VENEZUELA-EE UU-POLÍTICA-KRADIARIO

LAS SANCIONES DE OBAMA CONTRA SIETE ALTOS FUNCIONARIOS VENEZOLANOS...
¿QUÉ SIGNIFICAN?

El decreto firmado este lunes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciando sanciones contra siete altos funcionarios de organismos de seguridad de Venezuela fue redactado en un lenguaje inusual que dejó abiertas muchas preguntas.

Los sancionados son: Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; Antonio José Benavides Torres,  ex director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central; Justo Noguera Pietri,  presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional y Katherine Haringhton, fiscal 20 del Ministerio Público; Manuel Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana; Manuel Bernal Martínez,  comandante de la 31 Brigada Armada del Ejército;  y Miguel Vivas Landino, ex jefe de la Redi de Los Andes.

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Según el comunicado difundido  por la Casa Blanca, se declaró la "emergencia nacional” por la situación política venezolana y se indica que el país sudamericano amenaza la seguridad nacional estadounidense.

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La explicación de la Casa Blanca de que se trata de un procedimiento "legal normal” ya usado con países como Irán, Siria o Birmania, entre otros, lleva a muchos a preguntarse qué paralelos puede existir entre la situación venezolana y la de gobiernos que Washington considera hostiles y hasta peligrosos para la paz mundial.

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Los conceptos fueron rechazados por Caracas, que llamó a consultas al encargado de negocios en la capital estadounidense, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que representan la antesala de un ataque militar al país.

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¿Qué significa exactamente la decisión de Obama de este lunes y qué impacto tiene sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela?

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¿Por qué estado de emergencia?

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Cuando el presidente firma una orden ejecutiva en la que declara que hay un estado de emergencia, obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten por ejemplo imponer sanciones o congelar ciertos bienes, explica el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow.
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El gobierno asegura que tiene entre 20 y 30 programas de sanciones que están basados en declaraciones de emergencia similares y que son presentadas con un lenguaje similar a la de Venezuela.

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En años recientes, Estados Unidos ha declarado estados de emergencia en países como Ucrania, Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen, Libia o Somalia, países con los que Washington ha tenido o tiene malas relaciones.

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Si bien no hay previstas sanciones contra el estado venezolano, expertos consultados por BBC Mundo hablaron de que la declaración abre el camino para una posible política de sanciones, destinado no a individuos vinculados al gobierno, sino ya sí contra el Estado.

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¿Qué significa ser una amenaza a la seguridad nacional?

El presidente Obama argumenta que la seguridad nacional o la política exterior del país se ven amenazadas de manera "inusual y extraordinaria".
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"Este gobierno ha identificado como una prioridad el hecho de estar comprometido con el apoyo a los derechos humanos y los procesos democráticos", le dijo a BBC Mundo un alto funcionario del gobierno que pidió no revelar su nombre para poder explicar los detalles del programa de sanciones.
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"Estados Unidos piensa que socavar esto genera una amenaza a la seguridad nacional".

Más concretamente, una fuente del Departamento del Tesoro explicó a BBC Mundo que los sancionados son considerados una "amenaza" a la salud del sistema financiero estadounidense, y en esa misma medida se convierten en un problema para la seguridad nacional, como declara el comunicado de la Casa Blanca.
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En particular, Estados Unidos considera que se protege de Venezuela al impedir que los funcionarios sancionados puedan ingresar al país o realicen ciertas transacciones.
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Esta orden ejecutiva "ayudará a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela", dijo otro miembro del gobierno en Washington.
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Sin embargo, los funcionarios del gobierno consultados por BBC Mundo, no llegaron a explicar de qué manera esos señalamientos impactan la seguridad nacional estadounidense, más allá del argumento de "proteger el sistema financiero nacional”.
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¿Qué argumentos tiene Washington?

Las sanciones de este lunes se refieren específicamente a la ley que el presidente Obama firmó el 18 de diciembre del año pasado, que se llama "Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela de 2014".
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Precisamente, los siete funcionarios sancionados están vinculados a los aparatos de seguridad del Estado a los que Washington responsabiliza de lo que considera los excesos cometidos en la represión de las manifestaciones de febrero de 2014 que dejaron al menos 43 muertos y cientos de heridos entre opositores y simpatizantes del gobierno, y de la supuesta intimidación a la oposición venezolana.
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En el programa de sanciones venezolano, los aspectos que generan esa amenaza son los siguientes: erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa.
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Anteriores sanciones a funcionarios venezolanos, específicamente las prohibiciones de visas, son un proceso separado del Departamento de Estado.
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¿Qué consecuencias tiene la declaración?
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La declaración le permite al departamento del Tesoro identificar a las personas u organizaciones que estén involucradas en las actividades que generan esa "amenaza" a la seguridad nacional.
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De ahí que sea probable que, además de los siete funcionarios sancionados este lunes, el gobierno explore nuevas sanciones en el futuro.
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Washington hace énfasis en que no se trata de un programa de sanciones contra el gobierno venezolano ni contra la sociedad venezolana, sino contra funcionarios específicos.

Las sanciones congelan los bienes de los afectados en Estados Unidos, prohíben que hagan negocios con ciudadanos de Estados Unidos o viajen a territorio estadounidense.
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Además, un aspecto inusual de esta declaración es que, a diferencia de anteriores sanciones contra Venezuela, los funcionarios afectados fueron identificados, según le explica a BBC Mundo Harold Trinkunas, director del programa de América Latina del centro de estudios Brookings.
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¿Qué impacto tiene en la relación bilateral?

La imposición de nuevas sanciones ya está ahondando las diferencias que existen entre los dos países.
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El anuncio de las nuevas restricciones llega poco después de que el gobierno venezolano le ordenara a Estados Unidos que redujera su personal diplomático en Caracas.
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Según le dice a BBC Mundo David Smilde, del Washington Office on Latin America (WOLA, un centro de investigación en Washington), las sanciones también contribuirán a la teoría del gobierno venezolano de que Estados Unidos está tratando de sabotearlo.
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Pero Estados Unidos también ve estas sanciones en clave regional, pues el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, lamentó que en momentos en que su país está acercándose a "todos los países de las Américas, Venezuela haya decidido ir en dirección opuesta".
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¿Cómo afecta al intercambio comercial patricularmente el petróleo?


Washington asegura que las sanciones son contra funcionarios específicos y no contra una industria o sector de Venezuela.

En 2013 Venezuela destinó el 51% de sus exportaciones al mercado EE.UU., particularmente en petróleo (alrededor de 800.000 barriles por día en febrero pasado, un aumento del 8% respecto al mes de enero, según datos de la agencia Reuters).
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"No hay impactos adicionales ni sanciones adicionales contra ninguna industria, individuo o entidad que no esté específicamente nombrada en la orden ejecutiva", dijo un miembro del gobierno en Washington.
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La orden ejecutiva firmada por Obama no se refiere al sector petrolero y se enfoca en las prohibiciones contra los funcionarios venezolanos sancionados, que trabajan o trabajaron principalmente en el sector de la seguridad.
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La reacción en Venezuela

Las sanciones se convirtieron en el tema más importante del día en Venezuela, explica el corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Daniel Pardo.
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Los opositores especulan si esto puede tener un efecto para que haya un cambio de gobierno.
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Mientras tanto, algunos oficialistas –entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello– se preguntan si es la antesala de una invasión de EEUU a Venezuela.
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"Pero la pregunta de todos es si, por mucho que sean sanciones dirigidas a funcionarios concretos, esto va a afectar a la gente, que ya se enfrenta a varios problemas por la crisis económica", dice Pardo.
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Unos analistas dicen que en un mediano plazo las sanciones del mayor socio comercial de Venezuela van a afectar la economía del país latinoamericano, al reducir importaciones y poner en riesgo negocios, particularmente los petroleros.
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Pero otros creen que dan al gobierno un enemigo externo al que achacarle responsabilidad en los problemas del país. Algo que el presidente Nicolás Maduro puede usar para fortalecerse y unificar al oficialismo en la campaña para las elecciones parlamentarias que deberán realizarse a finales de este año.

OPINIÓN POLÍTICA-KRADIARIO

LA FUERZA DE LA DEMOCRACIA
Por Camilo Escalona

Asegurando de manera irrestricta las normas del debido proceso, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, lograron que el juez Juan Manuel Escobar, decidiera la prisión preventiva de los dueños de uno de los consorcios financieros más poderosos del país. Ante la gravedad de los hechos, Chile valora la acción de la Justicia. Con ello, se ha mostrado la fuerza de la democracia, sin ninguna coerción y respetando integralmente los derechos de los imputados ha ocurrido este hecho histórico.

Frente al caso Penta la ex ministra Mathei, respondiendo al modo de pensar más profundo de la derecha, salió a la defensa de los ahora formalizados y en prisión preventiva, financistas de las campañas de la UDI, señalando que serían víctimas de un trato arbitrario pues a miembros de la izquierda, cometiendo el mismo ilícito no se les encausaría de la misma manera.

Esa retórica es un primer paso, en un cambio en la  estrategia de defensa de los imputados; esa idea se articula con la presentación de los mismos como “hombres de trabajo”, esforzados creadores de empleo y emprendimientos positivos para el país.

Se trata de contrarrestar la imagen de potentados que se sintieron intocables, por encima de la ley y sin obligación de cumplirla. Dicho de manera directa, buscan la percepción que los acusados son personas de bien y no individuos que se consideraban con impunidad.

Sin embargo, la evidencia es tan abrumadora que se ha producido un hecho imprevisto, incluso descartado hasta hace poco, por la ciudadanía más distanciada del sistema político o escéptica de la institucionalidad democrática: que los “padrinos de la derecha chilena”, como los definiera el diario inglés The Guardián, son llevados a juicio y privados de libertad por una serie de graves delitos, tales como, lavado de activos, cohecho y soborno, fraude al fisco, financiamiento ilegal de campañas electorales; en suma, un cuadro suficientemente grave como para su formalización por el Ministerio Público y su procesamiento penal.

La resolución judicial marca un antes y un después. Este suceso abre una nueva etapa en la vida del país, de afirmación del principio de igualdad ante la ley y del término de los privilegios y abusos de casta que se heredaron por la ausencia de democracia y el ejercicio del poder por un grupo ínfimo de potentados durante el régimen dictatorial.

Esa cultura de cometer abusos de poder, como si se tratara de atribuciones implícitas y congénitas al volumen de ciertas fortunas o al estatus de algunos altos cargos, ha empapado los usos y costumbres, más allá de la tecnocracia de derecha y también ha permeado ciertas conductas en las fuerzas agrupadas, ayer en la Concertación y hoy en la Nueva Mayoría, situación que debe ser reconocida autocríticamente a fin de ser drásticamente corregida.

En tal sentido, restablecer la dignidad y la función de los partidos políticos es una tarea esencial. Se abusa de un burdo y falso apoliticismo que justifica una tecnocracia que se siente libre de toda obligación y compromiso, que se considera destinada a mandar y ser obedecida por la supuesta condición de “expertos” de quienes la constituyen, en esa desmedida autovaloración se nutre una soberbia que ya no da más, pues abre la puerta a conductas sin control y sin las fiscalizaciones y resguardos necesarios.

No se trata de volver al “cuoteo” partidario que fuera tan negativo; pero sí de pensar que las fuerzas políticas en democracia son fundamentales para presentar, promover, patrocinar y respaldar las opciones de gobierno, que luego la ciudadanía elige a través del voto libre, secreto e informado.

Por eso, su tarea no se puede reducir al aspecto meramente electoral, su función de proponer y proveer personas de trayectoria suficiente y con la capacidad requerida para asumir responsabilidades de Estado, fortalece la democracia, por cuanto son los partidos quienes deben contrarrestar y contener las malas prácticas que surgen en las esferas de poder, por la sencilla razón que deben enfrentar los costos de cada desaguisado ante el país; cuando algunos personeros no responden a nadie y llegan a creer que pueden caer en cualquier abuso y cometer reprobables ilícitos sin que sean sancionados, se erosiona y desgasta la solidez de la propia legitimidad de la institucionalidad democrática.

Hay que salir resueltamente al paso de las malas prácticas, su existencia debilita y deteriora la lucha contra la desigualdad, comprometida en el programa presidencial y daña al gobierno en la ejecución de las reformas estructurales que se esfuerza por llevar a cabo.

La trascendencia del juicio Penta se expreso en que se generara, en los hechos, una cadena televisiva que transmitía durante muchas horas las incidencias fundamentales que se registraban en la formalización de cargos. Valga señalar que son escasas estas ocasiones en que la sociedad puede observar momentos tan decisivos, en que poderosos individuos solos o en grupo, deben afrontar sus responsabilidades penales ante un Tribunal.

El país siguió atentamente el curso de los alegatos, la presentación de las pruebas y la información mediática.  Durante esas horas, en aquellas largas y extensas jornadas, el régimen democrático en Chile avanzó notablemente y se robusteció la institucionalidad. Ha sido una muestra de la fuerza de la democracia.

ABORTO-KRADIARIO

COMENZÓ LA "GUERRA" CONTRA LA LEY DEL ABORTO

Una médico, en  una acción contra el aborto,  interrumpió hoy el discurso que pronunciaba Michelle Bachelet  en  una ceremonia de inicio del periodo de destinación y becas de médicos y odontólogos del sector público de salud.

La joven doctora de la Universidad de Los Andes interrumpió la  intervención de la Presidenta  con una carta en sus manos (leer texto a la izquierda). La joven se paró en pleno acto en el Patio de las Camelias del Palacio La Moneda, y expresó su "más absoluto rechazo" al proyecto de ley de aborto que promueve el Gobierno.

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"Todos los médicos aquí presentes hemos jurado proteger la vida humana", dijo la joven, en medio del silencio de sus compañeros. "En Chile nadie sobra Presidenta", finalizó, pidiendo respeto y resguardo para los bebés que están por nacer.

Tranquila, la Presidenta, detuvo sus palabras para escuchar a la profesional y luego  le respondió con un "muchas gracias por tu comentario", añadiendo que "tenemos que respetar lo que piensan todos los chilenos".

HISTORIA POLÍTICA-KRADIARIO

LAS GUERRAS RELIGIOSAS Y LA CRISIS ACTUAL EN EL MUNDO
Por Martín Poblete

De leer los medios occidentales académicos y noticiosos, se advierte un gradual aumento de atención a los temas religiosos y a la idea misma de guerra de religión, especialmente frente a la violencia intra islámica en el Medio Oriente con potencial de extenderse a todo el Islam.

En Occidente, la Paz de Westphalia en 1648 puso fin a mas de un siglo de guerras religiosas o conflictos en cuya racionalidad la religión era parte importante, iniciadas a  consecuencia de la Reforma.   Cambiantes alianzas y lealtades, intrigas, los crueles abusos y excesos de las tropas mercenarias y sus líderes los "condottieri", sacudieron a la Cristiandad europea. 

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Desde entonces han pasado largo mas de tres siglos marcados por el impulso hacia la tolerancia religiosa, la coexistencia en mutuo respeto de varias confesiones cristianas en el territorio de un mismo país, la participación activa de las iglesias cristianas en educación especialmente la Iglesia Católica, el carácter laico del Estado, el fin de las iglesias oficiales, la separación de la Iglesia respecto del Estado, la participación de la Iglesia en el debate político y social, el reconocimiento del Estado y sus instituciones al legítimo derecho de la Iglesia a ocupar un espacio en la plaza pública.

En la perspectiva Católica, el Concilio Vaticano II inaugurado el 11/10/1962 por el Papa Juan XXIII,  marca el fin del ciclo  de la Iglesia de la Contra Reforma, y lanza la idea  de una Nueva Cristiandad recogida por el Gran Papa Juan Pablo II en la Nueva Evangelización, avanzada por los Papas Benedicto XVI y Francisco, este último en su encíclica Gaudeum Fidei.  En curso paralelo, el Concilio creó las condiciones para un creciente comunicarse y entenderse con las otras Iglesias cristianas y con el judaísmo.   Sin embargo, el Islam siguió muy distante de las Jerarquías católicas occidentales;  algún contacto hubo en los territorios bajo dominio del Imperio Turco Otomano a través de las iglesias católicas del Rito Oriental, pero fueron contactos esporádicos sin sentido de continuidad, manteniéndose la misma línea en los países árabes islámicos creados por las potencias coloniales europeas en el marco del Acuerdo Sykes-Picot.    El Papa Benedicto XVI intentó una aproximación con su formidable discurso en la Universidad Católica de Regensburg en noviembre de 2006,  pero fue mal entendido en el mundo musulmán.

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Al iniciarse la radicalización del Islam a partir del alzamiento de El Mahdi en el Sudan bajo dominio británico en el último tercio del Siglo XIX,  Occidente no lo entendió, tampoco advirtió los rasgos de creciente  fanatismo en las confrontaciones de grupos musulmanes militantes con los regímenes seculares posteriores al derrocamiento de la monarquía en Egipto, en su mayoría regímenes militares dictatoriales siguiendo el liderazgo de Jammal abd-il Nassir.   En otro desarrollo, la secta Wahabí de la rama Suni del Islam fue declarada iglesia oficial del Reino de Arabia Saudita, creándose las condiciones para la posterior confrontación geopolítica de intensos tintes religiosos con la República Islámica de Iran,  fundada después del derrocamiento de la monarquía del Shah por un movimiento revolucionario religioso Shía encabezado por el Ayatolah Jomeini.

Tal vez la distancia en tiempo histórico respecto de nuestra propia experiencia con el fanatismo religioso usado en forma de razón de Estado, impidió a los líderes occidentales comprender el carácter profundamente reaccionario y retardatario del brote de fanatismo extremo representado por Estado Islámico en Medio Oriente y por Boko Haram en Nigeria y otros países de África Occidental, agudizando la intolerancia con otras religiones y culturas así como con otras ramas de la religión islámica.   Las guerras civiles en Siria y Libia han facilitado las operaciones de los grupos mas extremos, precipitando una situación de guerra civil de religión en el Islam, en un arco de violencia sanguinaria y destrucción demencial a ojos occidentales, desde Nigeria hasta Irak  con potencial de extenderse a otras regiones y continentes. 

MEDIO AMBIENTE-CAIMANES-KRADIARIO

CON LUCHA, FE Y CONSTANCIA LOS POBLADORES DE CAIMANES TRIUNFARON SOBRE EL CONTUBERNIO LUKSIC-NUEVA MAYORÍA

Por Rafael Luis Gumucio Rivas

Los habitantes de Caimanes, pequeño poblado de 1800 personas, ubicado en la provincia del Choapa, en la IV Región, llevan 17 años luchando contra la minera de cobre Los Pelambres, de propiedad de la familia Luksic – una de las más millonarias del mundo, según la Revistas Forbes – que ha construido un tranque  el Mauro cuyos relaves contaminan las aguas, que luego van a ser utilizadas por los habitantes del pueblo, tanto para el consumo domiciliario, como  la agricultura.
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Al poder económico de este potentado se agrega el político, especialmente por la protección de los gobiernos de la Concertación y, hoy, por la Nueva Mayoría, que no ha vacilado en lanzar la fuerza pública contra desarmados pobladores de Caimanes.
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Durante estos 17 años, algunos líderes de este pequeño pueblo han tenido que enfrentar todo tipo de ataques de los dueños de la minera: en primer lugar, el intento de los directivos de acusar a los abogados de Caimanes de prevaricación y asociación ilícita, incluyendo al dirigente Cristián Fuentes, acusación que resultó un fiasco al ser rechazada por los tribunales; en segundo lugar, ante el bloqueo informativo de los medios de comunicación se vieron compelidos a declararse en huelga de hambre, hecho que tuvo una duración de 71 días; en tercer lugar, en octubre de 2014 lograron un fallo de la Corte Suprema, por el cual obligaba a la minera a asegurar el libre curso de las aguas del estero de Pupío, cuyo cúmplase debiera llevarse a cabo con un máximo de 30 días; en cuarto lugar, ente el hecho del no cumplimiento del fallo del Máximo Tribunal, los pobladores se vieron forzados a ocupar los caminos al relave, siendo reprimidos por la fuerza pública, sin mostrar ninguna orden judicial que avalara la represión contra unos habitantes desarmados – según la policía, por orden del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo -; en quinto lugar, se estableció una mesa de diálogo con el fin de dar salida al conflicto, pero se quebró hace poco tiempo, pues no satisfacía a los pobladores que exigían la aplicación legítima del fallo de la Corte Suprema.

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La situación devenía crítica cuando surgió el fallo del Juzgado de Letras y Garantía de  Los Vilos, por el cual se ordenaba demoler el tranque de relave El Mauro, en cumplimiento de una sentencia emanada de la Corte Suprema el 21 de octubre de 2014. La Corte estimó “insuficiente el plan de ejecución de obras propuesto por la minera Los Pelambres; por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pipío a la comunidad de Caimanes”. Como es lógico en un Estado de derecho, se obliga al gobierno – en este caso no para reprimir a los pobladores como se venía haciendo – a utilizar la fuerza pública para el cumplimiento de una orden judicial, en este caso, emanada del más alto Tribunal de la República y ratificada por el Tribunal de Letras y Garantía que, jurisdiccionalmente, corresponde a la localidad de Caimán.

            

La empresa minera Los Pelambres ha reaccionado con la amenaza del desastre económico al paralizar la actividad productiva, incluso, pretende apelar del fallo de la Corte Suprema. No se me ocurre ante qué tribunal podrán acudir, pues la Suprema es el máximo Tribunal del país y, en un campo internacional tendrían nulas posibilidades.

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En este momento de crisis de credibilidad de las instituciones se está produciendo un fenómeno muy particular: los Tribunales de Justicia están actuando conforme a la ley y  dispuestos a aplicarla, incluso a millonarios, que se creían por sobre la ley   -  las farmacias, en que los dueños corren el riesgo de cinco años de prisión efectiva, el caso Penta, cuyos dueños están en prisión preventiva, claro que aún resta el caso Cascadas, paralizado en el Tribunal Constitucional -. 

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El presidente de la Corte Suprema ha sostenido ideas muy sabias, como terminar con el fuero parlamentario para garantizar la igualdad ante la ley, como también la revocación de mandato de cargos de elección popular. Aún el camino es largo para lograr una justicia que corresponda a los estándares exigidos por la ciudadanía que, al parecer ha despertado de su letargo.

CASO CAVAL-KRADIARIO

COMPRADORES DE LOS TERRENOS DE MACHALÍ  DE DÁVALOS BACHELET SE QUERELLAN CONTRA LA EMPRESA CAVAL POR ESTAFA

La empresa Silca, que adquirió los terrenos en Machalí que pertenecían a la empresa de Natalia Compagnon, nuera de Michelle Bachelet, y del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, presentó una querella por el delito de estafa en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

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La acción apunta a los representantes de la sociedad Caval Ltda. y a quienes resulten responsables, según informó hoy Emol.com.

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El portal agrega que el empresario Hugo Silva pagó 9.500 millones de pesos por los predios con la certeza de que luego del cambio en el uso de suelo de la comuna podría levantar un proyecto inmobiliario habitacional o comercial.

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No obstante, al poco tiempo de concretar el negocio, se destapó el denominado Caso Caval, que puso en entredicho la gestión privada y pública de Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos Bachelet, quien renunció a su cargo en la dirección sociocultural de la presidencia producto del escándalo.

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Los abogados representantes de Silca se reunieron con el fiscal Luis Toledo, a cargo de la indagatoria, para hacerle entrega de documentos, un computador, correos electrónicos y promesas de compra-venta.

Gobierno colaborará con la investigación

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Tras la incautación de equipos computacionales de Sebastián Dávalos y su esposa, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar con la justicia en la investigación del denominado Caso Caval.

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Las indagatorias del ente persecutor buscan determinar eventuales delitos en la adquisición de terrenos en Machalí por parte de la empresa Caval, vinculada a Sebastián Dávalos Bachelet y su esposa Natalia Compagnon.

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“Hemos señalado permanentemente que la Fiscalía está realizando su trabajo y que, obviamente, todas las instituciones deben entregar la información que el Ministerio Público requiera. Así funciona un estado de Derecho”, señaló el portavoz de La Moneda.

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La temática sigue marcando la agenda de la actual administración cuando la presidenta Michelle Bachelet y su equipo político buscan dejar atrás los cuestionamientos que hay hacia su figura por la situación que involucra a la familia presidencial.

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La incautación en el domicilio de Dávalos fue autorizada el pasado 4 de marzo por el juez de garantía de Rancagua, e incluyó computadores de escritorio, personales, tablets y  soportes técnicos como pendrives, además de “documentación que se mantenga en estos lugares y que digan relación con los hechos investigados”.

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Luis Toledo, a cargo de la investigación del caso Caval, también confirmó que solicitó imágenes de las cámaras del Conservador de Bienes Raíces para “saber quiénes han asistido y con qué propósito”.

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Horas después que se informara de la incautación en la casa de Sebastián Dávalos, el fiscal,  Luis Toledo, entregó detalles de la diligencia que se realizó el viernes pasado.

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“No se registró ninguna situación especial, efectivamente estaba la señora (Natalia) Compagnon. Después llegaron los abogados del señor Dávalos y de la señora”, dijo.

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“Se desarrolló con la colaboración de las personas que se encontraban al interior de la casa, no tuvimos ningún inconveniente, sin ninguna situación especial”, prosiguió en conferencia de prensa.

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El persecutor agregó que “se incautaron computadores, pendrives y también información digital” y descartó de forma tajante que se hayan tomado declaraciones a los involucrados: “No estamos en esa fase, nuestro interés primero es recabar la información para luego verificar las diligencias que restan”, expresó.

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“Me he fijado plazos que no daré a conocer, simplemente porque me interesa avanzar lo más rápido posible”, complementó.

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Toledo también solicitó imágenes de las cámaras del Conservador de Bienes Raíces para “saber quiénes han asistido y con qué propósito”, afirmó.

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“Hemos realizado muchas diligencias, no tengo un número, pero son todas aquellas que son necesarias para poder esclarecer los hechos investigados”, sentenció.

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El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida emplazó a sus pares de la UDI a firmar a más tardar mañana martes, un documento para la conformación de una comisión investigadora del Caso Caval, en el que está involucrado el hijo de la Presidenta.

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El parlamentario afirmó que los 15 diputados de su colectividad firmaron el jueves pasado dicho texto. El mismo día -aseguró- fue puesto a disposición de su partido aliado, la UDI, para que hicieran lo mismo, ya que se requieren de 48 firmas para que se constituya la instancia fiscalizadora.

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Al ser consultado por la demora del gremialismo en firmar, el legislador dijo que se debe a todos los casos que han salido y que muchos están tratando de buscar un arreglo.

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Sin embargo, aseguró que no se puede intentar solucionar la situación como se hizo en el 2003, entre Pablo Longueira y el ex presidente Ricardo Lagos, ya que recalcó que hoy Chile es otro país y se debe hacer todo de cara a la ciudadanía.

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Fuenzalida indicó que el caso Caval es impresentable y se requiere de una investigación seria, por ello llamó a Amplitud y a la Nueva Mayoría a sumarse a la conformación de la comisión investigadora.

MEDIO AMBIENTE-MINERÍA-KRADIARIO

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GRUPO LUKSIC SUFRE RETROCESO TRAS ORDENAR UN TRIBUNAL  LA DEMOLICIÓN DEL TRANQUE DEL ESTERO PUPÍO EN LA COMUNIDAD DE LOS CAIMANES

El Juzgado de Los Vilos mediante resolución declaró insuficiente el plan presentado por Minera Los Pelambres y ordenó la demolición total o parcial del tranque para restituir el curso natural de las aguas del estero Pupío.

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En su sección resolutiva, el fallo del tribunal indica que “se declara insuficiente el Plan de Ejecución de Obras Propuesto Minera Los Pelambres S.A., por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes”.

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Agrega que “a consecuencia de lo anterior, procédase por la empresa demandada a la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque de relaves El Mauro a fin de permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque El Mauro”.

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Cabe destacar que durante meses los pobladores de Caimanes se han movilizado solicitando que la Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic, cumpla con el fallo de la Corte Suprema de restablecer el normal cauce del estero, proponiendo la demolición total o parcial del tranque de relaves, o bien obras complementarias.

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La minera afirmó que adoptará medidas para comprobar que el plan de obras propuesto garantice la llegada del agua del estero Pupío a Caimanes.

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Asimismo, indicó a través de una declaración pública que demoler la pared del tranque El Mauro “provocaría grandes daños a la comunidad de Caimanes y al medio ambiente”.

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En esa línea, la remoción obligaría a suspender las operaciones de Los Pelambres e “interrumpir indefinidamente todos sus contratos con sus proveedores de bienes y servicios y con sus propios trabajadores”.

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“Estamos seguros que nadie quiere esto, por eso vamos a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para permitir que Los Pelambres pueda seguir aportando al desarrollo de la región y del país”, explicó Diego Hernández, CEO del Grupo  Antofagasta Minerals.

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El funcionario señaló que el fallo genera un precedente para otras operaciones mineras similares en el país, lo que pone en juego la posibilidad de que la empresa pueda mantener su desarrollo en Chile y contribución al crecimiento.

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“Nosotros queremos seguir operando y ser un aporte al crecimiento de la provincia del Choapa. Por eso, a pesar de esta resolución judicial, vamos a mantener nuestra presencia y trabajo con las comunidades y sus autoridades”, concluyó Hernández.
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Minera anunció una arremetida judicial argumentando que el dictamen del juzgado de Los Vilos obligaría al cierre de operaciones de la empresa. Comunidad de Caimanes celebró el fallo.

"Vamos a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para permitir que Los Pelambres pueda seguir aportando al desarrollo de la región".

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De esta forma, la Minera Los Pelambres informó - a través de un comunicado- su rechazo a la decisión del Tribunal de Los Vilos de demoler el tranque El Mauro que tiene a la localidad de Caimanes.

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Junto con ello, el texto agregó que demoler la pared del tranque "provocaría grandes daños a la comunidad de Caimanes y al medio ambiente, ya que fue autorizado de acuerdo a nuestra legislación ambiental y cumple con todas las normas para su correcta operación".

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"Esto pone en juego la posibilidad de que la minería pueda mantener su desarrollo en Chile y contribución al crecimiento. Nosotros queremos seguir operando y ser un aporte al crecimiento de la provincia del Choapa. Por eso, a pesar de esta resolución judicial, vamos a mantener nuestra presencia y trabajo con las comunidades y sus autoridades", sostuvo la minera.

BACHELET-KRADIARIO

EXAMEN DE BACHELET EN SU PRIMER AÑO ES ENTRE "REGULEQUE" Y MALO

La popularidad de la Presidenta Michelle Bachelet descendió 18 puntos en un año de mandato, anotando un 34% de aprobación y un 57% de desaprobación en la primera semana de marzo contra 52% y 20%, respectivamente, de hace 12 meses, según la encuesta Plaza Pública Cadem conocida hoy en Santiago.

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En suma, Bachelet perdió 18 puntos de aprobación entre marzo de 2014 y febrero de 2015, mientras que su desaprobación subió 37%.

A la hora de la evaluación tras un año de Gobierno, 59% dice que la Presidenta no ha cumplido con las expectativas que se tenían de ella, mientras un 35% se declara satisfecho. De acuerdo al sondeo, el respaldo de la Mandataria se ha deteriorado con mayor fuerza entre las mujeres (con una caída de 20 puntos) y el segmento C3, que representa el corazón de la clase media (una baja de 21 puntos). En este segmento, en marzo de 2014 el 53% la apoyaba, pero en febrero de 2015 esa aprobación cayó hasta el 32%, es decir, 21 puntos menos.

En segundo lugar, le sigue el sector D, correspondiente al nivel más vulnerable, donde perdió 18 puntos de aprobación, pasando de 57% a 39% de respaldo en un año.

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Según la encuesta, los hitos de su primer año de Gobierno que más daño causaron a su imagen fueron el caso Caval, el proceso de instalación de la administración, el debate por las reformas tributaria y educacional y la bomba que explotó en la estación del metro Escuela Militar, entre otros. Positivo para ella fue la entrega del "bono marzo".

En este escenario, Plaza Pública Cadem constata además que el Caso "Caval-Dávalos" fue el factor que más perjudicó la imagen de Michelle Bachelet, al representarle a la Mandataria una baja de 10 puntos. En este tema se conocieron ayer declaraciones en CNN del senador DC Andrés Zaldívar quien fue muy claro en señalar que el caso Caval "ha provocado un daño casi irreversible al liderazgo de la Presidenta".
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Respecto a los atributos personales de la presidenta, los que más se han visto dañados son su Capacidad para Solucionar Problemas, índice que bajó de 70% a 43% en el último año. Le sigue la Confianza que genera entre la población, que cayó de 65% a 42% (23 puntos)  y "Carisma" ha bajado 19 puntos (de 88% a 69%), entre otros.
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Los que rechazan a la Mandataria argumentan principalmente que "ha tenido una mala gestión" (47%) y no le gusta su programa de Gobierno (40%). Entre los aprobadores, la principal razón de su respaldo a Bachelet es porque le "gusta su programa de Gobierno (44%), porque ha tenido una buena gestión como Presidenta (29%) y porque le cae bien y le gusta su forma de ser (18%).

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En las áreas de gestión del Gobierno, las relaciones internacionales es donde los chilenos estimaron que el Ejecutivo lo está haciendo mejor, con 53% de aprobación. Le sigue la creación de empleo con 37% y el desarrollo energético con 33%. Aún así, estas tres cifras cayeron en 12% cada una comparado a marzo de 2014. 

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El ámbito que más ha empeorado en la opinión ciudadana es la economía, con una baja de 16 puntos (de 46% a 30%), mientras delincuencia sigue como el área peor evaluada por la gente, con apenas un 19%. 

Asimismo, los encuestados dicen que la salud es el área a la que el Gobierno debería poner mayor dedicación, con 31%, seguido de la lucha contra la delincuencia (21%) y aprobación de la reforma educacional con 15%.

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Las reformas impulsadas por el Gobierno también han ido cayendo en apoyo: la tributaria acumula 8 puntos de baja, pasando de 44% en abril de 2014 a 36% en marzo 2015. Y la reforma educacional pasó de 60% de respaldo en abril a 41% en marzo. La reforma laboral tiene 39% de apoyo y 33 % de desacuerdo. En diciembre partió con 41% de respaldo.

MEDICINA-CÁNCER-KRADIARIO

LOS POBRES PODRÁN RECIBIR ATENCIÓN PARA EL CÁNCER  EN UN NUEVO CENTRO PRIVADO INAUGURADO POR CONAC

Un moderno centro de oncología preventiva y tratamiento ambulatorio de última generación para ampliar y mejorar  sus servicios a pacientes y familias de enfermos de cáncer  especialmente Fonasa y de escasos recursos puso en marcha la Corporación Nacional del Cáncer (Conac).

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La nuevas instalaciones, ubicadas en Seminario  86, concentran en un amplio edificio de cuatro pisos, servicios de alto nivel y tecnología,  similar a las mejores clínicas privadas del país.

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El centro médico cuenta con modalidad libre elección y es un complemento al  sistema público, especialmente para apoyar el diagnóstico precoz y oportuno de los  cánceres más frecuentes en la población chilena (mamas-ovarios y cervico-uterino en mujeres y próstata en los hombres).

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Está dotado de modernos equipos para mamografía y ecotomografía digitales, además de equipos profesionales altamente especializados en estas patologías.

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Siendo una de las instituciones de beneficencia más antiguas en el área de cáncer en el país, la Corporación Nacional del Cáncer ofrece además, cursos de especialización a los equipos de salud pública y privadas,  programas de investigación en cáncer de mama y próstata que permiten entregar algunos servicio gratuitos.

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Conac es una institución de beneficencia privada sin fines de lucro, con más de 30 años de servicio a los enfermos de cáncer y sus familias otorgando ayuda directa con medicamentos a precios subsidiados y fomentar a la comunidad conductas que le permitan desarrollar un estilo de vida saludable.

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No recibe aporte estatal alguno y se financia con aportes de la empresa privada, personas naturales, legados o actividades benéficas, colectas nacionales y socios cooperadores.

Además, entrega atención clínica a la comunidad a través de sus centros oncológicos de atención ambulatoria en Santiago, Valparaíso, Temuco y Antofagasta.

CASO PENTA-KRADIARIO

LOS SEIS IMPUTADOS ENVIADOS A LA CÁRCEL APELAN A LA MEDIDA DEL "JUEZ DE HIERRO"

Los seis imputados por el Caso Penta que quedaron en prisión preventiva apelaron a la medida cautelar decretada por el Tribunal y que decretó el juez Juan Manuel Escobar, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el sábado último al finalizar la maratónica audiencia de formalización para diez imputados que se extendió por cuatro días.

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A ellos se suma un querellante, el representado por el abogado Alejandro Peña, quien busca extender la prisión también para Manuel Antonio Tocornal, ex gerente de Penta, quien recibió la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nocturno.

Fue así como pasaron sus primeras 48 horas tras las rejas los dos dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; el ex gerente general de Penta III, Hugo Bravo; el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; el ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro; e Iván Álvarez, ex fiscalizador de Impuestos Internos (este ya estaba en prisión preventiva). Todos están detenidos en el anexo de la cárcel "Capitán Yáber", aunque Bravo, quien sufre diabetes, tuvo que ser atendido en el Hospital de la cárcel pública.

Además el juez decretó el sábado arresto domiciliario nocturno para Juan Jesús Martínez, funcionario de Impuestos Internos; arresto domiciliario total a Samuel Irarrázaval, representante legal de Penta y Carlos Bombal, ex senador de la UDI. Por su parte, Manuel Antonio Tocornal, ex gerente general de Penta S.A., recibió la medida de arresto domiciliario y arraigo nacional.

El primero en presentar la apelación a la medida fue Julián López, abogado de Carlos Délano y Carlos Lavín, quien de paso comentó que sus representados están en buen estado tras su arribo al anexo cárcel Capitán Yáber.

La solicitud  a la Corte es que se decreten en contra de ambos las medidas cautelares de arraigo y firma mensual. o en su defecto, el arresto domiciliario parcial o total.

Según Radio Bío Bío, en cuanto al delito de cohecho, por el cual fueron formalizados los dos, se indica que "hay una falta de fundamentación" y que además en la resolución del juez, se habla de "3 ilícitos reiterados de soborno, pero sin especificar cuáles serían estos".

"En lo que se refiere a los ilícitos tributarios en donde controvertimos la participación criminal de nuestros representados, la resolución vuelve a declarar que se dan los presupuestos del artículo 99, pero sin agregar nada al mero tenor literal de la ley", agrega la apelación.

Respecto a la prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, los abogados sostienen que "nuestros representados son hombres de edad avanzada (67 y 72 años respectivamente), ambos casados, con hijos y nietos. Han tenido una exitosa y extensa trayectoria laboral, durante la cual nunca dejaron de lado el plano social. Jamás han tenido problemas con la justicia: no tienen anotaciones en sus extractos de filiación y antecedentes y no tienen procesos pendientes. Durante la audiencia y el desarrollo de la investigación se han acompañado una gran cantidad de antecedentes probatorios que dan cuenta de su compromiso social, tanto en el ámbito empresarial como asistencial. La verdad es que resulta impensable que su libertad constituya un peligro para la seguridad de la sociedad".

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Situación distinta es la que al final de la audiencia del sábado manifestó la abogada de Hugo Bravo, Catherine Lathrop, quien no sólo evitaba referirse a la apelación a la prisión preventiva, sino que advertía que su defendido estaba mal de salud.

Pese a que no lo informó oficialmente, fuentes de Radio Bío Bío detallaron que la defensa de Bravo sí presentó la apelación a su prisión preventiva el mismo día sábado. Uno de los argumentos es el estado de salud del ex gerente de Penta, el que apenas llegó al recinto penitenciario sufrió una descompensación, la que según informó el director metropolitano de Gendarmería, coronel Carlos Muñoz, se ha estabilizado en el Hospital Penitenciario.

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Sin embargo, no todas las defensas apelarán a las medidas cautelares. El abogado Jorge Boffil, representante de Carlos Bombal, Manuel Antonio Tocornal y Samuel Irarrázaval se mostró conforme con el arresto domiciliario y dijo que colaborará con la Fiscalía.

Una vez presentadas las apelaciones a las medidas cautelares, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá esta semana informar si las acoge o ratifica las decretadas por el Tribunal.

El caso Wagner

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La defensa del ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera solicitó a la Corte de Apelaciones revocar la prisión preventiva y decretar arresto domiciliario total.

Los abogados argumentan que la explicación del juez del Octavo Juzgado de Garantía fue "liviana". En cuanto al delito de cohecho, indican que "este requiere en todo caso que el funcionario reciba un beneficio económico para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos".

En cuanto al delito de lavado de activos, la defensa de Wagner sostiene que "si son las boletas, entonces en realidad son constitutivas del delito del inc. 5º del art. 97 Nº 4 del C.T. Evidencia de aquello es que la modalidad no es propuesta por nuestro representado, sino que ideado y exigido por el imputado Bravo, quien idea y exige esta forma de realización a nuestro representado y determina las sociedades a las cuales hay que emitir las boletas".

Respecto a los delitos tributarios: "A mí representado se le imputa solamente un delito de obtención fraudulenta de devoluciones, que es el correspondiente al periodo 2013 (año comercial 2012), por un monto de $1.296.053.-, me permito nuevamente su señoría Iltma. atraer su atención al monto antes señalado. No nos encontramos aquí frente a una suma de enorme entidad y ese monto, así como el hecho que corresponda solo a un período tributario tiene relevancia, como se explicará más adelante".

Además, en cuanto a las atenuantes, los abogados indican que Wagner tiene una "irreprochable concucta anterior" y hubbo "colaboración sustancial en la investigación".

COLUMNA DE PSICOLOGÍA FAMILIAR Y SOCIAL-KRADIARIO

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por Jessika Krohne

www.psicologiaglobal.cl

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Ayer celebramos el día de la mujer y efectivamente han habido muchos avances y evoluciones en ese tema. En la primera mitad del siglo pasado las mujeres aún no podían votar y su única aspiración era casarse, tener hijos y estar en la casa al cuidado del hogar.

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El primer país que otorgó el derecho a sufragio a las mujeres fue Nueva Zelandia en el año 1866 y luego Australia siguió su ejemplo. En Chile, las mujeres pudieron participar de las primeras elecciones que fueron municipales, el año 1935.

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Eso fue un tremendo avance para el género femenino en nuestro país, ya que se les permitió el derecho a opinar sobre quienes iban a ser los grandes dirigentes de este país.

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Otro hito importante fue la invención de la píldora anticonceptiva para la mujer, cuya venta fue aprobada en mayo de 1960.  Desde entonces permitió a la mujer planificar libremente sobre su maternidad. lo cual le facilitó incorporarse masivamente a estudios superiores y al mundo laboral. La transformó en dueña de su sexualidad y redefinió para siempre la sociedad en Chile y en todo el mundo. 

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Lentamente se ha ido incorporando la mujer al mundo laboral, y la formula más eficiente para eso ha sido el acceso a la educación superior para el género femenino. La mujer hoy en día ya no piensa solo en casarse y tener hijos. Si ha podido cursar carreras superiores lleva automáticamente a que ella retrase casarse y la maternidad. Es por esto que de los 2,66 hijos que tenía una mujer en los años 90, hoy llega a una cifra de 1,82 hijos por mujer. 

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Una mujer muchas veces se decide tarde a tener hijos, lo que significa que disminuye mucho la cantidad de hijos que pueda tener. Eso ha hecho aparecer el fenómeno del hijo único o las parejas sin hijos entre otros.  

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La esperanza de vida también ha aumentado bastante en nuestro país, llegando hoy a 82,81 años.

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Sin embargo y a pesar de todos los avances que ha tenido nuestro país, falta mucho por lograr aún. Chile es sexto país Ocde con menor participación laboral femenina, con una tasa inferior al 54,1%. Las principales razones de las mujeres que permanecen fuera del mercado del trabajo radican en el ámbito familiar. Aquí en Chile aún hay muy escasa flexibilidad laboral, las jornadas laborales son muy extensas y las salas cunas escasas. Eso dificulta a las madres para buscar un empleo, especialmente en el sector económico más bajo. Un tremendo avance en nuestro país sería poder combinar trabajos flexibles con las tareas de madre y hogar.

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Además aún sigue habiendo mucha diferencia en la igualdad de remuneraciones. Si bien hay leyes en estudio para cambiar esta situación, se puede apreciar mucha diferencia aún.

En conclusión se puede decir que han habido muchísimos avances a lo largo de los años, pero aún falta mucho por lograr.

POPULISMO-KRADIARIO

URGE UN ACUERDO REALISTA, AUNQUE SEA MODESTO

Por Abraham Santibañez

Cuando la ex candidata presidencial Evelyn Matthei descargó sus fuegos contra las fiscalías y el poder judicial, culminó una insólita arremetida contra los tres poderes tradicionales. Respecto del Poder Judicial, Evelyn Matthei aseguró que no le tenía confianza. Aunque los antecedentes que esgrimió no han sido probados, fueron suficientes para muchos chilenos que han visto desmoronarse los restantes poderes tradicionales: el Legislativo por el financiamiento “trucho” de las campañas y el Ejecutivo por el negociado de Caval, descrito como “doloroso” por la Presidenta Bachelet.

Hoy día, como nunca antes, todo está manchado por el signo de la desconfianza. A partir del Festival de la Canción de Viña del Mar, los políticos se han convertido en el plato principal de los humoristas. El paso siguiente era, obviamente, la televisión y “Vértigo”, de canal 13, dejó que Yerko Puchento abriera las compuertas al escarnio.

Aunque no a todos nos gusten los excesos en el lenguaje, es evidente que los humoristas han sabido captar el estado de ánimo generalizado.

La pregunta que brota de inmediato es: ¿Y ahora, qué?

Cada vez más se asoma el temor al surgimiento de un líder populista, es decir, irresponsable por naturaleza. Ya ocurrió en Chile en el pasado, pero el panorama que ofrecen hoy los países del vecindario es preocupante por la facilidad con que se acogen las ofertas demagógicas. También hay signos negativos en todo el mundo, pero la mayoría de las democracias más consolidadas de Europa han superado con éxito sus crisis. Sin embargo, Rusia, una nación de escasa cultura democrática, nos muestra la consolidación de un poder unipersonal que a veces cobra la vida de quienes se oponen con demasiada fuerza.

Cuando todas las instituciones- los empresarios, las iglesias, los políticos y la mayoría de las instituciones- están justificadamente bajo ataque, se plantea una vez más la interrogante de qué nos espera o, si se prefiere, cómo saldremos de esta compleja coyuntura.

Mientras un sector –liderado hoy por Evelyn Matthei- se solaza en la denuncia exagerada hasta la caricatura, hay quienes creemos que lo que corresponde es despejar el terreno y concordar un nuevo proyecto país, sustentado en bases éticas sólidas.

No debería ser difícil ponerse de acuerdo. Cada candidato, en su momento, ha esbozado sus ideales y aunque obviamente hay diferencias, predominan el sentido común y el patriotismo clásico.

Tal vez ha llegado la hora de hacer frente a los grandes desafíos y consolidar un proyecto de consenso aunque sea modesto.

Es urgente.