12-11-13-KRADIARIO-878
EL DUDOSO FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS Y EL BINOMINAL QUITAN LAS GANAS DE IR A VOTAR
Por Walter Krohne
Es
difícil concurrir a las urnas para votar por uno de los candidatos a presidente
o a parlamentarios sin saber a ciencia cierta quién o quiénes están detrás de ellos para indicarles tras las elecciones cómo deben decidir en La Moneda o votar en el Congreso a fin de no dañar los intereses de las empresas privadas donantes
de fondos para sus campañas.
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Quizá
parezca un poco raro este planteamiento, porque es sabido que en Chile siempre la democracia
ha funcionado así con platas oscuras o invisibles que van de un lugar a otro, movimientos de
los cuales los electores no tienen idea.
En el Servicio Electoral saben perfectamente que el gasto de algunos
candidatos o candidatas en propaganda ha sido mucho más voluminoso del que seguramente los distintos comandos van a
declarar al final. Esto ya ha ocurrido varias veces antes, sin embargo hoy la competencia es mucho mayor y se nota más con nueve postulantes a la Presidencia de la República.
Desde ya la
propaganda de los candidatos aumentó en un 123% desde la última semana de
septiembre hasta la primera de noviembre (Mercurio 10.11). Se estimó que el 21 de octubre se pudo constatar
el día en que más letreros hubo en las calles de Santiago, con cerca de 3.000.
Evelyn
Matthei puso el grito en el cielo al decir que “para todo el mundo es
absolutamente evidente que Michelle Bachelet ha tenido al menos tres veces más
dinero que nosotros. Agrego que nosotros vamos a mostrar todo y espero que
todos muestren todo”.
Con estupor
nos enteramos este año de que la diputada independiente por Iquique Marta Isasi había
recibido de la empresa Corpesca, del Grupo Angelini, 25 millones de pesos para financiar su campaña
pasada en 2009 bajo la condición de que diera su voto a favor de la Ley de Pesca.
Es lo que se dijo y se ventiló en la Comisión de Etica de la Cámara de
Diputados. El escándalo fue mayúsculo cuando en
dicha instancia se supo que la empresa autora del soborno había entregado un
borrador, en el marco de las cuotas pesqueras, que la diputada debía exponer
como discurso propio en la sala parlamentaria.
La misma investigación indagó un correo electrónico enviado el 17 de marzo de
2010 por la Compañía Pesquera Camanchaca, en la cual se le pide a Marta Isasi
que use sus buenos oficios con la autoridad para que se adelante la cuota de
jurel, ya que a la empresa sólo le quedaban en ese momento 800 toneladas. Dos
días después, la subsecretaría de Pesca concede este adelanto a Camanchaca y
también a Corpesca.
Lo peor de todo es que prácticamente no hay sanciones reales para este tipo
de delitos, porque como dijo el diputado DC Aldo Cornejo en septiembre, la
máxima sanción que se podría aplicar en este caso es la censura de la
parlamentaria y la aplicación de una multa máxima del 15% de la dieta por los
meses que la comisión estime pertinente. Como en todo lo que tiene que ver con
el funcionamiento de nuestra “democracia a la chilena”, hay aquí también un tremendo vacío
legal, porque nada impide a los parlamentarios votar con intereses creados
sobre un tema que están legislando. De acuerdo a la legislación actual nadie
le puede privar a un diputado del derecho de votar en la Sala y la posibilidad
del derecho a inhabilitarse si quiere lo ejerce o no.
Y en el caso Isasi se trató de una suma de 25 millones de pesos. Lo que hemos
sabido ahora tras escudriñar un poco más en el tema de moda, el del financiamiento
de las campañas, hay miles de millones dando vueltas y que tienen origen, pero se sabe poco del destino.
Los grandes grupos económicos chilenos, como Matte, Luksic, del Río Cúneo-Solari,
Angelini y Yarur, distribuyen un fondo especial electoral entre los candidatos que tiene el siguiente dato: El directorio de Endesa Chile resolvió, el 30 de agosto pasado, donar de
manera reservada un millón de dólares para financiar campañas políticas en
la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como asimismo
acordó mandatar al presidente de dicho directorio, Jorge Rosenblut, para
distribuir el dinero según los lineamientos dados por el mismo directorio,
ejecutivo que habría sido ya uno de los recaudadores de la campaña de Michelle
Bachelet en 2008 tras debutar la nueva ley de financiamiento y gasto
electoral. La olla de irregularidades de este financiamiento la destapó Ciper Chile en el marco de
una nueva investigación periodística. De acuerdo
a ella, los aportes a campañas políticas de
Endesa y Enersis sumarían US$ 3,5 millones.
La Fundación Ciudadano Inteligente realizó un estudio sobre la materia
indicando que de los nueve candidatos que aspiran al sillón presidencial, sólo
Marco Enríquez-Ominami, Parisi, Claude e Israel han respondido e informado
públicamente sus fondos y de dónde provienen, y únicamente el primero dio a
conocer claramente que sus aportes reservados ascienden a $239.873.370.
De acuerdo a Ciper, los aportes a
campañas políticas de Endesa y Enersis sumarían US$ 3,5 millones. Con el fin de
eludir la norma electoral que establece que una persona (natural o jurídica) no
puede realizar donaciones que superen las 10.000 UF (poco más de $230 millones)
a un grupo de candidatos o partidos, los grupos económicos dividieron la
donación entre distintas empresas del holding. Colbún Transmisión S.A. y
Río Tranquilo S.A.– En total, las dos empresas autorizaron donaciones políticas
que suman $215 millones este año.
¿Quién puede confiar entonces en los parlamentarios que reciben fondos de
privados para campañas, platas que no se declaran detalladamente como debería
ser?
Si un elector desea apoyar una determinada política pública decidiendo
votar por el parlamentario del que cree que avanzará por el
camino deseado y más correcto, resultando luego que dicho representante del
pueblo debe acceder en primer lugar a las demandas de sus financistas, estamos
dentro de una democracia truncada que ira perdiendo fuerza y confianza con el tiempo de parte
del electorado, si es que esto ya no ha ocurrido.
No podemos seguir, por una parte, con un sistema electoral binominal que en la
práctica nos lleva a tener Congresos empatados y, por otra, a presenciar con
las manos atadas un financiamiento excesivo ilegal de campañas para que algunos
diputados y senadores no defiendan nuestros intereses sino los de las empresas
del gran lucro.
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