ENERGÍA
DESHACER UNA INJUSTICIA
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Por Camilo Escalona
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El régimen democrático significa, cuando se establece o se
restablece después de haber sido quebrantado, el pleno ejercicio de las
libertades políticas, de los derechos sociales y de una amplia gama de avances
de carácter civilizacional que van evolucionando, ampliándose y elevando sus
exigencias culturales e institucionales, de manera de frenar los abusos y las
injusticias que se provocan en una sociedad con las enormes desigualdades y
asimetrías que marcan el rumbo del sistema de globalización y de las naciones
insertas en el mismo.
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Este proceso comienza con el respeto irrestricto a los
Derechos Humanos, cuya consagración universal es la mayor conquista de esta
época, pero no se detiene allí, debe extenderse y abarcar otras esferas
societales; de modo especial, es necesario limitar y dejar atrás las
injusticias e inequidades en la economía, en aquellas áreas productivas, de la
industria, el comercio o los servicios que estando bajo control monopólico
generan abusos que por su volumen e impacto social se vuelven enteramente
inaceptables.
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Es el caso del gas. En reciente estudio técnico conocido en
el país, se constatan flujos en los ingresos de los conglomerados del sector
sólo posibles por el uso de una posición de mercado privilegiada, por la
integración vertical y horizontal de las empresas controladoras y, finalmente,
se registran rentabilidades que superan indebidamente los límites puestos en su
momento por la normativa legal, generándose ganancias abusivas con un perjuicio
evidente a millones de familias que no pueden prescindir del gas en sus labores
domésticas.
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Es el resultado de un control monópolico que no tiene la
regulación que se requiere.
Ello se traduce en una pesada mochila en los hombros de los
hogares más débiles y en un fuerte lastre para el despliegue y desarrollo de
las iniciativas de inversión en el sector industrial, que para cualquier
proyecto deben hacerse cargo de costos de energía que en muchos casos son
inabordables.
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La tarea de diversificar el crecimiento económico se torna,
con este cuello de botella, una tarea casi utópica, mientras unos llegan a esta
carrera de short y zapatillas, otros lo hacen con una tenida similar a la de
las fuerzas especiales de carabineros, en caso de marcha en el centro de Santiago.
Como los que cuentan con el equipo apropiado son unos pocos, el país se retrasa
y aumenta la desigualdad.
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Representantes de estos consorcios han replicado a las
críticas que su sector cuenta con regulación y competencia. Esa no es una
respuesta seria ni real. Es imposible que los consumidores puedan escoger en su
casa entre tres o cuatro cañerías de gas para optar por aquella que les ofrezca
el precio más razonable.
Además, la intrincada red de interconexiones entre empresas
relacionadas ha creado una verdadera telaraña de intereses corporativos que
anulan la competencia, haciéndose uso de abundante publicidad, entre
opciones aparentemente diferentes cuando
en el hecho el controlador es el mismo.
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Los spots pueden ser con un perro o un gato, pero las utilidades
excesivas llegan a la misma oficina.
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En consecuencia, la regulación en este sector es un desafío
decisivo para el sistema político en su conjunto. Aquí no puede quedar ninguna
duda en el sentido que se va a legislar para el país y que todo lobby será
infructuoso. Esa sombra sería fatal.
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Se trata de apoyar la Agenda Energética, que se impulsa por
el gobierno, de modo que las regulaciones contrarresten eficazmente la red de
articulaciones que generan monopolio en este decisivo sector de la economía.
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Un nuevo impulso al crecimiento y el bienestar de los
hogares así lo necesitan.
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