Neutralidad y objetividad

Por Roberto Mejía Alarcón
Director de Crónica Viva de Lima, Perú

Es inaceptable, desde todo punto de vista, que haya quienes hagan uso de la violencia física y verbal para tratar de coartar el derecho a la libertad de información. Olvidan quienes recurren a la fuerza bruta, en cualquiera de sus formas, que el derecho a la información es un derecho universal, inviolable e inalterable, toda vez que tiene íntima relación con la naturaleza de la persona humana. La reflexión alcanza para más, considerando que se trata de proteger y defender un derecho activo y pasivo, ya que por una parte, toda persona tiene derecho a buscar la información y, por otra parte, a recibirla sin medias tintas.

Por eso, desde esta columna expresamos nuestra solidaridad, ajenos a toda coincidencia de fe y de razón, con quienes han sido objeto, en estos últimos días, de agravios y amenazas, que no se deben repetir, en tanto y en cuanto la libertad de expresión ya no se analiza en forma individual, sino colectiva y social y, por eso mismo, se exigen garantías para su ejercicio, tal y como es el derecho de la comunidad nacional a la información, sobre todo en circunstancias tan complejas como significa crear opinión pública en vísperas de un acto electoral, que merece ser transparente por donde se le mire.

Está claro que este clima de violencia física y verbal tiene antecedentes muy recientes, que es necesario tener en cuenta, como una forma honesta de contribuir al fortalecimiento de una democracia, que como la peruana todavía es frágil. Hace pocas semanas el gremio de la prensa se sintió afectado por las medidas adoptadas por algunos empresarios que, por razones políticas, despojaron del derecho al trabajo de periodistas en medios de prensa televisiva, radial y escrita en Lima, Puno, Cusco, Tacna y Arequipa, por el pecado de "humanizar" a uno de los candidatos. Lo ocurrido, dado los efectos sociales y económicos, nos dice que la violencia ya está instalada en perjuicio de derecho tan fundamental, como es el de informar con la mayor objetividad posible. Esos periodistas han sido víctimas de una medida represiva que no se debe aceptar ni repetir.

Sin embargo, la violencia tiene muchos rostros. Tal es el caso de lo sucedido con el ciudadano Jaime de Althaus y un grupo de reporteros radiales, a quienes se les pretendió silenciar, por el hecho de informar y opinar en sentido contrario a los atacantes. Tal como ha señalado la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, por ningún motivo se puede aceptar que se atente contra quien no coincide o discrepa de los puntos de vista de quienes están en otra corriente política. Esto también es condenable y nos debe llevar a una profunda meditación, porque existe el peligro, cualquiera que sea el gobierno que venga después de julio, de una anomia que nadie podrá controlar.

¿Pero, a dónde vamos a llegar con este ánimo volentista? A nada bueno, salvo que irresponsablemente se trate de revivir regímenes fascistas o totalitarios, durante los cuales la anhelada democracia seguiría siendo eso, una utopía, con el agregado que la regimentación de la prensa, en cualquiera de las dos circunstancias, serviría para acallar la voz ciudadana. Y eso sí es de suma gravedad. No es sugerente golpearse el pecho cuando los vientos corren en contra. Las bravatas están demás. Es preferible e inclusive dificil en situaciones como las que estamos afrontando, que se entienda que el derecho a la información es un derecho que se reclama para todos los ciudadanos, para que éstos no solamente accedan a todos los hechos de actualidad, bien se trate de acontecimientos en sí o de expresiones sobre juicios y opiniones.

Bien se sabe que no es democrático amenazar físicamente a los operadores de los medios de comunicación, porque éstos no coinciden con las opiniones de otros. Pero, al mismo tiempo, es repudiable manipular la información, restando a la misma la veracidad a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Esa es, sin duda, una forma de ataque verbal, de mal uso de la palabra, condenable, porque se incumple con el deber ético de presentar los hechos en forma inteligible, a cada quien, a falta de lo cual la libertad de convierte en el privilegio exclusivo de algunos.

Se ha debatido el tema hasta el cansancio en los más importantes foros. Por eso hoy en día, hay que aceptar como una práctica democrática que el derecho a la información, consiste en reconocer a los ciudadanos no solamente el derecho a recibir la información existente, sino además la aptitud jurídica de ser beneficiario de una información "efectiva" y conforme a lo que establece la propia noción de información "objetiva". Estos considerandos hay que tenerlos en la memoria, por cuanto la noción de información implica "la neutralidad" en todo lo concerniente a su finalidad y "la objetividad" en lo que respecta a su contenido.

Los enemigos de la libertad de expresión, posiblemente no entiendan lo dicho. Pero quienes trabajamos como periodistas, al mismo tiempo de responder racionalmente a los brutos, debemos de esforzarnos por hacer un periodismo a cabalidad, noble como tal, sin prestarnos a la pasión de nuestro espíritu ni a los intereses de quienes saben que tienen un poder enorme, ese que está sujeto a intereses ajenos al fin social de la prensa.