KRADIARIO

COLUMNA-HUGO LATORRE-KRADIARIO

DE LA DEMOCRACIA POPULAR A LA SOCIEDAD CUPULAR

Por Hugo Latorre Fuenzalida

En el anterior período democrático, de democracia popular, el país llamado Chile era conducido por grupos de poder que se aglomeraban en los partidos políticos y desde ahí ejercían sus influencias acerca de la conducción del Estado.

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En el actual período de democracia cupular o fáctica, los partidos políticos ya no conducen al Estado; ya hemos visto que son simples mandados de los poderes económicos nacionales e internacionales,  simplemente por aquello de: quien paga pone la música.

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En la anterior democracia popular, los políticos para ser electos debían trabajar sus postulaciones en la base social y, desde ahí, presentaban sus credenciales a cada partido.

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En el Chile actual, de democracia tutelada, la base social no juega ningún rol, pues sólo votan los clientes interesados en obtener o seguir disfrutando de las granjerías que otorga el poder a través de sus mandamases.

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En la democracia popular, los candidatos presidenciales y los partidos que lo apoyaban, exhibían sus programas de gobierno al pueblo y mucha parte de su elaboración provenía de las demandas que ese mismo pueblo les formulaba  a través de sus diferentes estructuras organizativas. Es lo que se llamó un programa participativo.

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En el Chile  actual, de democracia mediática, los programas  no se dan a conocer de manera clara; las propuestas son siempre  referidas a lo periférico y el electorado tiene poca claridad  acerca de lo que se hará una vez estén instalados en el poder. Son los listados  de propuestas apenas enunciativas y emanadas del buró de campaña, más nunca de las demandas socialmente organizadas.

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En el Chile de democracia popular, los programas de gobierno se intentaban aplicar tal cual se habían dado a conocer a los  electores. Se daba una coherencia y fidelidad entre propuesta y ejecución programática.

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Hoy en día, al margen de que casi nadie puede dar cuenta de lo que los respectivos programas contienen, de todas formas de poco serviría conocerlos, pues, una vez instalados en el poder, se hace nada o todo lo contrario de lo prometido. Esto deja evidenciada la distancia que separa al elector de los elegidos en la pseudo democracia de las cúpulas.

En el Chile de la democracia popular, lo derechos ciudadanos tenían prioridad absoluta. Era una sociedad de derechos, aunque los recursos limitados del país no permitieran una inclusión universal. Pero todo el mundo percibía que, paso a paso, la política iba siendo el camino de construcción colectivo de una sociedad más justa e inclusiva.

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En el Chile cupular y plutocrático, los ciudadanos sienten que los únicos derechos resguardados constitucionalmente son los de propiedad y de la riqueza de los agentes económicos más importantes. Tan así, que los que antes se consideraba derecho de pertenencia no enajenable, como el agua, el suelo, la salud y la educación, en el sistema cupular se ha enajenado de manera absoluta y ad eternum, en pro del negocio de empresarios que exhiben sin tapujos sus derechos de propiedad económica, en preeminencia por sobre el derecho social de recursos que pertenecen a todos los chilenos y que forman parte de la esencialidad de la existencia humana.

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En los tiempos de la democracia popular se prohibía el lucro ejercido sobre actividades  categorizadas como derechos sociales: educación, salud, justicia, seguridad social.

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En este sistema cupular, todos los servicios sociales considerados  como derechos fundamentales de los ciudadanos han sido trasladados jurídicamente al ámbito del lucro y negocio privado, ocasionando una inmensa pérdida de  recursos particulares, sociales y públicos en favor de la acumulación privada de excedentes de negocios. Los excedentes y ganancias privadas en estos servicios corresponden exactamente a la pérdida de recursos, por elevación de costos, de los agentes sociales y populares o estatales. Esto corresponde a lo que se llama una transferencia estructural de recursos de un segmento social a otro.

En los tiempos de la democracia popular, el Estado era un agente activo del desarrollo; pero además fue por más de siglo y medio un actor eficiente y eficaz en el desarrollo de políticas económicas de gran repercusión: desarrollo minero, industrial, agrícola, energético, portuario, comunicacional, financiero, urbanístico, rural, vial, servicios hospitalarios, educacionales, vivienda, cultural.

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En tiempos de esta sociedad cupular se ha prohibido, inhibido y denostado al Estado. De tal forma que ya ha dejado de ejercer actividades económicas relevantes (con excepción de Codelco que pasó a ser minoritaria en el área).  En la actualidad el Estado sólo  se hace administrador del 18% de la riqueza del país, lo que le inhabilita totalmente para ejercer un rol  destacado en el desarrollo nacional, en ninguna de las áreas fundamentales para el futuro del país.

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En tiempos de la democracia popular, los altos funcionarios públicos se consideraban servidores  del Estado, labor que  se ejercía con dedicación y honestidad. Se mantenía un nivel de vida decente y holgada pero su retiro era poco diferente de los demás ciudadanos de entonces, pudiendo llevar una vejez asistida y satisfactoria. El Estado los valoraba como agentes esenciales otorgándole estabilidad laboral y ascensos por méritos y tiempo de servicio.

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Hoy, en esta sociedad cupular, los altos funcionarios públicos se han enriquecido de manera escandalosa en su pasar por la actividad gerencial de las empresas públicas. Muchas de las grandes fortunas  de hoy, provienen de la apropiación de recursos  públicos por parte de quienes se desempeñaron como altos ejecutivos de varias de las empresas del Estado o intervenidas: caso Banco de Talca (Piñera), electricidad (Yurazsek-Mackenna), Lan Chile (Piñera grupo Cueto), servicios de seguros del Estado (Délano y Lavín), Compañía Aceros del Pacífico (Roberto de Andraca), Soquimich (Ponce Lerou), etc., etc.  La licencias de rebatiña, de tierra de nadie, de territorio de frontera que se internalizó con la dictadura, se ha morigerado pero no eliminado en la fase de la democracia tutelada y empresarial.

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Las diferencias de estas dos sociedades, que se dan en un mismo país, en sucesión de poco tiempo, conforman en la actualidad una deformidad estructural tan monstruosa que obliga a pensar en cambios profundos en calidad de urgente.

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Las reformas cosméticas y parciales,  conforman a estas alturas una terapia periférica, subalterna e insuficiente. Las patologías sociales y la descomposición institucional es tan enorme que exigen una propuesta de cambios integral y acelerada.

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La actual generación de dirigentes  es clara y definitivamente incapaz de llevar adelante esa tarea, pues no creen en los cambios y, además, forman parte de quienes han sido demasiado beneficiados por el actual relación de poder cupular.