ELECCIÓN ABIERTA DE LOS JUECES SERÍA POLITIZAR EL PODER JUDICIAL

Por Walter Krohne

Director-Editor de Krohne Archiv

Milton Juica no es “un funcionario cualquiera” dentro del Poder Judicial, es ni más ni menos que su autoridad máxima muy respetado y con mucho prestigio, trayectoria y conocimiento, además de estar finalizando su período como Presidente de la Corte Suprema. Es un serenense que le ha dedicado 39 años de su vida al Poder Judicial, después que ingresó como Juez de Letras de Andacollo en 1972. Es por esta razón y no por otra que sus palabras son tan valoradas y tienen un impacto profundo en el aparato político, donde algunos de sus representantes que a veces parecen hablar "tonterías".

Dentro del Gobierno se ha mencionado por ejemplo, como idea que se estaría madurando, la fórmula de elegir a los jueces en elecciones abiertas como si fueran diputados, senadores o alcaldes, sin pensar en el peligro que esto podría causar para el caso de una politización excesiva del Poder Judicial, que sería lo más probable, especialmente en un país como Chile, ya politizado en extremo. Creen los funcionarios que por esta vía se podría mejorar la situación de la seguridad ciudadana con resultados que son por ahora desastrosos.

Sólo un ejemplo: ¿Se imaginan elecciones de jueces con candidatos presentados por la UDI que en sus campañas prometieran una reducción de penas a todos los militares asesinos que están en prisión por violar los derechos humanos en dictadura? Sería una locura, desde luego, pero en un país como Chile todo puede ocurrir. Recordemos solamente la recientemente calificada como “locura” del Alcalde Labbé en Providencia.

Es cierto lo que dice el magistrado Juica, que la presión que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial ha llegado a ser tan o más fuerte que durante la dictadura militar.

Es decir, el Presidente de la Corte (ver Krohne Archiv) dijo unas cuantas verdades que deben haber impactado fuertemente, especialmente en el Ministerio del Interior, donde el titular Rodrigo Hinzpeter, en vez de mejorar las relaciones con el Gobierno, el Poder Judicial y el Ministerio Público, las ha seguido empeorando, especialmente en su pelea ya permanente con el Fiscal General Sabas Chahuán.

La política de seguridad del Gobierno fracasó y punto. Esto debería ser reconocido por el propio ministro Hinzpeter, pero no lo hace para no reconocer públicamente su propio fracaso. El puede ser un abogado muy destacado, inteligente y con ideas, pero simplemente no es el más idóneo para encargarse de la seguridad de los chilenos. En uno de los últimos intercambios de mensaje entre Hinzpeter y Chahuán, este último le respondió “que la prevención y el orden público no son labores del organismo que él encabeza (Fiscalía General) y añadió que, en consecuencia, el Ministro del Interior que esté en el gobierno, tiene que velar por el orden público y la prevención”.

Agregó que “la Fiscalía igual que el Poder Judicial, actúan después de cometido el delito. No me voy a pronunciar respecto de las declaraciones que varias veces ha dado el ministro del Interior. Si hay alguna inquietud que el ministro tenga, lo recibimos en audiencia, pero si lo hace por lo medios de comunicación y sobre temas en los que ya hemos expresado la opinión, no volveremos a referirnos”.

De esta forma, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, abordó una vez más la polémica que mantiene por  algunas semanas con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter.

Es decir, más clarito es echarle agua: “No moleste más Sr. Ministro y cumpla con sus tareas y obligaciones” parece haberle querido decir el Fiscal General al ministro Hinzpeter.

Queremos insistir en un punto central que ya hemos tratado en Krohne Archiv. Hay un objetivo nacional del Gobierno que es acabar con la criminalidad, la delincuencia callejera, los desórdenes en la vía pública y sobre todo con el saqueo. Para ello es necesario juntar a todas las partes que trabajan en el tema y crear un ente nuevo, moderno tecnológicamente, con mucho presupuesto y formado por funcionarios capacitados. Para ello es necesario que trabajen estrechamente unidos el Ministerio del Interior, la Fiscalía General, los tribunales, las policías de Investigaciones y Carabineros, las brigadas antidrogas, los servicios de seguridad ciudadanas de las municipalidades, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y otros organismos para formular un plan nacional de expertos destinado a un fin único y concreto que es acabar con este lunar canceroso que tiene Chile.

Para esto no hay que apropiarse de “créditos” o fracasos que son de todos, porque en esta batalla todos son exactamente iguales. Que no pase como en casos puntuales en que el Ministerio del Interior ha querido comunicar éxitos, que en realidad han sido fracasos. No debe volverse a repetir el caso del paquistaní Saif Khan, entre otros, que fue acusado y perseguido brutalmente como terrorista sin serlo y como dice ahora la CIA de Estados Unidos, en Chile no se le pudo acusar de ningún delito, aunque habría tenido contacto con al menos un sospechoso de terrorismo. Este fracaso fue tan lamentable y notorio que dejó una herida profunda en el Ministerio del Interior que siempre ha querido curar.

El fin de semana pasada El Mercurio, en dos días seguidos -2 y 3 de diciembre- publicó sendas notas que le habrían sido entregadas por el Ministerio del Interior sobre los pasos que Khan habría dado en Chile, lo que le significó a las autoridades chilenas ocupar ocho meses de investigación para finalmente no aclarar absolutamente nada. El paquistaní fue absuelto por falta de méritos, contrajo matrimonio con una joven chilena y en enero de 2011, aburrido de la burocracia chilena, abandonó el país vía aérea y desapareció para siempre. Los sabuesos chilenos, que no pudieron seguirle más la pista, reciben ahora un informe de la CIA que dice: “Khan con toda posibilidad tuvo contacto durante marzo de 2009 con Muhamad Shahid Hussain, el facilitador de la TTP para un atentado frustrado en Times Square en Manhattan, Nueva York, y antiguo compañero de habitación de Faisal Shahzad, quien instaló la bomba que no alcanzó a estallar”. La pregunta es: “¿Cómo el sistema de seguridad chileno, que investigó ocho meses, no supo nada de esta curiosa versión de la CIA,  que además no necesariamente debe ser totalmente creíble?

¿Qué pasa con nuestros organismos y nuestras policías que al parecer no funcionan adecuadamente o les falta mayor cohesión e intercambio de información?