EN LOS GOBIERNOS DE LAGOS Y BACHELET SE DIERON EXONERACIONES POLÍTICAS A 3.000 PERSONAS QUE NO LES CORRESPONDÍA
La Contraloría General de la República reveló deficiencias e irregularidades en el Ministerio del Interior, las que permitieron que la Oficina de Exonerados Políticos emitiera indebidamente la resolución que otorga la calidad de exonerado político a al menos tres mil postulantes entre los años 2001 y 2009.
Según el texto del ente fiscalizador, a esas personas se les
concedieron beneficios previsionales derivados de tal calidad, debiendo el
Instituto de Previsión Social (IPS) desembolsar indebidamente M$ 29.616.807, en
favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva.
"Esta Contraloría General procederá a incoar un sumario
administrativo, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que
eventualmente pudiesen derivarse de los hechos descritos", agrega el
escrito.
Según la ley, tienen derecho a los beneficios solamente los
ex funcionarios de la Administración Pública centralizada y descentralizada de
las instituciones semifiscales y de administración autónoma, y de las empresas
autónomas del Estado, de las Municipalidades, de las Universidades del Estado,
del Banco Central de Chile; también se incluyen las empresas privadas en que el
Estado o sus organismos hubieren tenido una participación directa superior al
50% del capital a la fecha del cese laboral, cuando hayan sido desvinculados o
exonerados por motivos políticos, durante la dictadura de Augusto Pinochet,
entre los periodos del 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
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