CRISIS POLÍTICA Y EL DESALIENTO POPULAR DUELE Y CALA HONDO-KRADIARIO
EL SILENCIOSO DESPLOME DE MICHELLE
BACHELET
Por Walter Krohne
En Chile, la decadencia
popular y social es generalizada. En Santiago afecta a todas las comunas, no
solamente por el caos vehicular, la contaminación, las graves fallas y
deficiencias en el transporte público, sino por la depresión que origina la
serie de denuncias por fraude al Fisco y formalizaciones que han dejado
prácticamente a una parte de los congresistas y a otras autoridades sin la
capacidad moral para seguir en política o evaluando futuras leyes de la
República.
En otras palabras ya parece
que en Chile hay un déficit de autoridades en quien confiar, situación que está
retrasando la tarea presidencial de nombrar a una serie de autoridades cuyos
cargos están acéfalos. Hasta ayer Rodolfo Baier era subsecretario general de
Gobierno, pero se vio obligado a renunciar por supuestas irregularidades
cometidas con emisión de boletas ideológicamente falsas a pesar de haber sido
confirmado en el cargo por la Presidenta Bachelet en marzo pasado.
Esto afecta también a las regiones, donde hay muy pocas esperanzas
de que varias de las prometidas obras públicas y proyectos de bienestar
comunitario y social puedan llegar a
cumplirse en los próximos meses o en los años
que le quedan al Gobierno (33 meses), por falta de fondos, al menos en
la forma como se dijo durante la precampaña y luego en la campaña presidencial.
Todo esto está directamente
vinculado con la aplicación de una política económica inadecuada en momentos de crisis mundial que nos afecta no
sólo por factores internos sino también externos. Las turbulencias
internacionales, en EE UU, Europa y, por supuesto, en China y el mundo
asiático, nos tocan directa o indirectamente, y no sólo a los chilenos sino
también a los connacionales de varios
otros países latinoamericanos.
Sin embargo, vinculado a
estas falencias externas o internas hay
hechos que responsabilizan al Gobierno por no haber podido visualizar
oportunamente lo que podría llegar a ocurrir y conocer anticipadamente las
consecuencias. Para eso están los economistas y expertos –estudian para eso--,
pero esta vez se callaron la boca durante varios meses. El problema deficitario
explotó finalmente en un Comité Político el martes último, donde quedó en claro
que no se puede hablar más de grandes proyectos mientras la caja financiera del
Estado esté casi vacía.
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La gran solución que ha
surgido es renunciar en la práctica al
“progresismo” – un concepto archiutilizado, con el cual se ha engañado al
pueblo chileno- para volver a recurrir sin ninguna vergüenza al sector
empresarial privado, es decir pidiéndole en otras palabras un “salvavidas” para
poder seguir usufructuando del poder en el Palacio de La Moneda. La guerra
contra el llamado capitalismo debe cambiar bruscamente para navegar ahora con
él o bajo su alero o protección, lo que a mediados de 2014 era inaceptable
dentro de la Nueva Mayoría, donde predominaba todavía el concepto “quintanista”
(por su inventor Jaime Quintana) de la “retroexcavadora” que ha sido eliminado
en la práctica por el actual moderado nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos
(DC).
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El error en materia de
reformas emblemáticas fue haber hecho mal los cálculos sobre costos y exigencias, aparte de las que
hacía y sigue haciendo la gente de la
calle y las redes sociales, como también haberse equivocado en la formulación
de la reforma tributaria, que hoy afecta directamente más a la clase media que
a los más ricos. Sin embargo, en este punto y para ser justos, es necesario
recordar y tomar en cuenta que los desastres naturales cambiaron las condiciones
en Chile. Terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, desbordes de ríos e
incendios hicieron añicos cualquier presupuesto fiscal, con costos de
reconstrucción de más de US$ 12.000 millones que no estaban contemplados en ningún ítem separado o especial del presupuesto. Al comenzar 2014 en la discusión sobre la reforma tributaria se decía que ésta pretendía recaudar cerca de tres puntos del PIB -unos 8.200 millones de dólares- de los cuales, según el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, no menos de US$ 5.500 millones se utilizarían para la reforma educacional. Hoy sólo para este último presupuesto se mencionan ya cifras cercanas a los 14.000 millones de dólares.
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A todo esto se agrega el
ambiente enrarecido que se registra tanto dentro de La Moneda, como en los
partidos y en la Fiscalía y el Poder Judicial, con políticos, ex funcionarios
del Gobierno o colaboradores de la política con casos pendientes por hechos
irregulares graves, especialmente frente al Servicio de Impuestos Internos.
Esta situación, más temprano
que tarde arrastrará a las distintas fuerzas políticas a dejar de
escandalizarse y olvidarse de la moral para sentarse a conversar una fórmula a
largo plazo que signifique un nuevo “perdonazo” para los implicados, porque un
país no puede vivir eternamente bajo esta incertidumbre. Si esto ya se hizo
entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira en el 2003, ¿por qué no repetirlo nuevamente ahora entre,
por ejemplo, Michelle Bachelet y Hernán Larraín?, por poner un ejemplo.
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Uno de los socios de Nueva
Mayoría, el Partido Comunista entregó ya el domingo ciertas insinuaciones hacia
donde va la cosa. “Estamos en la calle y también en La Moneda. Que le vamos a hacer,
así están las cosas”, dijo en una entrevista con El Mercurio su líder Guillermo
Teillier. Puede llegar a pensarse tras esta declaración en un eventual abandono
del PC de la actual coalición, aunque quizá sería pensar en extremo o especular
demasiado. Teillier se quejó que como partido hace un año no hablan con la
Presidenta.
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A esto se suman las
declaraciones de la timonel del Partido Socialista que alertó sobre la
necesidad de adecuar la agenda del gobierno al actual escenario de desconfianza
de la ciudadanía. “Digámoslo con franqueza: el gobierno y el proyecto que éste
representa enfrenta momentos de debilidad", advirtiéndole a la Presidenta
que "no podrá cumplir con su programa por desaceleración económica”.
Si bien esto último es
cierto, es igualmente cierto que por el lado eminentemente político aparece
como factor en contra la falta de liderazgo de Bachelet, como lo demuestran las
últimas encuestas que le dan, además, un bajísimo apoyo ciudadano de sólo 23
por ciento (y un 63 por ciento de rechazo).
Mientras tanto las movilizaciones
en la calle siguen y los profesores y otros gremios siguen en huelga sin que a
nadie en el Gobierno o de las dirigencias sindicales se les haya ocurrido tomar
la batuta y reordenar las cosas.
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