Una visión crítica a la autoridad (2)
LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA: LA RAYUELA ES AHORA DEPORTE NACIONAL EN CHILE
Una visión crítica a la autoridad (1)
HAY CONDUCTAS PARLAMENTARIAS QUE DEJAN MUCHO QUE DESEAR EN CHILE (Leer el 13 de octubre)
Por Manuel Acuña Asenjo
Si los ‘honorables’ parecen haber andado con el paso cambiado en estos días, también la proximidad de las festividades patrias pareció afectar la razón de la presidenta Michelle Bachelet quien, en un acto bastante concurrido y al que se le dio amplia cobertura en los medios de comunicación social, procedió a poner su firma al decreto que promulgaba una ley recientemente aprobada por el Parlamento que elevaba la rayuela al carácter de deporte nacional, oportunidad en la que destacó la importancia de ese juego para los chilenos.
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Con prescindencia de ese frívolo juego de palabras con el que se refirió a la necesidad de controlar los excesos propios de las festividades patrias (“Nada de tirarse con el tejo pasado en la rayuela corta, no chiquillos, nada de eso […]”), formuló unas extrañas palabras:
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“Nuestra historia y patrimonio no sólo se encuentra en libros y museos, sino que está vivo en personas que hacen que se mantengan […]”
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Estas frases poco meditadas, que invitan a poner en entredicho la capacidad de razonamiento de las autoridades, parecen constituir una constante que se viene repitiendo desde la instalación de la democracia post dictatorial.
No hace mucho la propia presidenta Bachelet había señalado a los medios de comunicación que, si bien el fenómeno de la desaceleración era importante, no había que sobredimensionar sus efectos pues se trata de un fenómeno regional que afecta a todas las economías de América Latina.
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¿Necesitamos, aquí, recordar la alfombra roja, al más puro estilo festivalero, colocada en la ‘ramada’ donde irían a bailar un pie de cueca la propia presidenta y la alcaldesa de Santiago con sus ilustres vástagos? El espectáculo se transmitió por televisión para todo el país.
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Un hecho que pone en entredicho otras conductas
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En efecto, el día 8 del presente, una persona o un grupo de personas procedió a colocar un artefacto explosivo junto a un restaurante aledaño a esa estación del Ferrocarril Metropolitano. La carga reventó casi a las 2 de la tarde con un saldo de 14 personas heridas.
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Si bien es cierto que los grupos anarquistas se desvincularon del hecho en algunos sitios de la red Internet, otro de aquellos envíos a la Radio Biobío, una denuncia señalando que habían avisado a Carabineros que la bomba explotaría en 10 minutos y que las autoridades policiales no tomaron en serio la advertencia o, simplemente, la ignoraron. Lo cierto es que se trató de un hecho delictivo que puso en peligro la vida de muchos chilenos.
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Sin embargo, apenas producido el estallido, la dirección del metro procedió, de inmediato, a quitar todos los basureros metálicos colocados no sólo en esa estación sino en varias otras como si allí radicara la raíz del mal, iniciándose simultáneamente un amplio debate acerca del ‘terrorismo’, de la necesidad de extremar las medidas de seguridad, endurecer las penas por tales delitos y a dotar a la Agencia Nacional de Información ANI de ‘agentes encubiertos’ .
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El criterio de enfrentar estos hechos delictuales empleado por la actual administración no ha sido diferente al de sus antecesoras: aplicación de la Ley Antiterrorista y aumento del resguardo policial, medida que guarda asombrosa correspondencia con la promesa de la presidenta de contratar 6 mil efectivos policiales que se vienen a sumar a los 10 mil contratados bajo la administración Piñera.
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El criterio es, al parecer, aumentar la vigilancia para evitar la delincuencia. Es posible que estas medidas vayan a ser acompañadas de un aumento en la penalidad de ciertos delitos, tal como ha sucedido en otras áreas. Parece, en consecuencia, existir uniformidad de criterio entre la Alianza Por Chile y el pacto ‘Nueva Mayoría’ en torno a considerar que, para combatir a la delincuencia, la única solución viable es el aumento de la dotación policial y, de ser posible, el aumento de las penas o la creación de nuevos delitos como forma de disuadir la comisión de los mismos. No debe sorprender, en consecuencia, que algunos analistas empiecen a temer que la sociedad actual se transforme paulatinamente en una ‘sociedad vigilada’.
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No miremos estas medidas, sin embargo, como algo ajeno a la historia del Chile post dictatorial.
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Por el contrario: todas ellas guardan estricta correspondencia con una forma de entender el funcionamiento de una sociedad que necesita de la concurrencia de una serie de factores para poder funcionar. Se entiende así que bajo la administración de la Concertación se haya disminuido la edad para delinquir y hoy puedan ser procesados en el carácter de delincuentes, incluso, los niños que participan en el comercio de la droga y en el asalto a supermercados y bancos.
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Estas medidas no son diferentes de otras que se han estado adoptando en el país. A las leyes ‘tontas’ que elevan la rayuela al carácter de deporte nacional, a la que intentaba sancionar a quienes insultan a la autoridad, a la que pone como condición el aprendizaje de la cueca para obtener la licencia secundaria, a la que obliga a retirar los saleros de los restaurantes, se une una copiosa proliferación de leyes denominadas ‘cero’ pues establecen drásticas prohibiciones a la población. Ellas son la ley de tolerancia cero en el consumo de alcohol cuando se maneja, la que prohíbe el consumo de cigarrillos en los lugares públicos, la que obliga a incluir determinados ingredientes en ciertos alimentos, en fin.
En el ámbito opuesto, las propuestas que han intentado limitar los sueldos que reciben los ‘honorables’ han recibido fuertes críticas de los dirigentes de las organizaciones políticas del pacto ‘Nueva Mayoría’. El caso más emblemático ha sido la disparatada respuesta que el diputado Pepe Auth (PPD) dio a Giorgio Jackson (Revolución Democrática RD), que fue quien propuso la medida en conjunto con Gabriel Boric. Auth fue desautorizado y reprochado por su propia hija.
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