ASESINATOS Y GOBIERNOS
LA TRAGEDIA DE MÉXICO
Por Martín Poblete
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Hace poco menos de un mes, el 26 de septiembre pasado,
cuarenta y tres estudiantes de una escuela normal de profesores en el Estado de
Guerrero desaparecieron sin dejar rastro verificable, solo muchas presunciones
y sospechas, entre los sospechosos desde autoridades locales hasta oficiales del Ejército, las diversas policías y por cierto los
carteles del narcotráfico.
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El poder cohercitivo del Estado mexicano siempre ha operado
bajo sombras de dudas respecto de la integridad de sus autoridades y altos
oficiales, agravadas por la dispersión de las fuerzas y los cambios en sus
lealtades.
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Hacia fines de la fase propiamente revolucionaria entre 1914
y 1920, los asesinatos del Presidente Venustiano Carranza y del líder agrarista
Emiliano Zapata, y la muerte del General de milicias Francisco Villa en
circunstancias nunca debidamente aclaradas, dejaron grupos de hombres
armados sin lideres a quienes obedecer
ni seguir. El gobierno del General
Alvaro Obregón (1920-24) intentó restablecer disciplina en torno al ejército,
le sucedió el General Plutarco Elias Calles con similar empeño, pero el
asesinato del General Obregón y la Rebelión Cristera introdujeron factores
perturbadores sin solución inmediata.
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Los años de anarquía de 1928 a 1934, estuvo activo un movimiento de ultra
izquierda trotskista fundado por el General Rodolfo Mujica y el político
anarco-sindicalista Vicente Lombardo Toledano, terminaron con la elección
presidencial de 1934 ganada por el
General Lazaro Cárdenas; en su gobierno el esfuerzo iniciado por Alvaro
Obregón tuvo mejores resultados, estabilizando el Ejército, mejorando las policías
locales, y especialmente afianzando el rol de los Federales de México bajo la
autoridad del Presidente, estas tendencias se mantuvieron y mejoraron en el
gobierno del General Manuel Avila Camacho, el ultimo de los gobernantes
militares.
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La elección presidencial de 1946, con la victoria del
acaudalado hacendado y plantador veracruzano Miguel Alemán Valdès, marca el
comienzo de una larga serie de gobernantes
civiles provenientes de la elite civilista y oligárquica del PRI: Adolfo Ruiz Cortinez 1952-58), Adolfo Lopez
Mateos (1958-64), Gustavo Diaz Ordaz (1964-70), veinticuatro años de relativa
prosperidad y desarrollo modesto si bien sostenido; hubo mucho hablar en esos
años de la corrupción mejicana, en verdad el país no era mas ni menos corrupto
que los demás países latinoamericanos y caribeños.
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En la tradición del PRI, el Presidente Diaz Ordaz designo a quien lo sucedería, su Secretario
de Gobernación (ministro del interior en Chile)
Luis Echeverria Alvarez, un gobernante inepto cuya ineptitud abrió las
puertas a tres sucesivos regímenes encabezados por individuos llamados Jose
Lopez Portillo (1976-82), Miguel de la Madrid Hurtado (1982-88) y Carlos
Salinas de Gortari (1988-94); durante los dieciocho años de incumbencia de los
mentados sujetos, se produjo el asalto y saqueo masivo del tesoro público de México,
descapitalizando el país, desmoralizando
a los ciudadanos, dejando la institucionalidad mexicana debilitada para
enfrentar los desafíos de seguridad ciudadana y seguridad nacional venideros.
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Hacia fines del régimen de López Portillo, los carteles
colombianos de la droga empezaron a trabajar con organizaciones mexicanas y
centroamericanas, buscando diversificar sus vías de acceso a los Estados
Unidos; en la segunda mitad de la década
de los 1980, los mexicanos comienzan a
desplazar a los colombianos de México y parcialmente de Centroamérica.
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Ocupado en la negociación del acuerdo de
libre comercio NAFTA, Salinas de Gortari perdió de vista el surgimiento de
organizaciones criminales mexicanas
fuertemente armadas tendiendo redes operacionales bajo sus narices.
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Sin embargo, Salinas no fue el único negligente, los gobernadores americanos en los estados de
Arizona, New México, y Texas
especialmente en sus condados del suroeste,
perdieron el control de la frontera con México incapaces de impedir o al
menos restringir un creciente tráfico ilegal de armas, incluyendo armamento y
municiones de grueso calibre de características militares; por el lado mexicano
se desarrollaba una situación similar en los estados de Chihuahua, Coahuila y
Nuevo Laredo.
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La sucesión de Salinas tuvo rasgos traumáticos, un candidato
presidencial fue asesinado, otro amenazado, al final el dedazo remató en Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000),
una triste mediocridad en cuyo régimen los carteles mexicanos de la droga
plantearon su desafío directo al Estado, tratando de controlar territorio en
varios puntos a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, alzándose como jueces, parte y ejecutores de su propia
forma de ajusticiamientos.
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La victoria en la elección presidencial del año 2000 del
candidato del Partido Acción Nacional PAN, el acaudalado hacendado y hombre de
negocios Vicente Fox , puso fin a sesenta y seis años ininterrumpidos de
gobiernos del PRI; el Presidente Fox recibió una situación de seguridad
ciudadana y nacional en creciente deterioro, su política de privilegiar el
trabajo de las policías locales y de los Federales no tuvo buen resultado.
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En la elección presidencial de 2006, ganada por el candidato
del PAN, Felipe Calderon Hinojosa, compitió un candidato de izquierda fuera del
PRI, Andres Manuel Lopez Obrador, estuvo cerca. Durante el gobierno del Presidente Calderón,
se inicia la participación del Ejercito en operaciones propiamente policiales
dirigidas a destruir a los carteles mexicanos de narcotráfico, sin claros
resultados positivos, mientras los carteles mejicanos consolidaban sus
operaciones en Centroamérica particularmente Guatemala.
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En la elección de 2012, el PRI vuelve al poder con Enrique
Peña Nieto elegido por amplia mayoría;
el Presidente Peña Nieto ha visto deteriorarse aún más
la situación de seguridad ciudadana y nacional, ya no son solamente los estados
norteños fronterizos, el desafio de los carteles criminales al Estado se da en
todo el territorio de México como lo
evidencian el quiebre de la integridad y disciplina de las autoridades y
policías locales en Guerrero. No hay
salida fácil a este drama político y social, México es un país grande con más
de ciento veinte millones de habitantes, cualesquiera sean las vías de solución
tendrán implicancias directas para Centroamérica y el Caribe.
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AGREGADO DE LA REDACCIÓN CENTRAL:
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El fiscal general de México, Jesús Murillo, anunció hoy la
detención de cuatro presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que
confesaron haber participado en la desaparición de 43 estudiantes detenidos por
policías locales hace un mes en Iguala.
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"Son las primeras detenciones que se hacen de quienes
confesaron haber participado la noche del 26 de septiembre y la madrugada del
27 ya en la desaparición y destino de este amplio grupo de personas",
afirmó Murillo en un mensaje a los medios de comunicación en la capital
mexicana.
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Indicó que en este momento la Procuraduría General de la
República (PGR, fiscalía) busca "evidencias para corroborar el dicho de
los detenidos" en el lugar "en el que se plantea sucedieron los
hechos relacionados con la desaparición".
El funcionario dijo que dos de los detenidos hoy por agentes federales han confesado que "recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino".
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Los otros dos confesaron haber participado como vigilantes
del grupo criminal la noche de los hechos y "sus declaraciones son
coincidentes" con lo dicho por los primeros, apuntó.
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Los cuatro detenidos están rindiendo sus declaraciones en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada
"y, dado el sigilo que requiere la investigación, nos reservamos el nombre
de estas personas", agregó.
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Murillo señaló que estas personas se suman a los 52
detenidos previamente en relación con el caso, entre policías y funcionarios de
los municipios de Iguala y Cocula, así como integrantes de Guerrero Unidos,
incluyendo a su propio líder.
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Reiteró lo dicho en una conferencia de prensa la semana
pasada en cuanto a que ya están identificados los autores intelectuales, y
destacó que hoy ya tienen "a quienes operaron la desaparición de estos
jóvenes".
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El fiscal precisó que aún no está claro el paradero de los
desaparecidos, por lo que continúan las labores de búsqueda.
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Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre a manos
de policías de Iguala y el vecino municipio de Cocula tras un ataque a tiros
que dejó un saldo de seis muertos y 25 heridos.
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