El debate “ajizado” que viene y que quedará, seguramente, como marca del período Piñera en el año 2012 y quizá también en el 2013, es la bullada reforma tributaria. Hasta ahora se ha hablado bastante, tanto en el oficialismo como en la oposición, pero la verdad es que hay muchos “voladores de luces”, porque no existe aún ninguna idea concreta en la cual basarse para iniciar la discusión.
Cuando se habla de una reforma tributaria en grande, como la que se desea emprender y, creo que Chile necesita con urgencia, hay que responder en primer lugar a las preguntas ¿para qué se quiere o se requiere esta reforma? y ¿para qué el Estado necesita de mayores recursos?, suponiéndose que antes que nada se buscará justicia social, lo que redundará en un incremento automático de los tributos para los sectores que más ganan o son los más adinerados.
En este sentido, Chile, no sólo el gobierno sino globalmente la política y la sociedad, deben plantearse en primer lugar ¿cuál es el país que necesitamos y queremos? Este año se ha caracterizado como el del inicio de un planteamiento formal para una reforma educacional amplia, donde prime la calidad, se impida el lucro, termine la municipalización y se favorezca la gratuidad. En este tema ni siquiera se sabe lo que se hará con los 1.200 millones de dólares aprobados en el presupuesto nacional, suma que, según algunos expertos, tampoco sería suficiente para resolver de una vez por todas los múltiples problemas que arrastra la educación desde hace ya varias décadas.
Pero el Chile que queremos no sólo tendrá que abordar el tema educacional, sino también la gran reforma de la salud, cuyas demandas públicas se ven venir, como también las de una reforma previsional, aparte de otros asuntos que siguen pendientes, como es el financiamiento de una fiscalización real ampliada que abarque absolutamente todos los sectores de la producción y de los entes estatales. Estos últimos deben además proveer una mayor oferta de bienes públicos de calidad a todos los ciudadanos (aparte de los mencionados, ciudades más amables, naturaleza limpia, cultura extendida, programa energético, medio ambiente, seguridad o carreteras con peajes normales y adecuados y no como ocurre hoy). Una solución global y no a medias en estos rubros, necesitará de presupuestos que todavía son inimaginables.
La situación actual es preocupante porque la Unión Demócrata Independiente (UDI), como la principal fuerza que integra la coalición gubernamental, ya ha expresado que tanto su directiva como su comisión económica no están disponibles para un aumento de tributos. Según el ministro de economía, el también UDI Pablo Longueira, que muestra tener una mente más liberal, justifica con decoro a su partido al decir que “Chile está teniendo las discusiones de aquellos países que avanzan al desarrollo y por eso no hay que verlas como algo que enrarezca ese camino". ¡Por favor!
En este tema crucial del financiamiento de la modernización del país no parece un buen camino el de “amurrarse” y decir ‘no, para esto no estamos dispuestos’.
Mientras Piñera está abierto al tema “en forma seria”, como dijo, pero desde luego con limitaciones, porque en general la derecha no ve con buenos ojos que el "sacrificado" grupo de chilenos y extranjeros que manejan el capital en Chile, “tenga más encima que pagar nuevos impuestos”. Así, su propuesta inicial se limita al estudio de la elusión y la evasión en el marco de un sistema tributario más equitativo, horizontal y vertical, que promueva mejor la inversión, el ahorro y el empleo y también que le dé un cierto alivio tributario, especialmente a los pequeños y medianos empresarios y a las personas. Sobre las grandes empresas, entre ellas las mineras, no le he escuchado absolutamente nada.
La Concertación, por su parte, tiene como principal preocupación mantener para las empresas el 20% del impuesto de primera categoría, tributo que en 2012 volvería al 18,5% tras elevarse por dos años para ayudar al financiamiento de la reconstrucción por el terremoto de marzo de 2010. Esta demanda es descartada de plano por el Palacio de la Moneda.
Vemos entonces que ambas partes tienen algunas ideas pero que están muy lejos de lo que debería ser una gran reforma tributaria. No basta sólo con reducir el pago de impuestos que hacen las personas, ya que se espera mucho más de ella, como por ejemplo un pago escalonado de tributos, según las ganancias de los más ricos, con una escala que debería llegar a entre 35 y 40 por ciento, que es lo que se aplica en la mayoría de los países más desarrollados o en vías de serlo.
Una reforma de este tipo, que originará un largo debate, debería contemplar un gran acuerdo social y de desarrollo que va más allá de colocar sobre la mesa sólo los temas fiscales y financieros. Debe ser una discusión ampliada sobre el tipo de país que queremos, como escribió recientemente Sergio Bitar.
Siguiendo sus palabras, una reforma tributaria contribuye a la convivencia, pues no hay desarrollo sin estabilidad social y política; y no habrá estabilidad sin una mayor igualdad entre los chilenos. Esto involucra necesariamente la innovación y el emprendimiento que aumentará el crecimiento económico mejorando el empleo y el desarrollo sustentable. No hay que olvidar también que Chile requeriría de una restructuración de todo su aparato productivo. No podemos seguir pensando en mantener un financiamiento estatal basado en gran medida en lo que nos dan los yacimientos no sustentables como son los del cobre.
Ojalá que en esta tarea reformista ni el Gobierno ni la oposición desprecien la gran oportunidad para que este período pase a la historia como uno de los mejores de las últimas dos décadas, en beneficio por supuesto de todos los chilenos y sin pequeñeces políticas, y no ocurra lo que está sucediendo en educación, donde seguimos igual o peor que hace 40 años.
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