KRADIARIO

1-5-2014-KRADIARIO-Nº895
LA CUESTIÓN BOLIVIANA
Por Martín Poblete

Durante  la primera mitad del Siglo XX las relaciones con Bolivia  estuvieron distantes de las prioridades de sucesivos gobiernos chilenos,  el Tratado de 1904  había fijado el marco de referencia.

En su segundo gobierno (1952-58), el General Carlos Ibáñez del Campo viajó a La Paz en un gesto personal de buena voluntad, porque tenía el convencimiento del beneficio para Chile de buenas relaciones con Bolivia, y por su amistad con don Víctor Paz Estenssoro, lo hizo en un tren especial del Ferrocarril de Arica a La Paz.   Cincuenta años mas tarde, el Presidente Ricardo Lagos también viajó a La Paz por similares razones,  creía en la conveniencia de buenas relaciones con Bolivia, y había empezado a entenderse con el presidente boliviano de turno el General Hugo Banzer. Sin embargo,  la muerte del Presidente boliviano destruyó todo lo avanzado y en el gobierno provisional de Jorge Quiroga  empezó  el actual distanciamiento  continuado por el gobierno del Presidente Carlos Meza, y mantenido en los sucesivos gobiernos de Evo Morales  cuya frase "ni una molécula de gas para Chile"  pasaría a ser símbolo de hostilidad (Lagos viajó para asistir al funeral de Banzer).

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El incidente respecto al aprovechamiento de las aguas del Río Lauca en la alta cordillera, durante el gobierno  del Presidente Jorge Alessandri (1958-64),  resultó en la suspensión unilateral de relaciones diplomáticas por parte de Bolivia, creando  una situación de mayor complejidad  bilateral todavía sin solución.

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La demanda contra Chile interpuesta por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), despertó inmediato interés en círculos diplomáticos y políticos bolivianos, llevando a la presentación ante la misma Corte de una demanda  pidiendo al tribunal ordenar a Chile iniciar negociaciones tendientes a conceder a Bolivia una salida soberana al  Océano Pacífico.   No puede escapar a las consideraciones bolivianas la conducta de la CIJ  en el caso entre Chile y Perú;  el mentado tribunal acogió explícitamente los argumentos jurídicos presentados  por Chile,  pero en un extraño giro contradictorio en su lógica y falto de fundamentos, por decisión de mayoría de diez jueces   entregó al Perú   una zona económica en alta mar.   Esta  conducta de un grupo de mayoría de sus jueces alza dudas sobre la confiabilidad de la CIJ, y sobre su condición de tribunal de derecho.

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Con pleno conocimiento de la Memoria presentada por Bolivia ante la CIJ, el Canciller Heraldo Muñoz ha ido gradualmente precisando posiciones.  Empezó por calificar la demanda boliviana de "artificiosa, carente de fundamento jurídico",  para luego agregar "estamos confiados en nuestros documentos, en nuestros argumentos"; estos enfoques iniciales conllevan considerables riesgos,  pues ya se ha demostrado la propensión de los jueces de la CIJ a desarrollar singulares ideas de como debe funcionar un tribunal supuestamente de derecho. Tal vez consciente de las circunstancias indicadas, el Canciller Muñoz en declaraciones recientes elevó la fuerza de sus precisiones: "La puerta para una salida al mar con soberanía para Bolivia está cerrada para siempre". 

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La Memoria boliviana no incluye ninguna exigencia de revisar el Tratado de 1904, trasladando las expectativas de Bolivia a la jurisprudencia que pudieran crear los jueces de la CIJ, como sucedió en el caso del Perú.  Resulta evidente la cuidadosa preparación de  su caso por el Presidente Evo Morales, su Canciller David Choquehuanca, y sus asesores,  para ellos no hay nada artificioso sino la posibilidad de obtener de la CIJ un fallo favorable  por sobre los argumentos jurídicos, en la línea del concedido al Perú.

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Por lo divulgado en los medios locales, y cuanto ha sido posible saber por otras fuentes, la Cancillería chilena se inclinaría por presentar objeciones, es decir pedir la declaración de incompetencia de la CIJ para tratar la demanda boliviana, el plazo para este trámite vence el 15 de julio.  La otra opción es salir al paso de la pretensión boliviana presentando ante la CIJ una Contramemoria, para lo cual hay plazo hasta el  18 de febrero del 2015, con la implicancia de correr el considerable riesgo de someternos a las previsibles veleidades extrajurídicas de los jueces de la CIJ.

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Cualesquiera sea el curso de acción a seguir,  las relaciones bilaterales actualmente a nivel consular  tienden inevitablemente a distanciarse; no hay flujos de inversiones y negocios de volumen tal que pudieran justificar  algo parecido a las "cuerdas paralelas" del anterior litigio; en toda probabilidad y no por ello menos lamentable,  las relaciones con Bolivia podrían entrar en un período de prolongado estancamiento.