LEY DE PESCA-DUDAS-KRADIARIO
HACIA UNA LEY DE PESCA LEGÍTIMA
Y LIMPIA
Por Camilo Escalona
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La arista Corpesca en las pesquisas vinculadas al
financiamiento irregular de la política, a través de la entrega de boletas
“ideológicamente falsas”, vuelve a remecer el escenario político y judicial en
el país.
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No obstante, en este caso, no se trata sólo de la
responsabilidad de dirigentes políticos de primer nivel en estos hechos, sino
que debido a que los aportes en dinero fueron realizados durante largo tiempo,
lo que hace imposible la tesis de un aporte electoral, se plantea la muy
delicada situación de una indebida e ilegítima interferencia de un grupo o
sector empresarial, en el trámite y aprobación de la llamada Ley de Pesca, que
cubrió un extenso tiempo legislativo, entre los años 2011, 2012 y 2013,
determinando con sus disposiciones la suerte de las riquezas del mar, a lo
menos, para un periodo proyectado de dos décadas.
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Nunca me pareció un buen síntoma la permanente presencia de
ejecutivos y asesores del sector pesquero industrial en las tribunas y en la
cafetería del Senado hasta altas horas de la madrugada, era a lo menos un
exceso de celo, en realidad se ejercía una presión indebida; tampoco fue válido
el esfuerzo del entonces ministro Pablo Longueira de dividir a la organización
de los pescadores artesanales, quienes fueron los perjudicados más directos,
junto a toda la comunidad nacional, por lo que entonces se legisló.
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En tal contexto, como presidente del Senado, tuve el orgullo
de acoger en Valparaíso, en la sede del Congreso Nacional, a más de medio
millar de representantes de la pesca artesanal, provenientes de todo el país,
los que constituyeron el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), que
hizo múltiples esfuerzos para detener la entrega del mar a un reducido grupo de
controladores financieros.
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Asimismo, fui parte de la minoría parlamentaria que no pudo
detener la máquina que articuló el Gobierno de Piñera y que, simplemente,
arrasó, dotada de una voluntad inequívoca: imponer la ley como fuera. Incluso
recurrimos al Tribunal Constitucional y también nos derrotaron, aunque logramos
algo importante: el TC declaro que así como se aprobó se modifica, de manera
que una mayoría ahora puede rectificar sus disposiciones más injustas o falta
de transparencia.
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La justicia debe sancionar a quienes incurrieron en los
delitos de soborno o cohecho; pero además el Congreso Nacional debiese
legislar, ahora sin la presión del dinero encima, para así resguardar
efectivamente el interés nacional, en una materia de tanta trascendencia
geoeconómica, como lo son las riquezas marítimas del país.
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Las indagaciones del Ministerio Público, que afectan a
legisladores de ambas Cámaras del Parlamento, indican una etapa superior de la
cohabitación entre política y negocios, la de intervenir en el curso mismo de
la aprobación de esta ley, afectando severamente la legitimidad de este cuerpo
legal. No cabe duda que por ello la misma normativa esta irreparablemente
dañada. Los que actuaron de esa forma lo hicieron con el grave descriterio de
“pan para hoy y hambre para mañana”.
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Quienes lo advertimos no fuimos escuchados. Como en la
mitología griega, los dioses se enceguecieron, probablemente, un negocio
superior a más de mil millones de dólares anuales, por veinte años renovables,
les encandiló de tal manera que no midieron riesgos y abandonaron toda
prudencia. No pensaron que podrían ser descubiertos.
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La justicia debe sancionar a quienes incurrieron en los
delitos de soborno o cohecho; pero además el Congreso Nacional debiese
legislar, ahora sin la presión del dinero encima, para así resguardar
efectivamente el interés nacional, en una materia de tanta trascendencia
geoeconómica, como lo son las riquezas marítimas del país. Ahora la tarea es
trabajar para contar con una ley legítima y limpia.
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Ello también es parte del gran dilema, que está en el centro
de la preocupación nacional, concretar la agenda por la transparencia y la
probidad, a fin de restaurar la plena legitimidad de la institucionalidad
democrática en Chile.
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