen la mayor responsabilidad.

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