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RECIÉN AHORA INTENTAN COMBATIR LAS COLUSIONES

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó este lunes un proyecto de ley con el que se busca desincentivar prácticas de colusión, como las conocidas en el caso de las avícolas y farmacias, robusteciendo las multas y restituyendo castigos de prisión efectiva.

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La iniciativa, que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia, establece un tipo penal particular para efectos de colusión, con penas en su grado mínimo que van desde los 5 años y un día a 10 años de cárcel.

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Además, aumenta las multas, llegando al pago a un 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual se desarrollaron las actividades ilícitas o al doble del beneficio económico obtenido por la infracción.

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Según explicó Michelle Bachelet, las sanciones serán extensivas a quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica.

Luego del caso colusión en las farmacias, se habló sobre la opción de reestablecer las penas de cárcel para ese delito. Una sanción que estaba en la ley chilena, pero que fue retirada en el gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, la administración de Piñera estudió reincorporarla, aunque hubo entonces varios detractores, y uno muy importante: el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, quien argumentó en una entrevista con CNN el 14 de julio de 2014 que "en Chile, tuvimos sanción penal para los ilícitos de libre competencia, por más de 30 años, y no hubo ninguna condena".

Desde que se crea el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, el Legislativo eliminó la sanción penal de la ley y aumentó la sanción especularia. Ante este tema, Menchaca aseguró que "la delación compensada es el mecanismo más eficaz para descubrir carteles" y destacó que "enreda tener a dos tribunales persiguiendo la misma conducta".

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El nuevo proyecto establece en materia de colusión  el perfeccionamiento de herramientas para combatir esta práctica y otras conductas contrarias a la competencia, mediante un tipo penal especial para dichos contemplados en el Código Penal, que establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo que va desde 5 años y 1 día a 10 años, con el fin de disuadir de forma efectiva la participación de personas naturales en este tipo de prácticas.

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“Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva. Porque con la colusión y otras malas prácticas, no sólo se daña la economía del país sino también se perjudica el bolsillo de las familias chilenas y eso es muy grave”, subrayó la Jefa de Estado.

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También considera un nuevo límite para las multas aplicables por el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), tanto a la colusión, como al resto de las conductas anticompetitivas.  En este caso las sanciones pecuniarias máximas podrían llegar al 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido por la infracción.

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Con ello, se espera que aumente sustantivamente la disuasión que hoy se ve impedida a raíz de la presencia de límites máximos a los montos de las multas.

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Asimismo, incluye mejoras institucionales y procedimentales, entre las que destacan: el otorgar a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de realizar estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información tanto de particulares como de instituciones públicas; establecer sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE, con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa, incompleta o de forma extemporánea, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información efectuadas por la FNE, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar; y contar con dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

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“Este proyecto nos permitirá entregar, sin duda, certidumbre a las propias empresas, tanto a quienes participan de estas operaciones como a sus competidores, y por supuesto permite proteger de mejor manera a los consumidores que son quienes finalmente pagan el mayor costo cuando se afecta y se daña el principio de la libre competencia”, enfatizó la máxima autoridad del país.

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Junto con ello y en línea con lo sugerido por la OCDE en su Informe “Evaluación del Régimen de Control de Concentraciones en Chile”, la iniciativa del Gobierno propone avanzar hacia un sistema “híbrido”, instaurando que se deben notificar obligatoria y preventivamente todas las operaciones que sobrepasen ciertos umbrales monetarios, además de establecer sanciones por incumplir con esta obligación.

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También sugiere que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sólo podrá investigar operaciones que califiquen bajo los umbrales y que no le hayan sido notificadas, hasta un año después que éstas se hayan perfeccionado.

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Otro aspecto que aborda el texto legal es suprimir la posibilidad de que terceros ajenos a una operación la sometan al sistema de control, aunque podrán ser oídos por la FNE en la revisión de la operación.

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Finalmente, se agrega un test sustantivo al sistema de control, que determina la aptitud de cada operación para “reducir sustancialmente la libre competencia” y es más exigente que el contemplado para el resto de las conductas, en que se exige “que se impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que se tienda a producir dichos efectos”.