KRADIARIO

11-03-2014-KRADIARIO-Nº888

NUEVA SERIE: EL CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL EN  CHILE

Piñera y la salud: balance preliminar

Por Hugo Latorre Fuenzalida

En la antigua China, y en parte de ella en la actualidad, la medicina era el ejercicio de conservación de la salud. Hoy, en Occidente, el ejercicio de la categoría central pasó a ser la enfermedad y no la  recuperación de la salud.

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Como es propio de una sociedad utilitarista, toda acción humana se transforma en potencial negocio, es decir una actividad de la que se puede extraer y obtener lucro. La enfermedad es una de esas actividades que propenden a ser atrapadas en este humano ejercicio del ganar.

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En un modelo de sociedad como la que se ha impuesto en Chile, todos los actores de la actividad humana tienden a ser incorporado al mercado, estableciéndolo como el gran intermediador, por tanto la salud es considerado un bien al que se accede sobre la base de ciertos costos, que deben ser solventados por las personas. La salud-enfermedad es una responsabilidad individual, por tanto cada cual debe hacerse responsable de sus costos.

No se reconoce la salud como un derecho sino como un bien que se adquiere en el mercado, como cualquier otro bien de intercambio.

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En la medicina moderna, desde que la ciencia tuvo acceso a la causalidad de las enfermedades y a las terapias respectivas,  la categoría explicativa y determinante vino a ser  la “enfermedad” y no la salud. Es decir que la “salud” moderna no se preocupa de mantener condiciones de preservación de la salud, pues está demasiado ocupada en el ejercicio de combatir  la enfermedad, luego que ésta se hace manifiesta en sus diversos grados.

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Por tanto, no es de extrañar que en Chile se observe -desde los años 70- niveles de inversión en salud muy baja, de parte del sector público. Más bien hubo una desinversión (hasta 1992) en el sector del orden del 9% sobre lo que existía hasta 1970.

Una parte de este atraso en la salud pública fue recuperado durante los gobiernos de la Concertación, pero esta recuperación se hizo más bien en equipamiento hospitalario y dotación de servicios periféricos, más que en la ampliación de la infraestructura de los grandes centros especializados.

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Perpetuación de la gran inequidad

El Plan Auge trató de anticipar una respuesta a la demanda y a resolver  el tema de las eternas colas por la prestación de servicios en el sector público, pero no se diseñó una estrategia destinada a proveer al sector público de los servicios adicionales necesarios, sobre todo de los laboratorios y de los especialistas requeridos con urgencia.

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De esta forma, fue el sector privado el que ha salido ganancioso en esta nueva modalidad, y en verdad la ampliación de horas camas del sector privado ha superado en varias veces las cifras que ha podido mostrar el sector público.

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El terremoto del 2010  desmejoró más aún la situación, dada la antigüedad de la infraestructura hospitalaria, la que resultó muy dañada.

La recuperación de camas del sector privado se hizo notar, siendo más de 1300 camas habilitadas por los privados, mientras apenas llegaban a 300 las del sector público, al transcurrir poco más de un año del terremoto.

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Los profesionales del área médica se han reunido para formar empresas prestadoras de servicios, dado la alta demanda y el gran déficit del sector público, que por más que necesite no ha ampliado la planta de especialistas contratados al ritmo que se requiere para equilibrar sus flujos.

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Esto podría hacer pensar que nuevamente se ha optado, como política de largo plazo, el transferir al sector privado la responsabilidad de prestador de servicios, y no el de dotar al sector público de las herramientas necesarias para cumplir sus desafíos, tal como se ha hecho en el caso de la educación, las carreteras, los laboratorios, la seguridad, y tantas otras funciones públicas  que antes cubría el gasto del Estado y que, hoy por hoy, se han convertido en coto de caza de los negocios privados.

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Las transferencias de recursos públicos en el sector salud, hacia el sector privado, por sistema AUGE, ha escalado desde $30.000 millones el año inaugural, a $70.000 millones el segundo año, $300.000 millones el tercer año y $500.000 millones el cuarto año.

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Con estos datos podemos abordar las cifras que dan los estudios de la OCDE, donde instalan a Chile, junto a México, como los dos países con menor gasto público en salud (3%), a lo que se suma el problema de los costos privados, pues el 70% de los gastos en salud lo realizan las familias mediante el pago de seguros privados (ISAPRES) o públicos (FONASA) (4%) la atención de los más pobres, lo que explica en parte la gran injusticia distributiva existente en el país. Con ese 3% del gasto público (donde se incluye la aportación de los afiliados a FONASA, que es aportación de las clases medias bajas), se debe atender al 80% de la población demandante, mientras que con el 4% del aporte de salud privada,  se atiende apenas entre el 15% a 20% de la demanda.

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Los hospitales concesionados

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Los hospitales se están construyendo bajo la modalidad de concesiones privadas, como las carreteras o las cárceles. Esto se hace para eludir los costos públicos de sostener un hospital, pero ya se ha demostrado que esto deriva a la privatización de las decisiones dentro del área funcional de ese hospital.

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Todos los servicios periféricos que garantizan la reposición del capital privado, deberán ser pagados (a costos que impone el capital): casino, alimentación, ambulancias, farmacias, estacionamiento, lavanderías, mantenimiento, aseo, esterilización, laboratorios, camas nivel 1-2 o 3, que serán adjudicadas según porcentaje de pago de los seguros, siendo la administración de los hospitales concesionados una mixtura entre el interés médico (manejo del paciente) y el financiero (definición de los costos), espacio en el que siempre gana el último factor, en perjuicio del primero.

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Porque la idea de los propulsores del modelo es que todo esté bajo la tutela de los seguros universales, pero que todo sea rentable, sin dejar espacios para  compensaciones solidarias de los mismos aportantes. Todo debe ir al saco infinito de los intereses de los inversionistas en el sector salud. Esa es la lógica y sobre ella se ha venido trabajando durante los últimos 40 años.

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Los beneficios que ha otorgado el presidente Piñera, como los 6 meses de posnatal o la eliminación del 7% de los jubilados, son avances dentro del mismo esquema del aseguramiento de los costos adicionales, con incrementos marginales del desembolso fiscal.

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La matriz del sistema es de los negocios y en eso se ha convertido la salud en Chile. Incluso el mayor gasto en salud, debe redundar en beneficios para los prestadores privados, cosa que se viene haciendo, como hemos podido ver,  sin tapujos.

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El gran problema futuro

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Como somos una sociedad que envejece a ritmo rápido y, además pasamos de un estado crónico de desnutrición a otro de malnutrición (obesos), tenemos garantizado un estado de salud deplorable para la gran mayoría de la población en el futuro cercano. Si a eso se le agrega el grado de angustia o estrés laboral por la subsistencia, en un sistema que alienta la competencia, extensos horarios laborales, inestabilidad e ingresos insuficientes, que promueve la ambición por el tener antes que el placer de vivir modestamente, tenemos todos los ingredientes para transformar a los chilenos en una bomba programada para explotar a su debido tiempo.

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Si a estos males agregamos la salud mental, veremos que nuestro país goza de la cualidad de ser uno de los mayores consumidores de medicamentos referidos a problemas mentales o del estrés.

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Tenemos uno de los gastos más insignificantes en salud mental y la dotación para atender estas patologías, casi no existen. Por lo demás, los seguros privados toman muy poco en serio estos males modernos y se niegan a reembolsar los costos demandados por estos servicios. Sólo el 2% del gasto en salud -se dice  que menos, en la realidad- se destina al área de la salud mental, pero la demanda viene creciendo a una velocidad galopante, sin embargo nadie se ocupa efectivamente del tema. La tasa de suicidio juvenil viene aumentando  a ritmo preocupante, uno de los crecimientos más altos de América Latina; pero también se incrementa la de los ancianos, lo que ya nos envía un mensaje sobre el abandono humano, social y afectivo de esta sociedad sustentada en el frío cálculo cuantitativo de los rendimientos acumulativos.  

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Las muertes por accidentes forman parte de una nueva plaga endémica en Chile. Se ha transformado en una de las primeras causas de mortalidad juvenil, pero nadie ha sido capaz de contabilizar los costos integrales de esta verdadera tragedia. 

En estas  muertes están involucrados muchos factores, dentro de los cuales están el alcoholismo de los jóvenes, las drogas, el ocio nocivo, las frustraciones personales y el abandono personal en que los dejan padres y educadores. Los jóvenes son otros simples consumidores y se les abren las puertas para que gocen el desenfreno mortal de sus inexperiencias, propio de toda vida mañanera.

Estos y muchos otros factores de patología y mortalidad pueden ser agrupados en la categoría de “CAUSALIDAD SOCIAL DE LA ENFERMEDAD”, que los paradigmas imperantes de la salud no toman en cuenta, y que son, con todo, los troncos explicativos de las más abundantes y costosas patologías modernas.

De las enfermedades infecciosas y carenciales, pasaremos a las enfermedades modernas o por exceso, que son patologías crónicas y de alto costo: cáncer, cardiopatías, diabetes, accidentes vasculares. Tendremos costos de salud de país desarrollado con presupuesto de país pobre, con lo cual seremos sorprendido, al igual que lo fue EE UU. cuando ideó el programa de salud con seguros públicos y ejecución privada. Los gastos de salud saltaron del 6% del PIB al 17% del PIB.

La diferencia es que ellos son ricos y nosotros sólo vivimos la esperanza del pobre, de llegar a serlo algún día.

¿Quién va a pagar esa cuenta?.......Ni siquiera en los EE UU saben cómo resolver ese acertijo, esa contradicción vital de su sistema social basado en los negocios.