POLÍTICA-OPINIÓN-KRADIARIO
NADIE QUIERE
PERDER
Por Wilson Tapia Villalobos (*)
El
panorama que hoy muestra la realidad chilena es inquietante. No solo por los
acontecimientos que se van conociendo día a día, sino también porque la
reacción de sus líderes parece parcial o inadecuada o que busca mantener
privilegios que podrían perder, o esas tres cosas juntas. En resumen, hacia
dónde el ciudadano mire, la imagen que ve le produce recelo. Algunos
chilenólogos atribuyen esto a lo que consideran la “típica” desconfianza
nacional. Pero parece que el fenómeno posee raigambre más profunda.
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Lo
que tiene convulsionada a la sociedad chilena es una seguidilla de escándalos
de corrupción que saltan del mundo empresarial a la política y, desde sus
pústulas, salpican a todas las instituciones democráticas.
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El hilo común es el ansia de lograr dinero o
poder, lo que en el esquema social en que vivimos resulta ser lo mismo. Y en el
transitar que guía esta necesidad compulsiva, no hay escala de valores que
marque un sendero. Alcanzar el objetivo es lo único que se respeta.
Con el
aditamento que, en el ejercicio abusivo del poder, este deja en claro que los
habitantes del país no son iguales ni ante la ley, ni ante ninguno de los
organismos estatales que debieran resguardar sus intereses. Si es el hijo de un
senador de apellido con historia el que maneja un automóvil y atropella a un
transeúnte causándole la muerte, la libertad es la que le espera. Si el responsable de torturas, asesinatos y
desapariciones es un militar, en el peor de los casos lo espera una cárcel
especial en que la guardia le rinde honores, según el rango que ostentaba el
delincuente al cometer sus crímenes. Si los malhechores son personajes de
abultada billetera, terminan en una cárcel con comodidades inimaginables para
aquellas a las que va el ciudadano común. O, más frecuente, gozando de libertad
gracias a un juicio abreviado, el pago de multas menores y hasta puede llegar a
ser presidente de la República, como en el caso de Sebastián Piñera.
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Resulta
evidente que los chilenos tenemos que mirar desde donde parte esta
realidad. Y si bien el ambiente mundial
aporta elementos a ella, no se puede ocultar que hay creaciones muy
nuestras. Esto de seguir convenciéndonos
que somos muy legalistas, que la corrupción no ha anidado entre nosotros o que
la igualdad, la libertad y la fraternidad, son objetivos de la convivencia
nacional, revela parte de nuestra cómoda forma de mirarnos. Porque incluso somos capaces de criticar a
los vecinos porque hacen lo mismo que nosotros hacemos, pero con menos recato y
de manera más desordenada.
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Hoy
lo que mantiene en vilo a la clase política es la arista Soquimich -SQM- del
caso Penta. Todo da para pensar que esta
arista contiene algunas revelaciones que perjudicarían a personajes connotados.
Hasta el momento, nada concreo hay al respecto, pero llama la atención que
quien haya puesto trabas a la investigación sea, precisamente, el Servicio de
Impuestos Internos (SII). El actual Director de esa importante entidad es
Michel Jarrad, que ocupó el cargo de jefe de finanzas de la campaña presidencial
de la actual mandataria. El diputado independiente Vlado Mirosevic, ha dicho
que en tales acciones existe un afán
determinado. Recordó que la posición del
SII cambió de manera radical cuando se supo que SQM había entregado aportes a
las campañas de los parlamentarios
Fulvio Rossi, socialista, y Roberto León, democratacristiano. Lo que
demuestra la relación directa existente entre el ex yerno del general Augusto
Pinochet, Julio Ponce Lerou, uno de los principales propietarios de SQM, y la
Nueva Mayoría. Pero restringirse sólo a
SQM es una buena finta para evitar la realidad.
Sólo 16 de los actuales 120 diputados no recibieron aportes de empresas
en sus campañas parlamentarias, según información entregada por el diputado
Gabriel Boric.
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¿Y
cuáles son las soluciones que se han adoptado para enfrentar esta grave
situación? La presidente Michelle Bachelet ordenó crear una comisión especial
para estudiar el tema. La preside el economista Eduardo Engel. Desde el comienzo, Engel recibió críticas,
aunque soterradas, por tener más cartel académico que político. Y
cuestionamientos abiertos por atreverse a decir que era impresentable que los
parlamentarios se fijaran a sí mismos sus sueldos. Lo acusaron, entre otros el
presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), senador Ignacio Walker, de
estar desinformado. El salario de los parlamentarios es fijado por la
Constitución, dijo. Pero no las asignaciones, que es una parte suculenta de lo
que reciben mensualmente.
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Es
evidente que la solución no vendrá de una comisión. Tal vez eso sirva para
ganar tiempo y tratar de apagar el volcán nacional. Pero el problema escapa a
la mirada actualizada. Necesariamente
debe ir hacia la educación que reciben los chilenos. Y, sobre todo, a la orientación que se les da
como parte del sistema. En pocas palabras, parece necesario hacer cambios
estructurales serios. No es posible pretender resolver las falencias actuales
tratando de ignorar que quienes manejan el aparato del Estado, de alguna
manera, están involucrados en lo que ocurre.
Y ello hace que las instituciones no funcionen, por más que los
interesados se esfuercen en demostrar lo contrario. Eso de la operatividad de
las instituciones es tan falaz como intentar convencer que un sistema
democráticamente sano y políticamente eficiente, se hace en la medida de lo
posible. Las pruebas están a la vista.
(*) Periodista y académico
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