KRADIARIO

CASO CAVAL-KRADIARIO

EL ROL CLAVE DE LUKSIC EN EL

 CASO CAVAL 

Por Carlos Huneeus (*)

Muchos lamentan la baja confianza en la política y los políticos entre los chilenos y se atribuye la responsabilidad a ellos de ese rasgo de la cultura cívica, sin que se considere que otros actores también han contribuido a ese resultado. Se denuncia a la autoridad o funcionario público corrupto, pero no se indica, generalmente, quién lo llevó a esa conducta.

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Se puede criticar a ministros y parlamentarios, cardenales de la Iglesia católica y a parlamentarios o presidentes de partido, que serían responsables de esa desconfianza, pero no se tiene similar actitud crítica hacia los principales capitanes de las grandes empresas, como si fuese necesario mantenerlos fuera del escrutinio público y no tuviesen responsabilidad en ese descrédito.

Esta falta de escrutinio es inexplicable porque hay una estrecha relación entre el sistema económico y el político, particularmente por la alta concentración de la riqueza y del ingreso, limitando la autonomía de la política. Una docena de familias controla un 20-25% del PIB, un hecho probablemente único en las democracias, y el 1% de los chilenos tiene una concentración del ingreso, según estudios de T. Piketty, de los más altos del mundo. 

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Esta concentración económica, junto a la debilidad de los partidos y las instituciones políticas, lleva a una menor autonomía del sistema político, acentuada por la  «puerta giratoria» de ex ministros y altos funcionarios de Gobierno que trabajan en o con el sector privado como empresarios, lobbistas o asesores que favorecen los intereses de los grandes empresarios. Ese es uno de los factores que define al sistema político chileno como una democracia semisoberana.

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La participación de Andrónico Luksic ha mostrado con meridiana claridad cuán vulnerable es el sistema político ante decisiones del poder económico, imponiendo la necesidad de enfrentar el nudo gordiano constituido por la concentración económica y su efecto en la democracia, una realidad que no se plantearon los arquitectos de la nueva democracia.

Se ha resaltado la participación de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet, y de su esposa, Natalia Compagnon Soto, en un millonario negocio durante la campaña presidencial de 2013. Escasa atención se ha puesto a la intervención de un tercer protagonista, Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, que autorizó el crédito que lo hizo posible y esto luego de una reunión con Dávalos y Compagnon. Dos bancos habían  rechazado apoyar el negocio, Santander y el Scotia, por ser un  caso “políticamente sensible”, siguiendo  normas establecidas por sus casas matrices, en España y en Canadá, respectivamente.

Andrónico Luksic no es cualquier banquero. Es la cara más visible de una  familia que tiene un vasto poder económico, con una presencia en diversos sectores de la economía, desde la minería y las telecomunicaciones (Canal 13), hasta la energía, el transporte (CSV) y los licores (CCU), ejerciendo la presidencia en varias compañías. Tienen inversiones en otros países, que incluye hoteles en la costa de Croacia, el país de sus antepasados.

El negocio del hijo y la nuera de la Presidenta tuvo enorme impacto en la opinión pública porque ocurrió cuando hay un amplio malestar entre los chilenos hacia las “malas prácticas” económicas, tales como abusos contra los consumidores (La Polar), la colusión de precios (pollos y farmacias, entre otros) o el uso de información confidencial. Recientemente el regulador del mercado de valores de EE.UU., la SEC (Security Exchange Commission) sancionó al presidente del directorio de la institución financiera Consorcio, Juan Bilbao, y a Tomás Hurtado, por el uso de información confidencial para la compra de acciones de una empresa chilena que sería adquirida por una norteamericana. Hasta un ex Presidente fue sancionado por el regulador chileno, la SVS, por uso de información confidencial.

Empresas del grupo Luksic han incurrido en colusión de tarifas y precios: la  CSV (Compañía Sudamericana de Vapores)  fue sancionada por el regulador en EE.UU., y Enex fue denunciada por la Fiscalía Nacional Económica chilena por similar conducta. Ambas empresas se acogieron a la delación compensada para evitar mayores sanciones

Se han conocido graves irregularidades en el financiamiento de campañas electorales, especialmente por las empresas Penta, cuyos controladores dieron millonarios aportes a candidatos de la UDI, emitiendo facturas falsas. También la empresa  SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, que fuera yerno del general Pinochet, hizo aportes a políticos de derecha y de la Nueva Mayoría. Como si no fuera suficiente, un ex subsecretario del Gobierno de Sebastián Piñera es acusado de soborno por recibir durante dos años pagos del grupo Penta, en donde trabajó antes por un largo tiempo. Se han conocido irregularidades cometidas por parlamentarios, uno de los cuales ha sido formalizado por el Ministerio Público, mientras que otro es investigado por este.

Estos hechos dañan la confianza en las instituciones políticas y en los políticos y fortalece la distancia de los ciudadanos respecto del sistema democrático.

El grupo Luksic ha mantenido una estrecha relación con los gobiernos, que le ha favorecido. Tomó el control del banco de Chile con un crédito del BancoEstado, recibiendo la tasa de interés más baja del mercado, cuando su presidente era Jaime Estévez (PS), ex presidente de la Cámara y ex ministro de Obras Públicas. Al terminar el Gobierno, Estévez se integró al directorio del Banco de Chile, cargo que conserva hasta hoy.

El grupo buscó influir en el programa presidencial durante la campaña del 2013 a través del proyecto Res Publica, financiando a un amplio número de profesionales de derecha y de centro, bajo la coordinación de Klaus Schmidt-Hebbel, un economista de derecha. El grupo entregó un documento con 95 propuestas en un libro cuidadosamente editado, sin considerar temas controvertidos, como las reformas tributaria y laboral.

A través de Canal 13, los Luksic establecieron relaciones con futuros colaboradores de la Presidenta Bachelet. Nicolás Eyzaguirre, titular de Educación, fue nombrado director y presidente de esta institución, y luego fue nombrado director Alberto Arenas, encargado de la redacción del programa de Gobierno y actual ministro de Hacienda.

Actualmente cuatro de los diez directores de Canal 13 fueron ministros de Estado, tres de los gobiernos de la Concertación y uno en el de Piñera, en carteras de interés para el grupo: René Cortázar (DC), ex ministro del Trabajo y de Transportes; Soledad Alvear (DC), ex ministra de Justicia y de Relaciones Exteriores; y dos ex titulares de Energía: Alejandro Jadresic y Rodrigo Álvarez (UDI).

La intervención de Sebastián Dávalos en el negocio inmobiliario ha tenido consecuencias más amplias que dañar la imagen de su madre, de su Gobierno y de la coalición que lo apoya, pues ha fracturado la credibilidad de la Mandataria, un recurso indispensable para ejercer su poder, especialmente porque ella ha ejercido una Presidencia personal (Lowi), priorizando su función de jefa de Estado y cuidando su popularidad a través de una relación directa con la ciudadanía por medio de acciones “en terreno” o en actos públicos.

No ha sido una Presidencia institucional, que también enfatiza su función de jefe de Gobierno y se empeña en definir e implementar las políticas, trabajando con sus ministros y que prescinde de la popularidad de corto plazo, que es el estilo empleado por otros mandatarios exitosos y jefes de gobierno en el parlamentarismo.

Dávalos ha precipitado un cambio en el escenario político, que exige otro estilo presidencial y una nueva agenda, que considere reformas para regular eficazmente el financiamiento de la política, establezca barreras que separen los intereses públicos y privados y prevenga e impida las “malas prácticas” en el sistema económico.

La participación de Andrónico Luksic ha mostrado con meridiana claridad cuán vulnerable es el sistema político ante decisiones del poder económico, imponiendo la necesidad de enfrentar el nudo gordiano constituido por la concentración económica y su efecto en la democracia, una realidad que no se plantearon los arquitectos de la nueva democracia.

Esta agenda implica fortalecer los órganos regulatorios, establecer claras incompatibilidades entre altos funcionarios de Gobierno y parlamentarios que deseen trabajar después en o con el sector privado, y las disposiciones legales deben tener sanciones efectivas, que incluyan la cárcel, para quienes no las respeten, pues se ha demostrado que las multas no son suficientes.

Y deberá tener normas que capturen la plusvalía de negocios inmobiliarios beneficiados (o que se beneficiarán) por cambios en los planes reguladores o en grandes inversiones públicas (nuevas líneas de metro).

Se requiere, en una palabra, hacer cambios en “el modelo” y avanzar hacia “otro modelo”: una economía social y ecológica de mercado. Este hará posible que el sistema económico adquiera mayor eficacia y legitimidad y asegure la autonomía de la política, indispensable para tener una democracia soberana.

La Presidenta Bachelet debe involucrarse directamente en la formulación de esta agenda y en la tramitación parlamentaria de las reformas. Puede tomar medidas que apunten en esa dirección sin esperar la aprobación de leyes, con discursos que difundan esas ideas en la ciudadanía. Ella ha seguido un estilo similar al de su primera administración, manteniendo distancia de la dirección del Gobierno y apoyándose especialmente en colaboradores encargados de tareas comunicacionales. Esta asesoría mostró sus limitaciones porque, tres semanas después de estallar el Caso Caval, la Presidenta no estuvo en condiciones, el miércoles 25 de marzo, de entregar al comité político orientaciones relativamente claras para preparar la agenda que permita enfrentar el difícil momento en que se encuentra ella, su Gobierno y el sistema político y económico.

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Estos cambios institucionales también los exige el desarrollo político, pues se necesitan políticos y partidos que gocen de credibilidad ante la ciudadanía y consideran primeramente el interés general y no el de sus donantes. Si no se hacen pronto y bien, el sistema económico perderá  fuerza y se consolidará la democracia semisoberana, dominada por una baja calidad y la inestabilidad política, que tendrá una de sus fuentes en las “malas prácticas” en el sistema económico.

(*) - Director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC).