Efectos del Tsunami
JUEZ RECHAZA SOBRESEIMIENTOS Y ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA A LA EX PRESIDENTA MICHELLE BACHELET
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
Ponciano Sallés, rechazó las peticiones del ex jefe de alerta temprana de la
Onemi, Johaziel Jamett, del ex jefe de oceanografía de la Armada, Andrés
Enríquez, del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y de la ex Jefa de la Onemi Carmen Fernández en el marco de la lectura de su veredicto sobre la petición de
sobreseimiento de cuatro de los siete formalizados por la frustrada alerta de
maremoto del 27 de febrero de 2010.
Asimismo, el juez dio por admitida la ampliación de la querella que agrega a la ex Presidenta Michelle Bachelet. Es decir, la ex Mandataria ahora tiene calidad de querellada.
“El tribunal tiene presente diligencias solicitadas” y el tribunal remite los antecedentes al Ministerio Publico, añadió el magistrado
.
Según informó Radio Universidad de Chile, el magistrado
explicó que los imputados contaban con los antecedentes suficientes para
decretar una alerta de maremoto, medida que finalmente no se adoptó.
.
“Más allá de lo que se pueda cuestionar, evidentemente en
todas las situaciones siempre tiene que haber una primera vez. Por lo tanto, a
juicio del tribunal, la sola existencia de denuncia de las víctimas, las
periodísticas, las de familiares que evidentemente querían que se supiera la
verdad, justifica a lo menos la investigación de la perspectiva penal”, recalcó
el juez.
.
Argumentaciones del Juez
- Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior: El juez Sallés descartó otorgarle el sobreseimiento argumentando que si bien el terremoto trajo información confusa y contradictoria, con la sola magnitud inicial tenía por sí que activar el plan de protección civil y suponer tsunami. "Lo que pretendió Rosende fue llamar a la calma a la población, al decir que no había riesgo de tsunami", añadió.
- Carmen Fernández, ex directora de la Onemi: Ella tenía "la obligación de prevenir riegos y mitigar sus efectos" según lo describe la ley en su rol de garante institucional, afirmó el magistrado, quien rechazó su sobreseimiento. Sallés expuso que "el primer fax del Shoa se titulaba 'Alerta de tsunami'. Luego, dijo, hay antecedentes que asumen que el Shoa se compromete a seguir el transcurso de los acontecimientos", pero que el fax sea confuso no establece que la alerta se descarta. "Lo primero fue haber dado cumplimiento a la alerta de tsunami que estaba d ando el Shoa", sentenció. Y añadió que su labor era coordinar, planificar y prevenir ante problemas de catástrofes naturales, una correcta reacción. De esta forma habría muertes que no se habrían lamentado.
- Johaziel Jamett, ex jefe de alerta temprana de la Onemi: El juez rechazó su sobreseimiento argumentando la existencia de antecedentes que hacen presumir que hubo una infracción reglamentaria. Sallés aseguró que él estaba a cargo del centro de alerta temprana y si era necesario "debió permanecer de punto fijo al lado del fax para enterarse de cualquier tipo de alerta".
- Andrés Enríquez, ex jefe de oceanografía del Shoa: El magistrado rechazó el sobreseimiento, asegurando que el tribunal no puede descartar imprudencia temeraria en la conducta y omisiones de Enríquez. "Desoye la opinión de la oceanógrafa de turno (María Cecilia Celaya) y del Pacific Tsunami Warning Center", dijo. "Aquella fue una de las razones que tuvo en consideración el señor Mariano Rojaspara cancelar la alerta de tsunami", explicó.
En relación a ambos (Fernández y Rosende), Ponciano Sallés expuso, además, que "hubo miedo de tomar una posición que tuviera consecuencias políticas".
Dijo también que ellos tenían la obligación de sopesar la información que se les estaba entregando. "Los mandos técnicos proponen, los mandos políticos disponen", recalcó.
“El ocultamiento de la información da la sensación de que ellos sabían durante la madrugada que se tomó la decisión equivocada, pero prefirieron mantenerse firmes por temor a consecuencias políticas de revertir la decisión”, sostuvo.
- Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior: El juez Sallés descartó otorgarle el sobreseimiento argumentando que si bien el terremoto trajo información confusa y contradictoria, con la sola magnitud inicial tenía por sí que activar el plan de protección civil y suponer tsunami. "Lo que pretendió Rosende fue llamar a la calma a la población, al decir que no había riesgo de tsunami", añadió.
- Carmen Fernández, ex directora de la Onemi: Ella tenía "la obligación de prevenir riegos y mitigar sus efectos" según lo describe la ley en su rol de garante institucional, afirmó el magistrado, quien rechazó su sobreseimiento. Sallés expuso que "el primer fax del Shoa se titulaba 'Alerta de tsunami'. Luego, dijo, hay antecedentes que asumen que el Shoa se compromete a seguir el transcurso de los acontecimientos", pero que el fax sea confuso no establece que la alerta se descarta. "Lo primero fue haber dado cumplimiento a la alerta de tsunami que estaba d ando el Shoa", sentenció. Y añadió que su labor era coordinar, planificar y prevenir ante problemas de catástrofes naturales, una correcta reacción. De esta forma habría muertes que no se habrían lamentado.
- Johaziel Jamett, ex jefe de alerta temprana de la Onemi: El juez rechazó su sobreseimiento argumentando la existencia de antecedentes que hacen presumir que hubo una infracción reglamentaria. Sallés aseguró que él estaba a cargo del centro de alerta temprana y si era necesario "debió permanecer de punto fijo al lado del fax para enterarse de cualquier tipo de alerta".
- Andrés Enríquez, ex jefe de oceanografía del Shoa: El magistrado rechazó el sobreseimiento, asegurando que el tribunal no puede descartar imprudencia temeraria en la conducta y omisiones de Enríquez. "Desoye la opinión de la oceanógrafa de turno (María Cecilia Celaya) y del Pacific Tsunami Warning Center", dijo. "Aquella fue una de las razones que tuvo en consideración el señor Mariano Rojaspara cancelar la alerta de tsunami", explicó.
En relación a ambos (Fernández y Rosende), Ponciano Sallés expuso, además, que "hubo miedo de tomar una posición que tuviera consecuencias políticas".
Dijo también que ellos tenían la obligación de sopesar la información que se les estaba entregando. "Los mandos técnicos proponen, los mandos políticos disponen", recalcó.
“El ocultamiento de la información da la sensación de que ellos sabían durante la madrugada que se tomó la decisión equivocada, pero prefirieron mantenerse firmes por temor a consecuencias políticas de revertir la decisión”, sostuvo.
Consecuencias para Bachelet
1.- Podría ser citada a declarar en calidad de imputada, por su presunta responsabilidad como máxima autoridad de la república, en la fallida alerta de maremoto tras el sismo del 27 de febrero de 2010.
2.- Puede ser nuevamente interrogada por oficio por la Fiscal Huerta (ya lo hizo dos veces en calidad de testigo).
3.- Con la ampliación de la querella podría el juez citar a declarar, en estas mismas condiciones, al ex subsecretario Patricio Rosende, a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y al Ministro del Interior de la época, Edmundo Pérez.
4.- La idea, dijo el abogado querellante Raúl Meza, es "profundizar la declaración de Rosende que apunta a que el mando de autoridad estaba radicado en la máxima autoridad del Estado, que en esa oportunidad era Michelle Bachelet".
La fiscal Jefe de la Zona Occidente, Solange Huerta evitó referirse en profundidad a la ampliación de querella, y se remitió a asegurar que "cuando esta querella nos sea notificada, evaluaremos lo que sea conforme a derecho".
Comando de Bachelet acusa "razones políticas"
El vocero del comando de la candidata del PS-PPD Michelle Bachelet, Alvaro Elizalde acusó "razones políticas" en la solicitud del abogado Raúl Meza de ampliar la querella por el caso, con la inclusión de la ex mandataria.
Junto con recalcar que la presentación "no tiene ningún fundamento", el vocero dijo que "estamos ante un abogado que fue sancionado por la Corte Suprema, suspendido del ejercicio profesional por razones éticas, y que está intentando realizar una maniobra de "tsunamicarácter" político que no va a tener ningún resultado desde el punto judicial".
Elizalde calificó a Meza -quien aspira a un cupo parlamentario por RN- como "un operador político" de esa colectividad.
"Es la enésima vez que el intenta involucrar a Michelle Bachelet y que esta sea citada a declarar en condición de imputada. Siempre estas solicitudes han sido finalmente desestimadas, y nosotros esperamos que la justicia actúe sin ningún tipo de presiones y lo más importante, sin ningún tipo de prisión política", recalcó.
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