KRADIARIO

La necesidad de hacer mejoras en la investigación penal

JUICIOS ESCANDALOSOS E INFANCIA DESPROTEGIDA

Las fallidas acusaciones de abusos sexuales contra un centenar de menores de edad en tres colegios de Vitacura, Peñalolén y Maipú mantienen en deuda al Estado con el pleno respeto a los Derechos del Niño.

Por Hernán Ávalos Narváez

Los últimos tres casos judiciales más publicitados por denuncias de abusos sexuales en menores de edad terminaron por cuestionar la eficacia del sistema de protección de la infancia en nuestro país, dejando en evidencia la necesidad de hacer reformas urgentes al procedimiento investigativo, especializar a los profesionales que conocen de estos delitos y en definitiva garantizar los derechos constitucionales de los niños y adolescentes.

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Más aún cuando esta criminalidad presenta una tendencia al aumento sostenido con 17.700 denuncias presentadas ante el Ministerio Público en 2013, según cifras recopiladas por el Ministerio del Justicia.

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Esta serie empieza cuando el monitor de computación del jardín infantil Hijitus de la Aurora de Vitacura Juan Manuel Romeo Gómez fue absuelto y declarado inocente por el 3er. Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago. Recuperó su libertad después de permanecer 18 meses privado de libertad con medidas cautelares. El tribunal colegiado falló que “nunca existieron los hechos constitutivos de delito sexuales contra niños que se le imputaron”.

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Y aunque la Corte de Apelaciones ordene un nuevo juicio luego de la petición del Ministerio Público oficializada el viernes 25 de julio último -con escasas probabilidades de lograr un fallo condenatorio por la exigencia procesal de utilizar las mismas pruebas que resultaron insuficientes- el caso ya dejó víctimas, más procesos judiciales, incordios y dolores del alma en las familias, perjuicios a la honra de los imputados y una gran interrogante sobre la justicia, por cuanto es el momento de analizar el desarrollo de la investigación y reflexionar sobre sus consecuencias e implicancias sociales.

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Así aparece de manifiesto un escándalo público de personas e instituciones, donde los primeros afectados fueron los propios niños de entre tres y cuatro años de edad, quienes inducidos por sus padres hicieron declaraciones contradictorias, luego de estar sometidos a preguntas inquisidoras y maliciosas. La Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público acumuló 93 denuncias contra Romeo, las cuales depuró y sólo llevó cuatro a juicio oral por violación y abusos sexuales pidiendo condenas que sumaban 60 años de prisión.

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Otras víctimas fueron la directora del establecimiento Ana María Gómez, madre de Romeo, imputada por complicidad en esos delitos y absuelta por el mismo tribunal con igual fundamento. Más será difícil que vuelva a levantar su establecimiento de educación preescolar. Y su esposo Juan Romeo Palacios, agredido a golpes por el apoderado y periodista José Miguel Izquierdo, ex asesor del Presidente Sebastián Piñera, dando origen a una causa paralela por lesiones y daños a la propiedad del jardín infantil.

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Y hubo más perjudicados por la investigación. Entre ellos el apoderado, periodista y abogado Mario Schilling, ex vocero de la misma Fiscalía Metropolitana Oriente, quien representó al conjunto de los querellantes. No sólo enfrentó el desprestigio profesional, sino una denuncia por calumnias con publicidad por haber declarado ante alguna prensa que los Romeo Gómez era “una familia de pedófilos”. También renunció el fiscal que hizo los alegatos en el juicio oral Sergio Salas, desencantado de la institucionalidad del Ministerio Público.

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La investigación de caso Hijitus comenzó por insistencia de la apoderada y profesora  Alejandra Novoa, esposa de Izquierdo, representando a la hija de ambos A.I.N., al parecer prejuiciada con el monitor Juan Manuel Romeo, por su aspecto físico esmirriado y porque sufre de epilepsia refractaria. Ya en 2009 siendo directora del Santo Domingo Country School había presentado una denuncia por presuntos abusos sexuales contra una parvularia que la Fiscalía del Puerto de San Antonio archivó por improcedente.

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La apoderada Novoa produjo una reacción en cadena entre los padres  apoyada en las redes sociales siendo secundada en su denuncia contra Romeo por las apoderadas Daniela Misle, Mónica Asef y Catherine Gibson, entre otras, las cuales reunieron el grupo de 93 querellantes, equivalente a los apoderados de tres cursos del mismo parvulario. Al decir de la defensora pública Carolina Alliende, se produjo una histeria colectiva, pánico y miedo generado por información falsa difundida por la prensa.

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Pero no sólo algunos medios de prensa aparecen con una baja evaluación profesional. También la Fiscalía Metropolitana Oriente, en especial la fiscal Lidia Sechi que antecedió al renunciado fiscal Salas en la investigación antes de alejarse con prenatal. El Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas) de la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Médico Legal (SML) y la psicóloga infantil Paula Vergara, quienes hicieron los peritajes a algunos de los niños presuntamente abusados y que el tribunal desechó por  “imprecisos”, como resultado de la aplicación de metodología inadecuada y obsoleta.

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Los casos de Peñalolén y Maipú

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En el caso del colegio Altamira de Peñalolén, nuevamente, sufrieron un revés la Fiscalía Metropolitana Oriente a cargo de la investigación penal y el abogado querellante Mario Schilling, quien solicitó una condena de 10 años de prisión para el profesor de música de ese establecimiento Julio Lorca Velásquez, imputado de la violación de una alumna de 12 años con síndrome de Down.

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No obstante, otro tribunal, esta vez el 7.o Oral en Lo Penal de Santiago, falló que las pruebas presentadas fueron insuficientes para acreditar el delito, por cuanto la acusación sostenida por esa fiscalía resulta infundada. Y ordenó la inmediata libertad de Lorca al cabo de 14 meses de permanecer en prisión preventiva en la cárcel Santiago Uno.

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Y en el caso del colegio Mater Purissima de Maipú, el 5.o Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió a la parvularia Ana María Rivas Gutierrez y a la asistente de párvulos María Soledad Martínez Sepúlveda, acusadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente de abusos sexuales reiterados en perjuicio de cinco niños de entre cuatro y cinco años de edad.

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La resolución judicial estableció que los relatos de los menores agredidos fueron insuficientes para acreditar los hechos investigados desde noviembre de 2011. Agregó que las declaraciones de los niños fueron generadas a partir de rumores propalados por los padres y apoderados que encontraron eco en la prensa, contaminando la búsqueda de la verdad.

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Nuevamente la falta de ponderación de los padres, la ineficacia de los fiscales y demás profesionales involucrados, y las distorsiones generadas por algunos medios de prensa más interesados en el sensacionalismo que en contribuir con información oportuna y veraz, contribuyeron al descredito de la justicia. Porque se desprende de estos tres casos que nunca lograron consistencia jurídica para enjuiciar a los imputados, con las evidencia que lograron reunir.

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Estos casos hicieron recordar la fallida denuncia por abuso sexual de su hija de cuatro años presentada el año 2000 por Claudia Fuentes Morales, directora de la ONG Alerta y Respuesta contra el Abuso Sexual Infantil (ARASI). Fue imputado del delito el transportista escolar Juan Delgado Rocha y después de estar en prisión preventiva por tres años fue absuelto por los tribunales, cuando los peritajes médicos a que fue sometida la presunta víctima concluyeron que presentaba lesiones antiguas, producto del estreñimiento crónico.

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Fuente Morales, erguida ante la opinión pública como una férrea combatiente de la pedofilia y protectora de la infancia desvalida, fue señalada por la diputada Pía Guzmán, por ese entonces vicepresidenta de Renovación Nacional, como la fuente confiable que le había informado de la asistencia de tres senadores de la República a las fiestas organizadas por el empresario Claudio Spiniak. Esta imputación nunca fue demostrada en tribunales. En definitiva Spiniak fue la única persona que cumplió condena por violación y abuso sexual de menores de edad.

Las adecuaciones necesarias

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Las esperanzas que a futuro serán resguardados y protegidos los derechos de los menores de edad frente a los abusos, maltrato y violencia eventual de que son objeto está en el trabajo de la Comisión Técnica sobre Garantías de Derechos sobre Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales, conformada por el Gobierno de Michelle Bachelet bajo la presidencia del Consejo Nacional de la Infancia, e integrada por las instituciones que participan en estas investigaciones como los ministerios de Interior, Justicia y Salud; el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Sename, Sernam, Carabineros, Policía de Investigaciones, Asociación de Padres y Apoderados, entre otras.

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Según Estela Ortiz secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, el informe de la citada comisión deberá terminar en septiembre próximo con una propuesta al Ejecutivo para adoptar las medidas administrativas y legales al más breve plazo, para que el Estado garantice a los menores de edad víctimas y testigos de delitos, “el derecho a un trato digno y comprensivo, a ser informados, a tener asistencia eficaz, a la intimidad, a la seguridad, a la reparación, a ser oídos y expresar opiniones y preocupaciones, a ser protegidos de sufrimientos durante el proceso judicial, a ser protegidos contra la discriminación y tener derecho a medidas preventivas de futuras violencias”, según consignó Publimetro.

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En las deliberaciones que han tenido lugar ya ha surgido la necesidad de que los jueces de garantía tengan la facultad de imponer la reserva a la investigación penal cuando se trata de menores de edad involucrados, hasta el juicio oral público en que será liberada la prohibición, manteniendo a todo evento la reserva de las identidades de los menores de 18 años, según establece la Ley de Protección de Menores. En la misma línea de argumentación están siendo debatidas medidas para evitar la revictimización, poniendo fin a los interrogatorios sucesivos que terminan por causar más daño a los menores afectados, e invalidar sus declaraciones judiciales.

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Por de pronto los padres, apoderados y profesores tienen un instrumento gratuito y fácil de acceder por internet mediante la página del Ministerio de Justicia. Se trata del Registro Nacional de Condenados por Delitos contra Menores de Edad o llamado Registro de Pedófilos, formado y custodiado por el Registro Civil e Identificación a partir del año 2012. A la fecha cuenta con 2.140 inscritos, de los cuales 21 son mujeres y las autoridades están buscando fórmulas para agregar a la nómina otros condenados por similares delitos de años anteriores.

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Para acceder a esa información es necesario digitar el nombre y dos apellidos, o dos nombres y un apellido, más la cédula de identidad de la persona que ha dado motivos para ser consultada, o cuyo comportamiento y relaciones con nuestros hijos, nietos, sobrinos, escolares en general o con cualquier niño o niña nos merece preocupación, inquietud, sospecha o presunción de poner en riesgo la integridad física o psíquica de estos menores de edad. Con la información así obtenida los adultos podrán actuar en consecuencia y con ponderación.