APORTES ELECTORALES
CORROMPEN USANDO RECURSOS LIGADOS A LAS AFP
Por Ricardo Hormazábal (*)
CIPER nos informa que la venta de la AFP Cuprum a Principal
Financial Group en 2012 dejó al Grupo Penta con una gran cantidad de recursos
disponibles y cita a un ex director del Banco Penta reconociendo que el grupo
con tanto dinero ganado con la venta de la AFP, decidió realizar el máximo de
donaciones para las campañas políticas que venían.
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En mi opinión, este fue un esfuerzo para enfrentar la
derrota anunciada que experimentaría la derecha en esa ocasión y abonando el
terreno para frenar los tenues cambios que se esbozaban por la Nueva Mayoría.
Si bien los antecedentes publicados demuestran que más del 90 % de los recursos
se destinaron a la UDI, hay evidencias que involucran a algunos candidatos de
RN y también de la NM.
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No es mi objetivo ni mi función realizar el juzgamiento
penal de los actos claramente delictuales que se investigan por los órganos
competentes sino que quiero reiterar que estos datos son sólo una parte del
Iceberg negro que han construido los grupos económicos usando los recursos de
los trabajadores. Debemos tener presente que en 2003, un acuerdo entre Ricardo
Lagos y Pablo Longueira, permitió crear este engendro que destruye la
democracia, que le otorga un poder indebido a la derecha y erosiona las bases
éticas que deben regir en las actividades humanas, especialmente en las
políticas.
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Este concurso de voluntades permitió la creación de aportes
empresariales, declarados legales, descontables de impuestos, que pueden ser
públicos, reservados u anónimos, sin crear mecanismos especiales y apropiados
de control y dejó intocados los métodos conocidos por todos, claramente ilegales,
de pagar servicios o informes ficticios.
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En numerosos artículos publicados en diversos medios, especialmente en las dos ediciones de mi libro "El Gran
Engaño, 30 años de AFP", me referí a a trabajos de personeros de derecha que
reconocían la creciente dependencia de una parte de los políticos chilenos de
los aportes empresariales.
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Salvador Valdés, en la Tercera del 21 de enero del
2007 declaraba que las empresas financian el 31% de los gastos reconocidos.
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El 19 de mayo del 2013, El Mercurio informaba que el 2006
los aportes de las empresas a las candidaturas presidenciales alcanzaban al
26,4% el total de gastos y que el 2010 este porcentaje subió al 44,3%. En las
elecciones parlamentarias del 2009 este aporte fue del 58% en la elección de
Senadores y del 37% en Diputados.
El 6 de noviembre del 2011, CIPER denuncia
fundadamente a las empresas que hacen estos aportes y detalla los montos
millonarios que entregan. Pero esa destinación abusiva de recursos, es la parte
que legalizaron Lagos y Longueira, con el acuerdo de todos los partidos.
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Lo que ocurre con el caso Penta es que, agotadas las
fórmulas legales para traspasar recursos, recurrieron a acciones dolosas para
servir sus intereses. Queda pendiente la tarea para el caso Cascadas, La Polar
y más doscientas empresas, ya que hay antecedentes que hemos leído y ayudado a
difundir, que demuestran que es necesario investigar a fondo para poner fin a
una mancha inaceptable en la actividad política chilena. Este proceso de
sanidad pública es indispensable y debe realizarse con pleno respeto a la honra
de las personas y el debido proceso.
Espero que las Comisiones investigadoras no sean
neutralizadas por las amenazas de nombres que saldrán al baile o por promesas
de aportes futuros. Este es un test de fondo, ético y político para todos los
políticos chilenos. No debe generalizarse el triste papel el de líderes
políticos que van a reclamar por las filtraciones y nada dicen sobre las
toneladas de basura que contaminan la política.
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Si hubo buena fe en que esta contribución sería para
fortalecer la política, los resultados muestran lo contrario. Si se pensó que
el anonimato o reserva serviría para algo, una declaración de un diputado UDI
es muy pedagógica: "efectivamente estoy en conocimiento de que los dueños
de Penta aportaron por la vía del Servel a mi candidatura y lo hicieron a
través de Banmédica. Pero nunca supe cuánto dinero aportaron a mi campaña",
dijo el diputado José Antonio Kast.
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La ISAPRE BANMEDICA y las otras, así como las AFP han
invertido bien para sus intereses. A pesar de su fracaso, ahí están, abusando y
enriqueciéndose. Pero la conciencia sobre su fracaso se ha extendido y si
superamos ciertas rigideces sin fundamento y acrecentamos la unidad en torno a
propuestas serias y factibles eso cambiará. No de pronto, no de golpe, pero
cambiará.
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En los años 90 Alberto Espina, entonces diputado, declaró al
desaparecido Diario La Época, que la UDI se negaba al aporte público a la
política, porque la financiaban las empresas eléctricas, en esos años, de
propiedad del actual Presidente de la popular U. de Chile, justamente
denunciado por los abusos cometidos en las ventas de esas empresas. Pero
igualmente no se jugaron para cambiar la situación. El pinochetismo era muy
fuerte también en RN en esos años.
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Ahora es necesario terminar y prohibir la entrega de fondos
provenientes de las actividades empresariales en cualquier modalidad, con
sanciones reales, con cárcel efectiva, sin derecho a penas alternativas para
los involucrados, además de la pérdida del cargo para el que se hubiese sido
elegido y anulando la prescripción en estas materias, ya que se trata del
interés general comprometido. Así lo hemos planteado desde hace muchos años y
nos alegramos que haya sido recogido por diversas iniciativas de parlamentarios,
entre otras, por la Comisión senatorial que presidió el Senador Eugenio Tuma.
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Recientemente dos diputados han insistido en esta antigua
idea y esperamos que el escándalo provocado ayude a que el gobierno se
comprometa en una legislación apropiada y con urgencia. La actividad política
debe ser promovida , financiada y controlada por los órganos estatales
correspondientes , pero no solo abarcar las campañas, sino las funciones
educativas y técnicas que son las que permiten que los partidos políticos
puedan cumplir con su obligación de entregar respuestas fundadas a los desafíos
que enfrenta el país.
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Un corolario muy personal: Cuando regresé el sábado 11 a
Chile me conmovió la noticia que la casa de Andrés Velasco había sido allanada.
Francamente me molestó. Es hijo de Eugenio Velasco, un hombre admirable. Lo
conozco, pero no soy su amigo. Me encuentro en las antípodas de su posición
política liberal pero pensé en el hogar de tantos que sufrieron abusos ante su
mujer e hijos. Pero luego, al informarme mejor, constaté que Andrés Velasco
había formado una sociedad a través de la cual había recibido el dinero sucio
de Penta y que el domicilio social era el de su hogar. No contribuye a la
verdad que se desfigure la realidad. Si la ley indica que los antecedentes de
la sociedad deben estar disponibles en el domicilio de la sociedad, los
fiscales sólo han hecho cumplir la ley. La responsabilidad la tiene el que
convirtió su hogar en una sede de negocios y que se vinculó profesionalmente
por tres años a un grupo tan desprestigiado éticamente.
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Finalmente, considero inaceptable, ya se verá si es legal,
el que mi camarada Alberto Undurraga haya recibido recursos de esta gente para
una Fundación personal. Espero que mi partido pida conocer las actividades de
esa institución y el uso de esos recursos. Y lo mismo debería hacerse con cada
caso, pero especialmente cuando se vincule a militantes en estas acciones
turbias. Lo hago siendo consecuente.
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Cuando a mí me difamaron acusándome de una recepción
indebida de recursos de Codelco, autoricé a esa entidad para que entregara
todos los antecedentes necesarios y fui voluntariamente al Tribunal Supremo de
la DC, con los elementos relativos a la forma en que fui contratado, los
trabajos que hice para esa empresa y lo que efectivamente recibí en dos años de
trabajo. Puedo exhibir la resolución del TS que declara que no hubo nada
irregular, menos ilegal en ese tema.
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No me sentí disminuido, por el contrario. Sigo creyendo que
a pesar de mis conocidas y amplias imperfecciones, tengo calidad moral para
exigir consecuencia en este y otros temas.
(*) Abogado
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