ROUSSEFF INICIO PEDIDO DE PLEBISCITO PARA UNA GRAN REFORMA POLÍTICA EN BRASIL
¿SEGUIRÁ CHILE LOS MISMOS PASOS?
El gobierno brasileño entregó hoy martes al Congreso un
pedido de plebiscito para promover una reforma política en respuesta a las
protestas callejeras, aunque aumentan los cuestionamientos a la iniciativa
presidencial.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y el
vicepresidente, Michel Temer, entregaron al Parlamento el pedido de la
presidenta Dilma Rousseff, que propone consultar a la población sobre cinco
temas.
Los dos principales son nuevas reglas de financiación de
campañas electorales y un sistema de votación para elegir diputados que los
acerque más a los designios del elector.
Rousseff también propuso que los brasileños definan si
acaban con el voto secreto en el Parlamento (autorizado actualmente para la
destitución de legisladores, entre otras decisiones) y con la elección de
suplentes de senador (lo que se presta a irregularidades), así como reglas para
las coaliciones electorales de partidos.
La propuesta de un plebiscito fue anunciada por Rousseff la
semana pasada, tras multitudinarias manifestaciones callejeras en reclamo de
mejores servicios públicos y contra la corrupción.
Además del plebiscito para una reforma que acabe con los
males de la política, y que sólo puede ser convocado por el Congreso, Rousseff
propuso un pacto con gobernadores y alcaldes para mejorar la calidad de la
salud, la educación y el transporte públicos.
Las protestas han perdido intensidad en la última semana,
tras la iniciativa de Rousseff y de varias medidas adoptadas por el Congreso,
por gobernadores y alcaldes, aunque pocos se atreven a descartar que puedan
recobrar el aliento del 20 de junio, cuando un millón de personas salieron a
las calles en plena Copa Confederaciones.
Camioneros bloqueaban este martes carreteras en al menos
diez estados de Brasil en reclamo de la eliminación de peajes y pidiendo
subsidios al combustible diésel.
La propuesta de plebiscito es apoyada por 68% de los
brasileños, según la encuestadora Datafolha.
Pero eso no garantiza su aprobación, y menos en el tiempo
récord que propone la presidenta, que quiere que el plebiscito y la reforma
sean concluidos antes de octubre, plazo legal para que pueda ser aplicado en
las elecciones generales del 5 de octubre de 2014.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) precisa un mínimo de 70
días para organizar un plebiscito, informó el martes una portavoz del ente
judicial a la AFP. Si el Congreso lo convocara inmediatamente, el plebiscito
podría ser el 8 de setiembre.
La coalición de Rousseff es mayoritaria en el Congreso, pero
poco fiel a los designios del gobierno. Y puede serlo menos aún tras la caída
en 27 puntos de la popularidad de la mandataria, luego de las manifestaciones
callejeras.
El derrumbe de popularidad, no obstante, ha afectado también
a alcaldes y gobernadores, opositores y aliados.
"Cuando el navío da señal de naufragio, los ratones son
los primeros que lo abandonan", dijo el presidente del Partido Laborista
(PDT, en la coalición de gobierno), Carlos Lupi, indicando que los aliados de
Rousseff pueden rebelarse.
La reforma política es un viejo reclamo del oficialista
Partido de los Trabajadores (PT) y el Congreso la debate desde hace dos
décadas, sin consenso.
La oposición no apoya el plebiscito, y afirma que cabe al
Congreso definir el contenido de la reforma y descarta su aplicación en 2014.
El expresidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) criticó
que Rousseff no llamara a la oposición para explicarle sus planes.
Dos grandes diarios, O Globo de Rio de Janeiro y O Estado de
Sao Paulo, criticaron duramente en los editoriales del martes la estrategia
presidencial.
"En vez de una incierta y eterna reforma política,
Planalto (sede de la Presidencia) debería responder a las manifestaciones con
acciones objetivas", dijo O Globo, que criticó los 300.000 millones de
dólares anuales que cuesta al país la gigantesca administración pública, con 39
ministerios y un millón de funcionarios.
La presidenta "no ha dado muestras de haber entendido
el mensaje" de las calles, y "no está a la altura del cargo",
fustigó O Estado de Sao Paulo.
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