Por Abraham Santibañez
Finalmente -por lo menos por este año- se han calmado las aguas en el conflicto estudiantil. La pobre convocatoria de la última demostración en Valparaíso, así lo indica. Las peticiones no se solucionaron en la calle. Tampoco en el campo político donde apenas se logró la aprobación del presupuesto entre suspiros, quejidos y recriminaciones.
Como esta tregua, que no sabemos si es temporal o definitiva, coincidió con la entrega de la última encuesta Adimark, el gobierno se apresuró a cantar victoria. Por unos días, el Presidente ha exhibido su mejor sonrisa.
La opinión, reiterada en el oficialismo, es que finalmente el trabajo empieza a rendir frutos. La cuenta, no siempre muy clara, incluye el fin de las listas de espera del Auge, el fin del descuento del siete por ciento de los jubilados y una leve baja en la cesantía. Pero, cada uno de estos logros tiene una debilidad implícita.
Como siempre –y no solo en este gobierno- las cuentas se ajustan con demasiada rapidez. Se han escuchado voces, incluso, que auguran no solo un futuro esplendor sino el final de las malas calificaciones.
Se ignora, claro, que no todo es alegría. Después de la colusión de las farmacias, reaparece esta misma práctica a un nivel que supera todo lo imaginable. Las empresas avícolas, dice la autoridad, se coludieron para fijar los precios mediante acuerdos que iban desde el manejo de la producción hasta la masacre del exceso de pollitos recién nacidos.
Todavía está pendiente el caso de La Polar y, de nuevo vemos que para algunos sectores (al parecer los más pudientes) no hay límite en materia de negocios. No hay, en estos casos al que se debe agregar el tráfico de paraguayos y otros inmigrantes, barreras éticas. Y, además, las sanciones legales son débiles e insuficientes. Organizaciones de trabajadores han dicho reiteradamente que los castigos pecuniarios resultan, a la postre, un buen negocio: la ganancia ilícita suele ser mayor que la multa.
Retornamos a la lección fundamental: la libertad económica requiere controles. Como lamentablemente la buena voluntad proclamada no es suficiente, habrá que establecer regulaciones impuestas por el Estado y duras penas, económicas y corporales, para los infractores.
Otra situación, diferente pero homologable, es la que se devela en las Fuerzas Armadas: intermediarios beneficiados con largueza en las compras de armamentos; estudiantes promovidos “por pitutos”... sensación de impunidad, en suma.
Puede ser una paradoja, pero es evidente que un gobierno de derecha, como el actual tiene más posibilidades de poner riendas a las grandes empresas y a quienes hasta ahora han abusado de la ley o la falta de controles. Si así ocurriera, habría reales motivos para celebrar.
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