CORRUPCIÓN HISTÓRICA EN CHILE-KRADIARIO
HOY COMO AYER: CORRUPCIÓN TOTAL ENTRE 1891 Y 1925
Por Felipe Portales
Una
de las principales características de la República oligárquica desarrollada a
comienzos del siglo XX fue la colusión generalizada entre los poderes
económicos y políticos. Los procesos electorales mismos, posteriores a 1891,
estaban distorsionados fundamentalmente por tres mecanismos de corrupción de la
voluntad popular: el cohecho, el acarreo de inquilinos y los “tuttis”.
El
cohecho (compraventa de votos) se hacía posible porque cada partido político
producía sus propias cédulas de votación, de modo que cada una era
diferenciable. Así, el apoderado de cada mesa podía verificar completamente en
el escrutinio si quien había vendido su voto había cumplido su “compromiso”. En
un tiempo en que todos los partidos -con excepción del Democrático- tenían
direcciones oligárquicas, disponiendo de mucho dinero, el cohecho era
generalizado y se efectuaba en las ciudades y pueblos a lo largo del país.
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Pese
a ser ilegal, fue plenamente legitimado por la sociedad chilena de la época.
Ilustrativamente, podemos ver cómo un diario de la época (El Ferrocarril)
publicó en marzo de 1906, sin mayor escándalo, una proclama lanzada en San
Francisco de Mostazal a favor del candidato a diputado liberal-democrático
(balmacedista), Enrique Zañartu Prieto: “¡Atención! ¡Atención! El mayor de los
regalos nunca vistos en Chile. ¡Una vaca lechera con cría al pie, de toro fino!
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Además de la gratificación que se repartirá a todos los electores que voten por
el Sr. Zañartu, se les dará un boleto para tener derecho a entrar en una rifa
de una vaca lechera con cría al pie, de toro fino, que se tirará inmediatamente
después de la elección, y al que le toque el número premiado puede llevársela
en el acto, dando su contramarca, pues estará desde temprano en el pueblo a la
vista de los electores (…) Nota: los que no voten por Zañartu no tendrán
derecho a número para la rifa (…) Los Comisionados han tomado las medidas
necesarias para el buen cumplimiento al depositar los votos a favor del Sr.
Zañartu. ¡Viva don Enrique Zañartu! ¡Viva Balmaceda! ¡Como un solo hombre a
votar por Zañartu!” (Julio Heise. El Período Parlamentario 1861-1925; Tomo II;
Edit. Universitaria, 1982; p. 233).
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Acarreo
de electores
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| El Partido Balmacedista y su líder Juan Luis Sanfuentes eran los que más se distinguían en esa corruptela. |
“Tutti” se les denominaba a un conjunto de
fraudes que hacían los caciques políticos comunales que controlaban el proceso
de votación, ya que desde 1891 se encargaron las municipalidades del proceso
electoral. Fraudes que iban desde impedir la inscripción electoral de conocidos
opositores, hasta el robo de actas y urnas; pasando por hacer votar a los muertos,
orquestar la detención de opositores impidiéndoles votar, y falsificar los
escrutinios. Esto dio lugar al juicio lapidario del destacado político liberal
Manuel Rivas Vicuña: “El régimen electoral estaba completamente podrido”
(Historia Política y Parlamentaria de Chile; Edic. de la Biblioteca Nacional,
1964; p. 263). Estos fraudes alteraban tanto las elecciones, que en 1914 se
entregó el control electoral a una Junta (sorteada) de mayores contribuyentes,
lo que terminó con aquellos. Pero, a su vez, dicho avance estimuló -en
compensación- una mucho mayor extensión del cohecho.
Negocios y política
Un
segundo factor fundamental de corrupción se manifestaba a través de dos
mecanismos similares de lobby: “La brutal del gestor administrativo y la sutil
del político que enhebraba negocios y representaba grandes empresas”.
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Así, se
producía un “sutil y hondo contubernio entre los negocios más importantes y que
movían más dinero -las salitreras, los bancos, las principales casas de
comercio foráneo- y los parlamentarios y altos políticos. A los cuales no les
era pedido por sus acaudalados amigos nada tan burdo como una gestión
administrativa, sino una especie de protección o patronato general ante los
poderes públicos. La recompensa era también discreta (…) pero sabrosa: cargos
de directores en bancos y empresas. Participación económica en éstas, con tan
holgado plazo para pagarla que casi, casi parecía un regalo. Y especialmente
abogacías. Las últimas eran las favoritas, porque una gran mayoría de los
políticos fueron abogados, y muy eficaces como tales; porque las empresas
comúnmente tenían muchos problemas jurídicos; porque éstos eran tan cuantiosos
que justificaban con decoro un honorario considerable; y porque en ellos era
donde más valía la influencia política” (Vial; pp. 600 y 602).
De
este modo, muchos de los más altos líderes políticos del periodo fueron
abogados, consultores o directores de bancos o de grandes empresas nacionales o
extranjeras. Incluso presidentes como Germán Riesco (1901-1906) que fue consejero
legal y director del Banco de Chile. O Ramón Barros Luco (1910-1915), que fue
consejero de la Caja de Crédito Hipotecario, director del Banco de Chile y
presidente de numerosas sociedades anónimas. O Juan Luis Sanfuentes (1915-1920)
que fue corredor de comercio, hombre de negocios y presidente y director de
bancos y sociedades anónimas. O el propio Arturo Alessandri Palma (1920-1925)
que como abogado de salitreras “ganó pleitos salitrales cuantiosos” en que “uno
solo le reportó como honorarios 75.000 libras esterlinas” (Vial; p. 602).
A
su vez, John North (“el rey del salitre”) tenía como abogados permanentes a dos
connotados parlamentarios liberales: Julio Zegers y Adolfo Guerrero; y “en una
u otra ocasión defendieron asimismo a North, ante los tribunales y las
autoridades, Enrique Mac Iver (PR), Marcial Martínez (PL), Vicente Santa Cruz
(PL) y Domingo Toro Herrera (PLD) (…) todos políticos muy conocidos con vasta
figuración ministerial, parlamentaria y diplomática” (Vial; pp. 604-5).
Tan
“natural” era también esta forma de corrupción, que Julio Subercaseaux -que
entre los directores de su empresa familiar (Banco Mobiliario) tenía a Enrique
Mac Iver y a Marcial Martínez- tildó a su directorio de “palo blanco” y que
cuando fue elegido diputado “mi investidura parlamentaria fue favorable para el
arreglo de diversas gestiones del banco”. Asimismo, el diputado liberal Alfredo
Irarrázaval denunciaba en 1901 en la Cámara que “es preciso decirlo fríamente
(…) son los bancos los que en Chile tienen la dirección de la política”. Y “¡El
mismo ‘hacía gestiones administrativas representando bancos’!, según
reconocería tiempo más tarde, atacado por el ministro Rafael Sotomayor en el
célebre debate sobre la Casa Granja” (Vial; pp. 602-3).
El botín burocrático
Un
tercer factor de corrupción lo representaba el “botín burocrático”, es decir,
la práctica de designar en la administración pública y en los tribunales de
justicia a personas por su sola condición de ser militantes o adherentes de un
partido político. En ese tiempo no existía una “carrera funcionaria” y los
jueces eran designados por el presidente de la República, a propuesta de un
Consejo de Estado designado por aquel.
Notablemente,
el partido balmacedista (liberal-democrático) y su líder Juan Luis Sanfuentes
eran los que más se distinguían en aquella corruptela. Así, en 1897,
“Sanfuentes con sentimiento declaraba que su partido, formado por hombres que
vivían al amparo del gobierno, no podía mantenerse en la oposición” (Rivas; pp.
53-4). Y “cuando los balmacedistas abandonaron el gobierno y la Coalición
(1898), Sanfuentes usó entonces la tribuna senatorial para recordar los cuatro
pilares básicos del pacto que su partido había celebrado con los demás
coalicionistas el año anterior. El cuarto pilar básico era tener los
balmacedistas un 10% de los cargos públicos, magistratura judicial inclusive”
(Vial; p. 596).
En
el caso de los nombramientos judiciales, el Consejo de Estado no tenía ningún
pudor: “Tan temprano como 1892 (…) los consejeros liberales doctrinarios (…) y
los radicales se aliaron (…) para no designar conservadores en la magistratura.
La campaña fue dirigida por los liberales Eduardo Matte y Eulogio Altamirano.
El último, en la sesión del organismo citado, dijo que eran muy peligrosos los
jueces adictos al bando políticamente opuesto. Razón: debían conocer y
sancionar los delitos electorales” (Vial; p. 596).
Lo
anterior repercutió naturalmente en una degradación del Poder Judicial: “Los
diputados, senadores y jefes políticos quisieron jueces a su amaño para que los
secundasen en su alquimia electoral; algunos más desvergonzados, los buscaron
para que les fallasen favorablemente sus pleitos privados (…) en una lucha
degradante, de la que se alejaban necesariamente las personas de mérito,
eternamente preteridas, porque no aceptaban compromisos previos con sus
padrinos, único resorte válido en esa miserable concurrencia.
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Así el juez
ignorante, complaciente o prevaricador pasó a ser la regla, y el hombre íntegro
y recto, sabio y justo, una ave rara, que generalmente moría de frío o de tedio
en algún rincón provinciano o era agobiado por una labor excesiva en la capital
de la República” (Carlos Vicuña Fuentes. La tiranía en Chile, LOM Ediciones,
2002; p. 50).
Corrupción en los municipios
Otro
grave factor de corrupción lo representaron los municipios y no solo por el
hecho de que controlaran (hasta 1914) el sistema electoral. La ley de la comuna
autónoma le entregó también grandes responsabilidades en la prestación de
servicios locales, lo que los convirtió en una presa muy atractiva para la
voracidad de los partidos: “Convertidas las municipalidades en una poderosa
fuerza electoral y económica (…) los partidos se disputaron su predominio y los
puestos edilicios fueron ocupados no por los ciudadanos más respetables y de
más espíritu público, sino por politiqueros inescrupulosos, dispuestos a servir
al partido por todos los medios en los actos electorales y en la repartición de
los empleos y de los negociados (…)
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Hay partidos que se han hecho célebres por
su voracidad insaciable para consumir presupuestos comunales: Iquique, Pica,
Valparaíso, Concepción y Talcahuano” (Alejandro Venegas. Sinceridad. Chile
íntimo en 1910; Edic. Cesoc, 1998; p. 73). A su vez, Manuel Rivas señalaba que
“eran tradicionales los malos manejos de las municipalidades del norte, las más
ricas de la República; la de Iquique estaba constituida en un negocio y en un
centro partidista” (Rivas; p. 416).
Por
último, y no menos importante, otro enorme factor de corrupción lo constituyó
las concesiones de inmensas extensiones de terrenos fiscales a unos pocos
privilegiados. De este modo, “las concesiones de tierras australes fueron uno
de los peculados y escándalos más gigantescos que se han cometido en la
constitución de la propiedad rural en Chile. Conspicuos personeros de la
terratenencia santiaguina compitieron en la especulación” (José Bengoa.
Haciendas y campesinos. Historia social de la agricultura chilena, Tomo II;
Edic. Sur, 1990; p. 167).
Escándalos mayúsculos
Esto
fue duramente criticado por el diputado conservador Joaquín Echenique, en
sesión del 23 de agosto de 1905: “Las concesiones de tierras hechas con el
pretexto de colonización y que no son sino regalos simulados de grandes
extensiones del territorio nacional, hechos contra todas las leyes, contra las
buenas prácticas administrativas, contra todas las lecciones de la experiencia,
y con tan refinado arte de los procedimientos, que ha llegado a formar una
industria nueva en el arte de apropiarse de terrenos fiscales por medio de
concesiones de colonización”. Echenique calculaba que las concesiones hechas en
las provincias de Malleco, Cautín, Valdivia, Llanquihue, Chiloé y Magallanes
“sumaban muchos millones de hectáreas de terrenos explotables” (Ricardo Donoso.
Alessandri, agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile,
Tomo I; Fondo de Cultura Económica, México, 1952; p. 88).
Pero
sin duda el mayor escándalo, en este sentido, lo causó un decreto reservado del
27 de febrero de 1906 (que se supo meses después) por el cual el gobierno de
Germán Riesco -so pretexto de reafirmación de la soberanía nacional- otorgó una
concesión privada por 25 años de gran parte del territorio de Tierra del Fuego
a Enrique Fabry y Domingo Toro Herrera, firmado exclusivamente por Riesco y su
ministro de Relaciones Exteriores, el liberal Federico Puga Borne (ver Leopoldo
Castedo. Chile: Vida y muerte de la República Parlamentaria; Edit.
Sudamericana, 1999; p. 27).
¿No
son impactantes las similitudes de esta gigantesca colusión de las elites
económicas y políticas chilenas con las que vemos en la actualidad? Las formas
son distintas, particularmente en el hecho de que las distorsiones de la
voluntad popular se han dado desde 1990 por el sistema electoral binominal;
sistema que, de acuerdo a la ley reciente en este sentido, solo será
completamente erradicado en 2021. Y que hoy, se dan aberrantes concesiones
marítimas de pesquería en lugar de las territoriales de hace un siglo…
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