Solar es uno de los imputados por el caso Bombas y que estuvo ocho meses en la cárcel tras ser sindicado como un miembro de una asociación ilícita terrorista y vinculado a 29 bombazos que fueron investigados por el ex fiscal Alejandro Peña. Ahora rompió el silencio para acusar que durante el proceso judicial fue víctima de injusticias, engaños e incluso tenía en su celda a un cubano que ha sido presentado posteriormente en el juicio como “testigo protegido” por la Fiscalía Sur, lo que se ha convertido “en una prueba en mi contra”.
En conversación con el periódico The Clinic, Solar acusó que el ex fiscal Alejandro Peña, mientras dirigió la indagatoria en su contra y de otras 14 personas, le mandó un recado con quien entonces era su abogado, Héctor Salazar para que se declarara culpable de los bombazos en Santiago y así quedaría libre.
En la entrevista relata que a fines de enero, antes que el fiscal Peña se fuera a trabajar al Gobierno, le hizo el ofrecimiento para declararse culpable, con lo cual “yo quedaría libre de todos los cargos” y abandonaría también la cárcel.
Asimismo, Solar dice que otros de los imputados recibieron la misma oferta: "Rodolfo Retamales, Felipe Guerra y Vinicio Aguilera. Yo sé que el ofrecimiento era para todos. Era que nosotros ratificáramos todo el montaje de la fiscalía", sostuvo.
Consultado de cómo le parecía la actuación del Ministerio del Interior y el Ministerio Público en el caso, señaló que le parecía coherente con lo que después ocurrió. "Obviamente que aquí hay una colusión entre el ministerio del Interior y la fiscalía. La intromisión del gobierno es evidente y se confirma con la ida de Peña a trabajar a Interior".
Sobre qué es lo que espera al final del juicio oral que se desarrollará en los próximos meses en su contra, señaló que cree que saldrá sin condena alguna "O sea, lo de la asociación ilícita es algo que existe sólo en la cabeza del fiscal Peña. Al 80% de las personas no los conocía. Al único que conocía era a Pablo Morales y a Rodolfo Retamales menos, pero a los demás imputados nunca los había visto antes".
Solar relató cómo la propia fiscalía puso en su celda a un recluso cubano, quien luego resultó ser un "testigo protegido" que presentarían en su contra y quien durante el tiempo que estuvieron juntos presos intentó sacarle información sobre su vida personal y que ahora será utilizado como medio de prueba.
"Él saca conclusiones a partir de lo que le va declarando la fiscalía porque yo nunca jamás hablé con él del proceso. Decía que yo hablaba con su compañero de prisión Pablo Morales todos los días y claro, salía al patio y hablaba con él, pero los gendarmes están de testigos que yo hablaba cosas como 'pucha, cómo estai' y eso (sic). Entonces el tipo decía que yo recibía instrucciones de Morales y a partir de eso nos coordinábamos",
Krohne Archiv denunció otro caso en abril
El 27 de abril de 2011, Krohne Archiv fue tajante en un artículo analítico titulado ¿Siniestra vía para calificar de terroristas a quienes están lejos de serlo o estamos en un mundo equivocado?
Lo dijimos entonces y ahora repetimos algunas de sus partes para contribuir a la reflexión.
Dijimos: Parece que el gobierno en su afán de terminar con la criminalidad, que nos ha enrejado a todos, cae a veces en situaciones un poco "siniestras" a las que no estábamos acostumbrados o que ya habíamos olvidado en parte, tras conocerlas en los tiempos de la dictadura militar. Hechos que han llamado la atención en las últimas semanas están directamente vinculados al combate de la delincuencia o a acciones supuestamente ligadas al terrorismo, como se clasifica, por ejemplo, el bullado caso Bombas. Cuando conocemos la denuncia de un detenido que dice que funcionarios de la PDI habrían querido comprarlo para que sirviera de informante o denunciante, porque era necesario tener pruebas concretas para acusar a un grupo de 15 personas de terroristas, el comportamiento policial pierde substancia y deja mucho que desear.
No se trata de buscar a cualquier precio pruebas concretas para acusar a alguien o a un grupo de personas de cometer actos de terrorismo o de asociación ilícita, sino más bien habría que conocer con mucha claridad si dichas personas cometieron acciones terroristas reales, en las cuales existió una intencionalidad u objetivo terrorista y no se trate sólo de actos anarquistas como parece ser el caso que se está investigando actualmente en Santiago. Los 15 imputados, que ingresaron a la cárcel por haber colocado unas 20 bombas en distintos lugares de Santiago, cometieron efectivamente un delito grave pero estarían lejos de pertenecer a una banda terrorista con ramificaciones también en el exterior, como se dice.
Sin embargo, aunque el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quiso desviar el tema sobre el supuesto “denunciante a sueldo”, no lo consiguió porque en ningún caso demostró que la oferta denunciada por el ex Mapu Juan Linares Ulloa, de 37 años, no hubiese existido.
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